Rosario Robles, ex funcionaria mexicana, señala a José Antonio Meade, Luis Videgaray y Alfredo del Mazo en Estafa Maestra

La ex Secretaria de Desarrollo Social de México acepta ser testigo protegido para denunciar desvíos de recursos en la denominada Estafa Maestra

Rosario Robles acepta ser testigo protegido para denunciar desvíos de recursos en la denominada Estafa Maestra.

Rosario Robles acepta ser testigo protegido para denunciar desvíos de recursos en la denominada Estafa Maestra. Crédito: Agencia Reforma

Rosario Robles confesará a la Fiscalía General de la República (FGR) que los recursos desviados de la Estafa Maestra se destinaron a cuatro campañas electorales del PRI, incluida la de José Antonio Meade en 2018.

Sergio Arturo Ramírez, abogado de la ex Secretaria de Estado, adelantó que para buscar el beneficio del criterio de oportunidad su clienta va a declarar que los recursos también fondearon las campañas de Enrique Peña Nieto en 2012, la intermedia de 2015 y la de Alfredo del Mazo a la Gubernatura del Estado de México en 2017.

“(Los recursos se destinaron) para la elección para presidente del señor Enrique Peña Nieto, para las elecciones de 2018; Luis Videgaray en las intermedias y en la campaña de 2018 fue quien dio instrucciones para que se utilizaran recursos públicos en favor de la campaña del entonces presidente y de su partido del PRI y de Enrique Peña Nieto“, dijo.

“También se va a determinar por dónde fue o cómo fue que se dio la instrucción o cómo se dio la movilización para que se dieran estos recursos por parte de y por instrucciones de Luis Videgaray Caso, para el PRI en el Estado de México, para las campañas intermedias y para la campaña de 2018 para la Presidencia de la República, donde lo que era notorio era que buscaban cometer de nueva cuenta un fraude electoral, a lo cual no les alcanzó por lo que el voto popular determinó”.

El litigante puntualizó que Robles no hará ninguna imputación contra Miguel Osorio Chong, ex secretario de Gobernación, a quien Emilio Zebadúa, el ex Oficial Mayor de la Sedatu y la Sedesol, señala como beneficiario de los desvíos de la Estafa Maestra, en particular para financiar campañas de imagen de cara al 2018.

Sobre Zebadúa, quien hace imputaciones contra Robles, el abogado manifestó que las declaraciones de su clienta no tiene como objetivo a dicho ex funcionario, pues el beneficio del criterio de oportunidad tiene como condición señalar delitos más graves o personas que tienen un mayor jerárquico.

Ramírez sostuvo que Robles cuenta con pruebas para sustentar sus dichos y en su momento también los aportará a los fiscales federales, aunque insistió en que sus futuras declaraciones no constituyen una confesión.

En las próximas horas, adelantó, acudirán a la FGR y a la Unidad de Inteligencia Financiera para formalizar su solicitud del criterio de oportunidad, con el propósito de destrabar la acción penal y el descongelaniento de sus cuentas bancarias.

“¿Por qué hasta ahora Rosario Robles decide declarar y colaborar con las autoridades?”, se le preguntó al defensor.

“Pues porque lógicamente nos vamos dando cuenta la defensa que si no es ella, va a ser alguien más. Al día de hoy no vemos ningún otro secretario involucrado, no vemos a nadie más que haya caído por esta supuesto delito, no vemos a nadie contra quien se le estén queriendo ir encima; realmente hay hasta una cuestión de género muy marcada en la parte de la defensa de Rosario Robles y lo que ella viene a hacer ahora es simplemente es a decir lo que ella sabe y lo que a ella le consta”, respondió.

Se le conoce como “La Estafa Maestra” a una investigación periodística hecha por el portal mexicano Animal Político en asociación con la organización de la sociedad civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) misma que fue publicada en septiembre de 2017. La investigación dio a conocer que durante el sexenio del entonces presidente mexicano Enrique Peña Nieto, el Gobierno Federal desvió más de 400 millones de dólares en una red donde se involucró a 128 empresas fantasma, 11 dependencias de gobierno, 8 universidades públicas y más de 50 servidores públicos, entre otros.

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