Argumentos del gobierno de Trump llevarían a 700,000 inmigrantes a la deportación

La audiencia del pasado martes en la que la Corte Suprema escuchó los argumentos en contra y a favor de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) oscureció el futuro en el país de sus alrededor de 700,000 beneficiarios y dejó divisiones casi irreconciliables.

Ya a estas alturas el triunfo parece estar del lado del gobierno del presidente Donald Trump que dice tener toda la autoridad para acabar con el programa. Trump y los suyos usan como argumento estrella que el presidente Barack Obama cometió una “ilegalidad” al sacar adelante en 2012 la medida que protegía de la deportación a estos inmigrantes que llegaron al país durante su infancia.

El presidente dice usar para echar abajo DACA la misma autoridad que empleó su antecesor para activar el programa. Y el máximo órgano judicial no ha cuestionado dicha competencia del ejecutivo. Ese alegato fue el que utilizó ante los magistrados el abogado presidencial Noel Francisco.

Francisco dijo, por un lado, que la administración quería terminar con una “política previa de no cumplimiento por la cual el Departamento (de Seguridad Nacional) acordó no hacer cumplir INA (Ley de inmigración) contra cientos de miles de extranjeros” indocumentados. El letrado añadió que hacer cumplir la ley o no depende de la “discrecionalidad del presidente” a no ser que algún estatuto de INA lo restrinja, y no es el caso.

El segundo argumento de la Casa Blanca fue el que sembró dudas y confusión. El abogado general aseguró poner fin a una política “de incumplimiento” ya que, según él, DACA impidió a DHS hacer su trabajo de deportar a cientos de miles de inmigrantes indocumentados. Añadió que esta acción diferida era temporal y que “se podía rescindir en cualquier momento”.

Los abogados que defienden DACA parten de los dictámenes de cortes inferiores y alegan que la cancelación del programa es una medida “arbitraria y caprichosa” de Trump.

¿Qué puede pasar ahora?

Una de las principales preguntas, según Univision, es si la Corte Suprema revisará el texto de la cancelación de Trump o si dará pleno respaldo a la discrecionalidad del presidente para cancelar un beneficio creado con la misma autoridad del ejecutivo.

La abogada de inmigración Lidia Velazquez dijo al citado medio que en la audiencia se habló de “intereses de confianza”, es decir, si los llamados dreamers dependen del programa para ejercer sus derechos. Además, los abogados defensores del programa también pusieron sobre la mesa “los beneficios que recibe el país gracias al aporte de estos jóvenes protegidos por DACA”.

El Tribunal Supremo no solo tendría que determinar si el programa es legal o no sino también si la decisión del presidente es justa o injusta. En cualquier caso, la decisión Suprema sentará precedente para otros casos de inmigración.

¿Hay esperanza?

Velazquez dice a Univision que en la audiencia se argumentó que DACA tenía que terminar porque era temporal, por dos años. Sin embargo, “ahora están diciendo […] que el presidente debe mirar más allá de su capacidad ejecutiva. […] Que La Opinionos intereses de ellos (los dreamers) deben tenerse en cuenta antes de tomar una decisión“. “Eso me da esperanza”, expone la abogada experta en estos temas.

“No quiero ser optimista”, añade Velazquez a su reflexión”. “Pero espero que esta decisión sea ajustada -continúa-. “No solo apegada a cuestiones legales sino que tenga en cuenta los aspectos sociales. Los dreamers dependen del fallo y el país los necesita”.

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