Coronavirus: Presionan por cumplimiento de orden judicial que libera detenidos en Adelanto

Decenas de automóviles llevaron a cabo una caravana desde Los Ángeles hacia el Centro de Detención de  la ciudad de Adelanto en el condado de San Bernardino, para presionar por la liberación de inmigrantes detenidos con condiciones médicas preexistentes, cuya salud corre un gran riesgo ante la epidemia del coronavirus.

La caravana de autos se dio un día después, de que un juez federal en Los Ángeles, ordenara que el número de detenidos en Adelanto, sea reducido a un nivel que permita mantener la distancia social de seis pies en todo momento y en todos los lugares, incluyendo durante el tiempo que duermen, comen, se bañan y realizan sus actividades diarias.

Al mismo tiempo, esta semana, comenzó el debate en el Concejo de la ciudad de Adelanto para decidir si se amplían las instalaciones del Centro de Detención; mientras que varios inmigrantes detenidos se mantienen en huelga de hambre para exigir su liberación y protecciones a su salud, en medio de la pandemia.

Compasión y humanidad

El pastor Guillermo Torres de la organización Clérigos y Laicos Unidos por la Justicia Económica (CLUE), quien participó en la caravana automovilística, dijo que varias organizaciones pro derechos de los inmigrantes y líderes de fe, se unieron para pedir al Departamento de Seguridad Nacional que libere a los inmigrantes más vulnerables; y a las autoridades locales, les exigieron que paren la ampliación de las instalaciones del Centro de Detención de Adelanto.

“Los detenidos enfrentan un grave peligro a causa del coronavirus. Muchos han comenzado huelgas de hambre para ser puestos en libertad. Su miedo es aún mayor porque Adelanto tiene un historial de deficiencias médicas”, dijo el pastor.

Mencionó que muchos abogados han presentado peticiones de emergencia para que sus clientes con problemas de salud sean liberados, especialmente aquellos que son mayores de edad, y los solicitantes de asilo que han escapado de condiciones de riesgo en sus países.

“Esperamos ampliar las voces, y apelamos al sentido de humanidad y compasión de los oficiales del Servicio de Migración y Aduanas (ICE) para liberarlos”, señaló.

Votación pospuesta

Al mismo tiempo, la compañía privada GEO que administra el Centro de Detención de Adelanto, busca el permiso de la Ciudad de Adelanto para ampliar sus instalaciones por 750 camas más. La votación fue suspendida esta semana por la falta de quórum, pero se reprogramó para alrededor del 13 de mayo.

Apenas en enero pasado, entró en vigor una ley en California para acabar con las cárceles privadas en California, pero unos días antes, ICE firmó contratos por 15 años para mantener abierto el Centro de Adelanto.

Mandato judicial

Por otra parte, el juez Terry J. Hatter Jr. ordenó disminuir la población en Adelanto a la luz de la epidemia del coronavirus. Esto en respuesta a una petición hecha el 14 de abril, por la Fundación de la Unión Americana de Libertades Civiles del Sur de California y la firma legal Latham & Watkins LLP. En las acciones emprendidas ACLU SoCal establece que los expertos médicos han concluido que los centros de detención de inmigrantes como Adelanto son un potencial barril de pólvora para el COVID-19.

“Mantener a la gente en detención civil migratoria en medio de la pandemia del COVID-19, sin tomar los pasos para protegerlos de la infección de un virus mortal, fue encontrado por la corte como inconsistente con los estándares contemporáneos de la decencia humana”, dijo la abogada de ACLU SoCal, Jessica Bansal.

“Nos sentimos aliviados de que los detenidos en Adelanto, recibirán las protecciones de vida y salud que cada ser humano merece”, añadió la defensora.

El juez ordenó que el ICE debe reducir la población de tres maneras:

• Liberarlos con o sin condiciones.
• Deportar a aquellos detenidos que tienen órdenes finales de deportación, y han agotado todas las apelaciones.
• Transferir a detenidos seleccionados a otras instalaciones donde puedan mantener la distancia social.

Sin dar números de cuántos debían ser liberados o transferidos, el juez ordenó que la reducción de la población debe comenzar el 27 de abril y terminar el 4 de mayo. Actualmente Adelanto tiene 1,300 detenidos.

Huelga de hambre

Juan José Gutiérrez, líder de la Coalición Derechos Plenos para Inmigrantes, dijo que pese a la orden del juez, las autoridades de migración van a hacer todo lo posible, por no liberar a nadie, porque para GEO, la compañía privada que administra la cárcel de Adelanto, cada inmigrante representa una ganancia. “Ellos no están dispuestos a perder esa inversión. Así que van a dar la batalla legal para no soltar a los inmigrantes ordenados por un juez”.

Francisco Zúñiga, un chileno detenido en Adelanto, quien mantiene una huelga de hambre por la liberación de los inmigrantes, dijo que el viernes 24 de abril, cuando se llevaba a cabo la caravana, no los dejaron salir a los patios para que no escucharan las voces de protesta.

“Pero eso no nos afectó. La moral nos subió mucho a partir de que no enteramos de la orden del juez, aún cuando no sabemos cuántos serán liberados”, dijo Francisco a quien ya le avisaron que será deportado a Chile, el 4 de mayo.

“Estoy muy contento de irme y reunirme con mi familia, después de tanto meses de tortura emocional. Lamento no poder quedarme en este país para hacer una demanda contra todo el maltrato sufrido. Estos meses de detención, nadie me los va a devolver”.

Marcelo Guzmán, un inmigrante chileno, quien el año pasado escapó de Chile después del estallido social en ese país, y lleva 20 día de ayuno, dijo sentirse desesperado y preocupado ya que le han fijado una fianza de 25,000 dólares para salir libre, una suma imposible de reunir.

Sin embargo, mantiene una luz de esperanza de que el mandato judicial, le permita recuperar su libertad tras más de cinco meses de encierro en Adelanto.