¿En qué beneficiaría a los pobres del Valle Central si la empresa de electricidad PG&E se hace pública? 

La página de TW de PG&E muestra mensajes al público donde pide paciencia, mientras arregla problemas con el cableado.

La página de TW de PG&E muestra mensajes al público donde pide paciencia, mientras arregla problemas con el cableado.  Crédito: TW - PG&E

En los últimos años los incendios en California han sido más intensos y destructivos. Y esta tendencia parece no solo que no se detendrá, sino que puede aumentar debido al cambio climático —veranos más largos y más calor, mayor sequedad ambiental y de los campos— y un factor humano muy importante: la empresa de electricidad PG&E (Pacific Gas & Electric) no ha tomado precauciones importantes y su tendido de líneas de alta tensión generaron parte de los desbastadores incendios que destruyeron miles de casas y dejaron decenas de víctimas.

La empresa eléctrica admitió su responsabilidad y enfrenta demandas millonarias que la podrían llevar a la bancarrota. Muchas personas han expresado su rechazo a la empresa quien prefiere repartir ganancias a sus inversionistas y pagarle más de $2 millones por año a su presidente en lugar establecer un sistema seguro de tendido de líneas eléctricas.

Para colmo, para evitar su responsabilidad en nuevos incendios, PG&E comenzó este verano a implementar una política de cortes de electricidad en áreas de peligro de incendios donde los fuertes vientos cortan los cables que al caer sobre el pasto seco o material inflamable inicia incendios que luego se propagan por comunidades dejando la destrucción a su paso.

Estos cortes preventivos afectaron este verano a millones de personas del norte y centro de California y a veces durante varios días; momentos después, la empresa anunció que esta será su política preventiva hasta que pueda ponerse al día con medidas de seguridad, algo que podría llevar hasta 10 años.

La mortal negligencia PG&E ha enfurecido a miles de consumidores y residentes del estado, especialmente de las zonas afectadas por incendios.

Entonces es cuando más fuerte empezaron a escucharse las voces que piden la intervención de la empresa y su transformación en entidad pública. Lo que se busca es que en lugar de buscar beneficios económicos para distribuir entre pocas manos, dedique sus recursos para el bien de la sociedad, no solamente proveyendo electricidad sino acelerando el proceso de utilización de fuentes naturales de energía, como solar y de viento.

El diputado Rohit Khanna (D-distrito 17), es una de estas voces. Él ha expresado su apoyo a la campaña del senador Bernie Sanders para presidente en el 2020, y también manifestó su apoyo al proyecto Green New Deal de Sanders por medio del cual se propone precisamente la creación de empresas eléctricas de carácter público con fuentes naturales de energía.

“La ganancia como motivo no funciona”, comentó Khanna recientemente al Huffington Post. “La empresa pública es un mejor proyecto porque no tienes que preocuparte en ganar más para pagarle a tus inversionistas sino dedicar tus refuerzos en medidas de seguridad”.

Mientras tanto, el gobernador de Maine, la demócrata Janet Mills, aprobó una ley en julio por la cual se empezaron estudios para crear empresas eléctricas públicas para reemplazar las que actualmente son privadas.

Reportes de prensa indican que en ciudades como Chicago y Nueva York existe un creciente interés de la ciudadanía por crear empresas locales de electricidad; estas controladas por los municipios y sin intereses privados.

En esta discusión poco participan los sectores sociales de bajos ingresos. Incluso PG&E ha recibido duras críticas por no anunciar debidamente los cortes de electricidad a las comunidades de color e inmigrante, afectando a personas de la tercera edad y enfermos que dependen de la electricidad para usar equipo médico vital. Estas comunidades no pueden darse el lujo de comprar generadores de electricidad para enfrentar los cortes.

Si efectivamente PG&E no informó adecuadamente a estas comunidades debería ser denunciada penalmente ya que puede poner el riesgo la vida de personas enfermas.

¿Si la empresa pasa a ser pública, se solucionaría esta indiferencia hacia los menos privilegiados?

El cambio de actitud en este sentido no se puede garantizar, al menos en un corto período de tiempo, pero si se implementan audiencias públicas y voceros en diferentes idiomas, es casi seguro que la empresa pública sabrá escuchar las diferentes voces de las comunidades.

Un aspecto muy importante en el proceso de generación de electricidad es considerar las fuentes. Actualmente, debido al cambio climático que está impactando fuertemente a nuestro planeta, es imperativo que la electricidad sea “limpia”, es decir, se origine por el sol y el viento en lugar de petróleo y carbón —este último mineral ya es poco usado.

PG&E asegura que en 2016 generaba el 21% de la electricidad de manera “limpia” y 17% con uso de gas. Sin embargo, el diputado Khanna pone como ejemplo a la empresa pública Silicon Valley Power, controlada por la ciudad de Santa Clara, que este año generó casi el 50% de electricidad de manera “limpia”.

Si esta tendencia se fortalece y PG&E no puede cumplir con los acuerdos para compensar a las víctimas de sus errores, mientras reparte sus decaídos ingresos a sus inversionistas, no sorprendería que el estado se haga cargo de la empresa —algo que al gobernador Newsom no parece entusiasmarle de manera especial.

De ser así, la voz de la comunidad sería por fin escuchada.

Al no haber necesidad de lucro para repartir entre algunos inversionistas, la empresa podrá dedicar sus ingresos en la seguridad de sus líneas de alta tensión, asegurando así una mayor seguridad para los residentes con menor riesgo de incendios. Una empresa pública también aceleraría sus fuentes de energía “limpia” y hasta podría reducir el pago de sus servicios.

Las comunidades de bajos ingresos, entre ellas muchos inmigrantes, no tienen nada que perder con este cambio, pero si mucho que ganar.

Es hora de hacernos escuchar.

Esta historia es parte de una serie de artículos sobre la desigualdad económica en California que se está realizando con el auspicio de la fundación James Irvine.

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