Urgente modificar el sistema carcelario en una sociedad que presume de democrática

Actualmente Estados Unidos es el país que más encarcela a su pueblo en todo el mundo (2.2 millones). No Rusia (418,000), ni China (1.6 millones, pero con tres veces más la población que EE.UU.), países considerados ?por los medios occidentales- como sistemas opresores donde la libertad de expresión está condenada por el gobierno.

De los más de dos millones de presos, California es el segundo estado que más encarcela a sus residentes (115,000); sí, el estado que se dice ser uno de los más liberales y progresistas de toda la nación. Solo Texas lo aventaja (154,479).

Entre la población carcelaria en California, las personas detenidas que más predominan desproporcionadamente son las minorías, particularmente los afroamericanos; aunque los latinos no nos quedamos atrás.  No obstante, no es que algún grupo sea más violento que otro, ni mucho menos, lo que pasa es que hay que considerar todo el contexto económico y social, las oportunidades, pero principalmente el sistema judicial.

Desafortunadamente, en los últimos 30 años ha habido un encarcelamiento masivo a nivel nacional; desde que Bill Clinton firmó la ley Violent Crime Control and Law Enforcement Act, en 1994, mientras Joe Biden ?como senador-  aplaudía y convencía a sus colegas de la importancia de aprobar la medida. Con la aprobación de esta ley, se incrementaron los delitos, aumentaron las sentencias y se empezaron a multiplicar las cárceles en todos los estados.

‘Casualmente’ en California, en ese mismo año, en medio de un ambiente de racismo con la Prop. 187 de Pete Wilson, se aprobó la ley de Tres Delitos. Esta ley que permitió a los fiscales incrementar las sentencias a los detenidos y en muchas ocasiones condenarlos de por vida.

Hoy por hoy, el estado Dorado tiene 35 prisiones con poco más de 100,000 detenidos, aunque se prevé que ese número se haya reducido por la pandemia, ya que en repetidas veces se ha obligado a los condados a disminuir su población para evitar muertes y contagios.

Además, actualmente el 98% de los sentenciados en el estado con agravantes son latinos y afroamericanos, mientras que gente pudiente y que puede costear abogados privados, en muchas veces con todo y delitos comprobados, no llegan a la cárcel, y si lo hacen, con sentencias muy disminuidas.

George Gascón, el nuevo fiscal del condado que ganó las elecciones el año pasado, quiere cambiar ese sistema de encarcelamiento masivo contra los pobres o minorías, quienes han sido los más afectados. Su objetivo, subraya, es hacer un sistema más justo que no sea solo de castigo, pero de prevención y reforma.

Otros cambios que ya han sido aprobados por la corte es la eliminación de las condenas perpetuas de las sentencias y no juzgar a un menor de edad como adulto; mientras que la lucha para que se eliminen los agravantes en la ley de los Tres Delitos continúa, aunque el fiscal ha dicho sentirse seguro de que lo logrará.

Este objetivo de Gascón de hacer más justo el sistema carcelario en Los Ángeles, en gran medida responde a los residentes que votaron por él, pero más importante, es porque es lo moralmente correcto y urge un cambio, si es que queremos seguir presumiendo que vivimos en una sociedad donde la democracia y la justicia prevalecen.

Agustín Durán es el editor de Metro del periódico La Opinión; originario de Ciudad de México, pero residente de Los Ángeles desde 1992.