Vivir en la calle no es una opción voluntaria.
Los desamparados llegan a esa situación por varias razones, entre ellas la falta de ingresos económicos o salud mental. Solamente en Fresno, la ciudad más grande del Valle de San Joaquín, hay 2,131 desamparados ?según la organización Fresno Madera Continuum (
http://www.fresnomaderahomeless.org/).
Aunque una visita a los principales lugares de concentración de desamparados ponen a esa cifra en dudas. La población de personas sin hogar ha crecido de manera alarmante en esta ciudad, sede del condado más rico en productos agrícolas del país.
Lo que llama la atención es que las autoridades hablan de buscar soluciones mientras aprueban resoluciones condenando a los desamparados por su condición y dedicando parte de la fuerza policial a ejecutar esas políticas.
“Esta situación no es a causa de una crisis de vivienda sino una crisis de criminalidad y de salud mental”, dijo recientemente el conservador Concejal Gary Bredefeld (Distrito 6) a un medio de prensa.
Su voto contribuyó a que la ciudad aprobara una resolución por medio de la cual se limita el tiempo en que un desamparado puede estar en un determinado lugar, obligando a esta población a un constante migrar por calles y barrios de Fresno, lo que hace más difícil contar y atender a los desamparados, incluyendo su acceso a baños y comedores.
El gobierno estatal busca solucionar el grave problema de la vivienda poniendo límites al aumento de las rentas, pero numerosos artículos y declaraciones de simpatizantes de los derechos de esta población exponen los límites de estas leyes.
Por ejemplo, prácticamente no existen habitaciones suficientes para recibir a tantos desamparados y en algunos casos los albergues temporales ponen muchas condiciones que los potenciales beneficiarios no pueden cumplir —por ejemplo, estar sobrios cuando tienen una larga historia de adicciones a las drogas y el alcohol.
La marginación y criminalización de los desamparados en Fresno es parte de la historia de una ciudad gobernada históricamente por politicos conservadores y poco interesados en buscar soluciones a largo plazo. Y esta historia se repite en la mayoría de las ciudades y condados del Valle.
Un ejemplo del desprecio de estos dirigentes por el bienestar de la población es el reciente fracaso de la “Medida P”.
Esta medida fue puesta a la decisión de los votantes en noviembre 2018. Aunque fue aprobada por el 52% del electorado no pudo implementarse pues se requiere en 2/3 (ó 66.67%) de los votos para su implementación.
La Medida P simplemente proponía un impuesto de 3/8 centavos por dólar a las ventas durante 30 años para la creación de nuevos parques, mantenimiento y reacondicionamiento de los existentes, implementación de programas recreativos y artísticos para jóvenes.
Los principales opositores a esta medida fueron las empresas constructoras —los “developers”— y políticos conservadores, entre ellos el ex jefe de policía de Fresno, Jerry Dyer, hoy principal candidato a la alcaldía de la ciudad.
La excusa para dicha oposición, según dijo Dyer a varios medios de prensa durante la campaña electoral de 2018, es que más parques atentan contra la seguridad y que el Departamento de Policía tendría que contratar más agentes para cuidar a los visitantes.
El mismo argumento lo repetía el empresario constructor Darius Assemi, dueño de la empresa Granville Homes, quien fue además el principal donante para la campaña opositora a la Medida P.
Desde hace varios años, Fresno cobra $5 dólares la entrada de vehículos a los parques sin que ese dinero haya contribuido significativamente a un mejor mantenimiento de los parques.
Para muchos activistas, ese pago limita el acceso a las personas de bajos ingresos. La Medida P fue un intento de construir parques en zonas menos privilegiadas de la ciudad, habitada principalmente por personas de color y de bajos ingresos —en el sur de la ciudad.
Fresno tiene, como muchas ciudades del país, una conocida historia de discriminación en la vivienda, por medio de la cual se establecieron barrios “al otro lado de las vías del tren” para las personas de bajos ingresos, mientras las clases medias y altas se posesionaron al norte de la ciudad.
En la actualidad, esta situación se mantiene igual. La única diferencia es que la linea divisoria ya no son las vías del tren sino la popular avenida Shaw, que corta la ciudad de Este a Oeste.
Pero inclusive el más prominente norte de Fresno es ya lugar de campamentos de desamparados, un recordatorio de la dura existencia de la pobreza y de las politicas autoritarias de una ciudad dividida y controlada por dirigentes conservadores que repiten conocidas fórmulas que no ofrecen soluciones serias.
Y si se necesita un ejemplo, hay que recordar que hace apenas menos un año, en marzo 2019, un concejal de Fresno, Steve Brandau, hoy Supervisor del Condado de Fresno, propuso una resolución penalizando a quienes donaran dinero a los desamparados que piden limosnas en las esquinas de la ciudad.
La fuerte oposición de dos Concejales latinos, Esmeralda Soria y Miguel Arias, contribuyó a que la Ciudad no aprobara dicha resolución, que incluso fue criticada por medios de prensa y dirigentes conservadores como “no compasiva”.
La compasión no puede ser el termómetro de lo que es justo o no en una ciudad, sino no el diálogo abierto e inteligente, buscando soluciones apropiadas para problemas tan graves como la pobreza y la falta de vivienda.
