California busca acabar con el abuso de fianzas para inmigrantes

El líder de la mayoría en el Senado de California, el senador demócrata de Van Nuys, Bob Hertzberg, anunció un proyecto de ley, el Acta de Protección al Consumidor en Fianzas de Migración, el cual busca proteger a los inmigrantes contra el abusivo sistema de fianzas al que se ven obligados a recurrir para salir de la detención.

“Lo que estas compañías de fianzas hacen es endeudar a las familias de por vida. ¡Es increíble!”, dice Hertzberg. “Lo que esta iniciativa de ley, la SB 960,  hará es darles protecciones básicas a las inmigrantes. Las mismas que se le da a cualquier consumidor”.

Actualmente los inmigrantes detenidos se ven obligados a firmar contratos complejos e injustos con afianzadoras comerciales en uno de los momentos más estresantes de sus vidas, cuando su libertad o la de un ser querido está en juego, y no tienen representación legal.

Lo que esta medida haría al ser convertida en ley es obligar a las compañías de fianzas migratorias a ofrecer un contrato en español o el idioma del inmigrante, la posibilidad de salirse del contrato los primeros tres días, y cualquier otra protección que en California se ofrezca a quienes piden un préstamo cómo un desalojo de vivienda, auto o cualquier otro bien para recuperar el monto adeudado.

El proyecto de ley fue presentado en las instalaciones de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA).

Angélica Salas, directora de CHIRLA, dice que los inmigrantes en detención enfrentan muchos desafíos. “En este proceso, se encuentran con inescrupulosas compañías de fianzas migratorias que toman ventaja de ellos en el momento más vulnerable de sus vidas”.

Al igual que las autoridades de migración, explica que esta industria piensa que no hay reglas para ellos, y repetidamente han evitado regulaciones bajo las leyes de protección al consumidor.

“Esta medida va a corregir un enorme error, porque va a asegurar que la ley se aplique para esta industria, y que los contratos estén en español”, dijo Salas.

Y agrega que las familias inmigrantes que pelean su deportación tienen demasiadas preocupaciones como para además enfrentar las prácticas depredadoras de compañías que no respetan las leyes de protección al consumidor.

“Este año vamos a acabar con esos abusos, y asegurar que los inmigrantes tengan las protecciones que necesitan en una situación tan difícil como es la deportación”, afirma.

Diego Cartagena, presidente y director de la organización Bet Zedek observa que las compañías de fianzas han operado en las sombras y con muy pocas regulaciones. “Muchas de estas familias de inmigrantes detenidos no tiene un abogado, y los contratos de las afianzadoras son en inglés, y no los pueden leer porque no entienden”.

“Esta propuesta de ley asegurará que las leyes de protección al consumidor se apliquen”, enfatiza Cartagena.

Karla Navarrete, abogada de CHIRLA, explica que muchos de los inmigrantes a quienes se les concede una fianza, ya han estado detenidos por mucho tiempo.

“Finalmente cuando se les otorga una fianza, tienen – por ejemplo –  que pagar 20,000 dólares. La familia puede juntar 5,000 dólares, y piden prestado 15,000 dólares a una compañía de fianzas”, explica Navarrete. “Aparte de ese dinero, deben pagar como 400 dólares cada mes por el brazalete electrónico de seguimiento GPS que les pone la compañía afianzadora para que supuestamente no vayan a huir”.

Navarrete subrayó que esto pone a la comunidad en una situación muy difícil porque si no pagan la fianza, los pueden deportar más rápido.

“Por eso las familias se apuran a contactar a estas compañías de fianzas porque la alternativa es la deportación”, inidca. “Y lo que sucede es que ganen o pierdan la fianza, la compañía recuperar el dinero de la fianza, y el inmigrante no puede reclamar nada”.