Seis claves en la Ley de Amnistía que quiere López Obrador

MÉXICO – El congreso mexicano decidirá en las próximas semanas sobre el futuro de miles de presos con base en una Ley de Amnistía que prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador desde su campaña, una propuesta que causó polémica entre las víctimas a quienes legisladores y partidarios buscan dar respuestas con seis claves.

 1. Es sólo para delitos no graves

“Los de no sangre”, dice AMLO Los legislares consideran delitos menores aquellos que no afectan el derecho a la vida o que tienen afectaciones económicas en lo individual como un fraude o robo a pequeña escala o un despojo. Los “graves”, en cambio, tienen un impacto negativo a nivel la social como homicidios, violaciones sexuales, secuestro o narcotráfico.

Los diputados y senadores tendrán en la Ley de Amnistía el reto de reclasificar crímenes y tomar en cuenta elementos como la intimidación (gente obligada a dilinquir como los narcomenudistas que quiere liberar AMLO) y evitar a futuro encarcelamientos injustos.

“El problema de fondo es que en México hay demasiados delitos que ameritan cárcel (graves)”, advirtió Viridiana Ríos, analista y profesora visitante de la Universidad de Harvard.

2. Es una iniciativa preferente

El ejecutivo federal está facultado para enviar al arranque de cada periodo de sesiones del congreso (dos al año), una iniciativa que los diputados y senadores deben de atender en un plazo máximo de 60 días naturales. Por tanto, se prevé que la Ley de Amnistía quedaría lista antes de fin de año.

3. Gente pobre, la principal beneficiada

Una investigación del Episcopado Mexicano (CEM) concluyó recientemente que hay más posibilidades de ser procesado y sentenciado por robar una mercancía de un supermercado que por la comisión de un delito fiscal. “Esto no quiere decir que los pobres comentan más robos, sino que los delitos se dan en todas las clases sociales, pero el sistema persigue más a los pobres”, precisó Simón Hernández, analista del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Según datos oficiales, el 72.% de los presos en el país tienen sólo educación básica (máximo la primaria), una condición que  no les permite tener ingresos altos para poder defenderse adecuadamente como ocurre frecuentemente con indígenas, mujeres y ancianos.

 4. Faltan abogados

Cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el Estado mexicano sólo cuenta con 3,239 abogados de oficio (que paga el Estado) para defender a un millón de casos cada año.

 “La sobrecarga de trabajo incide en la calidad de la defensa debido a que entre menos casos se atiendan mayor posibilidad hay de contar con un seguimiento cercano de las pruebas que se presentan con argumentos de descarga y otros factores que pueden ayudar a su desempeño”, advirtió Carlos Ríos, ex comisionado ejecutivo de Atención a Víctimas.

 5. El reconocimiento de presos políticos y delitos fabricados

El pasado 23 de mayo fueron liberados seis indígenas de la comunidad de Salazar que habían sido encarcelados en el Estado de México sin pruebas suficientes. El caso se usó como ejemplo en un discurso del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, para defender la urgencia de la Amnistía.

En abril pasado reconoció que el gobierno revisaba 538 casos de personas encarceladas en medio de polémicos enfrentamientos a políticos y funcionarios públicos, incluyendo gobernadores y presidentes municipales.

 6. Lo que no sigue a la Amnistía

Los críticos de la propuesta señalan que la inciativa carece de un trabajo paralelo contra la impunidad. Actualmente se resuelve sólo el 5% de los homicidios, por ejemplo, frente al promedio mucho más alto a  nivel continental de 24 sentencias por cada 100 casos; en Asia, son 48 sentencias y, en Europa, 80.