Greyhound dice que por “ley federal” permite que agentes de ICE suban a sus autobuses, pero un memorando contradice esa postura

La compañía ha dicho por mucho tiempo que no tiene alternativa más que permitir los controles migratorios

Autobuses Greyhound.
Autobuses Greyhound.
Foto: Greyhound / Cortesía

TEXAS – Un memorando de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza contradice a Greyhound, compañía que tiene una enorme presencia en Texas, sobre los controles de inmigración que se realizan en sus autobuses.

Según un reporte, el memorando de la agencia confirma que las compañías de autobuses no están obligadas a permitir el acceso de los agentes de la Patrulla Fronteriza a sus vehículos.

La información contradice los argumentos de Greyhound, la compañía más grande de autobuses en los Estados Unidos, que por mucho tiempo ha dicho que no tiene alternativa más que permitir que se realicen los controles migratorios.

Los autobuses de Greyhound viajan a diferentes partes de la zona fronteriza de Texas y otros estados.

La compañía ha sostenido en el pasado que no aprueba que los agentes se suban a sus unidades, pero que cede porque la “ley federal lo exige”.

El reporte de The Associated Press indica que se le presentó el memorando a Greyhound, pero la compañía declinó comentar sobre el tema y no indicó si cambiarán el procedimiento.

Grupos de activistas que luchan por los derechos de los inmigrantes han criticado la práctica de Greyhound de permitir las revisiones en sus autobuses “a menos de 99 millas de la frontera o costa internacional”.

El argumento de los activistas es que Greyhound viola las leyes de protección al consumidor al permitir el ingreso de los agentes. En California, Greyhound enfrenta una demanda por la supuesta violación de dicha ley.

Hay compañías de autobuses en diferentes estados que no permiten que los agentes aborden sus autobuses.

Activistas han argumentado que la Cuarta Enmienda de la Constitución impide que los agentes aborden los autobuses e interroguen a los pasajeros “sin una orden judicial o sin el consentimiento de la compañía”.