Corte de Apelaciones falla contra el pedido de terminar antes el Censo

El tribunal se negó a desestimar un fallo anterior y consideró que el Censo debe continuar durante octubre

Corte de Apelaciones falla contra el pedido de terminar antes el Censo
Qué sigue después del Censo 2020 / Foto: Getty.
Foto: Getty Images / Getty Images

El gobierno del presidente Donald Trump ha perdido este miércoles nuevamente en su intención de terminar el conteo del Censo 2020 en los próximos días y bloquear la orden de una jueza federal de extenderlo hasta finales de octubre.

Un panel de tres jueces de la Corte del Noveno Circuito de Apelaciones ha denegado hoy una solicitud del gobierno de bloquear temporalmente la orden de un tribunal inferior que extendió el conteo hasta el 31 de octubre.

La decisión se dio en respuesta a una solicitud del Gobierno para bloquear el fallo temporal de la jueza federal Lucy Koh, del distrito norte de California, que ordenó proseguir con el conteo y culminarlo en la fecha originalmente establecida antes de que comenzara la pandemia de coronavirus.

En julio pasado la Administración Trump ordenó que se aceleraran todos los esfuerzos de conteo para finalizar el 30 de septiembre, un mes antes de lo planeado por la Oficina del Censo, argumentando que la pandemia no le permitiría cumplir con la ley federal que ordena entregar para fines de año el primer conjunto de datos a la Casa Blanca.

El nuevo golpe legal para la Administración promete enfrascarla en una batalla en la corte, ya que la Oficina del Censo dijo en su cuenta de Twitter que extendía las labores de conteo solo hasta el 5 de octubre.

En el fallo de hoy los magistrados del Noveno Circuito Johnnie Rawlinson y Morgan Christen dijeron que “dada la extraordinaria importancia del censo, es imperativo que la Oficina realice el censo de manera que sea más probable que produzca un informe viable en el que el público pueda tener confianza”, según revela un reporte de National Public Radio (NPR).

“Los cambios precipitados e inexplicables a las operaciones de la Oficina contenidos en el nuevo plan, creado en solo 4 a 5 días, corren el riesgo de socavar la misión de la Oficina”, agregaron.

Los demandantes, grupos de derechos civiles y gobiernos locales, alegaron que el cronograma reducido no contabilizaría a residentes de las comunidades minoritarias y difíciles de contar, como los latinos, indocumentados y miembros de otras minorías.

En su decisión, la jueza Koh dijo que las inexactitudes producidas por el recorte de 30 días afectarían la distribución de los fondos federales y la representación política.

En una audiencia sobre el litigio este martes, Koh consideró que el nuevo calendario del 5 de octubre para culminar el conteo es “una violación” al mandato judicial que ella impuso.

La magistrada examinó múltiples correos electrónicos internos y otros documentos que la Administración debía entregar para la demanda.

“Estos hechos muestran no solo que la Oficina no pudo cumplir con la fecha límite legal, sino también que la Oficina había recibido presión del Departamento de Comercio para que dejara de buscar una extensión de la fecha límite”, escribió la jueza en la orden, citada por NPR.

Una nueva audiencia para este viernes, 2 de octubre, fue pautada en el caso que lleva Koh.

Esta es la tercera derrota parcial del Gobierno este mes con respecto al Censo. El pasado 10 de septiembre una corte federal de Nueva York dictaminó que la orden del presidente Trump por la cual se excluía a los inmigrantes indocumentados del censo para distribución de distritos congresionales es ilegal.

El fallo prohíbe al Departamento de Comercio del país facilitar cualquier tipo de información sobre los inmigrantes indocumentados en su censo que podría ser utilizada para implementar la directiva del presidente.

El Gobierno también apeló esta decisión ante la Corte Suprema y le pidió al alto tribunal que apure su decisión.

El censo se realiza en Estados Unidos cada 10 años por mandato constitucional, y el propósito de contar a todas las personas presentes en el país es la asignación de representación de los estados en el Congreso y el Colegio Electoral, y de miles de millones de dólares para programas de infraestructura, hospitales, escuelas y asistencia social.