Hasta ahora estos son los resultados de las propuestas de ley votadas en California

Muchas de las propuestas que plantean cambios y reformas en ámbitos sociales y económico aún están por decidirse

Voto general en el gimnasio del Parque Ruben Salazar del este de Los Angeles. (Jorge Macías)

Voto general en el gimnasio del Parque Ruben Salazar del este de Los Angeles. (Jorge Macías) Crédito: Jorge Macías | Impremedia

En California no solo estaba en juego la elección del presidente, también había que decir sobre acerca de otros 12 cambios y propuestas que tenían repercusión social, laboral y económica.

Después de haber contabilizado millones de votos algunas de las propuestas aun no se definen y así están los resultados del estado dorado hasta esta mañana:

La aprobación o rechazo de la Proposición 14 aún no está definida. La propuesta busca innovación en el ámbito médico y hará una multimillonaria inversión de 5,5 mil millones de dólares destinados a la investigación médica de células madres y otras terapias para trastornos como Alzheimer, Parkinson, epilepsia, entre otros.

Del mismo modo, la Proposición 15 que busca un reforma de la Proposición 13 de 1978 (que establecía el calculo de impuesto en valor de compra del inmueble y no en el valor actual del mercado) tampoco tiene un ganador claro. La aprobación haría que las propiedades inmobiliarias con fines comerciales que tengan un valor mayor de $3 millones de dólares deben declarar impuestos con base a su valor de mercado actual y no el de compra.

Por su parte, la Proposición 16 tampoco cuenta con una tendencia irreversible y aún está por definirse. De aprobarse volvería la Acción Afirmativa poniendo fin a un restricción que impide su uso de 1996. La Acción Afirmativa hará que las universidades públicas y los empleadores del sector público tomen en cuenta el sexo y la raza de las minorías durante los procesos de selección y admisión.

La Proposición 17 que regresaba el derecho a votar de los convictos que están bajo libertad condicional, recibió el apoyo de los votantes y fue aprobada. Con la propuesta se impulsa un cambio en la constitución del estado que exigía que un convicto cumpliera su tiempo de encarcelamiento y su tiempo de libertad condicional antes de poder volver a votar. 

Por su parte parte, la Proposición 18 también también sigue bajo pelea por definir su aprobación o rechazo. Con propuesta los jóvenes que tengan 17 años y que llegarán a los 18 antes de una elección general, podrán votar en las primarias y otras elecciones especiales que se den antes de las generales.

Otra batalla sin ganador definitivo es la Proposición 19, que cambia las reglas de impuestos para algunas propiedades residenciales de California.

Por su parte la Proposición 20 fue rechazada. La propuesta buscaba la rectificación de algunos delitos penales y una expansión de las políticas de recolección de muestras de ADN de forma obligatoria.

La Proposición 21 también fue rechazada por los californianos. En ella se buscaba crear un sistema de control de renta más estricto y que abarcara todo tipo de residencias, incluyendo casas unifamiliares y townhouses.

La Proposición 22 recibió el apoyo de los votantes y fue aprobada permitiendo que empresas Uber, Lyft, DoorDash, InstaCar, entre otras, sigan calificando a sus conductores como contratistas independientes a pesar de lo que manda la ley del estado es diferente.

Por su parte, la Proposición 23 que buscaba hacer que las clínicas de diálisis tuvieran al menos un doctor o un enfermero presentes mientras se le suministraba el tratamiento a los pacientes fue rechazada.

Otra batalla por definir es la de la Proposición 24 que modifica la ley de privacidad para forzar a las compañías a cumplir con el deseo de los clientes de que sus datos personales no sean compartidos. Además, permitiría a las personas retirar o corregir su información de contacto de listas usadas con fines de mercadeo.

Por su parte, la Proposición 25 tampoco se ha definido. Esta propuesta eliminaría el sistema de fianza como se le conoce hasta ahora y lo cambiará por un sistema de riesgo que determine si una persona puede enfrentar un proceso legal en libertad si no representa una amenaza a la comunidad y no en base a su capacidad de pago.

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