Desde Los Ángeles piden la renuncia del presidente hondureño

Hondureños residentes de Los Ángeles se sumaron al pedido de renuncia “inmediata o destitución legal” del presidente de su país, Juan Orlando Hernández, “un presidente corrupto que se ha caracterizado por una violación sistemática de los derechos civiles y humanos del mil veces sufrido pueblo hondureño”.

Así lo expreso Juan José Gutiérrez, director ejecutivo del Movimiento Latino USA de Los Ángeles, quien junto con un grupo de hondureños acudió a manifestarse frente a la sede consular de esa nación centroamericana en esta ciudad.

“La segunda razón por la que pedimos su renuncia es porque bajo su mandato se ha perfeccionado un sistema de impunidad y de delincuencia, donde las instituciones policiacas del estado colaboran con el crimen organizado en Centroamérica, particularmente en Honduras”, dijo Gutiérrez.

“De hecho, ha transformado la institución presidencial en una institución que, con todo derecho, se ha ganado ser llamado un narcoestado”.

A la acción en Los Ángeles se añade a la solicitud de renuncia hecha en febrero de este año por el Congreso Nacional Anticorrupción en Honduras (CNA), es por presuntas violaciones de Derechos Humanos cometidas por el gobierno y “al no cumplir con sus altas funciones de lealtad y compromisos contraídos con la nación en actos reñidos con los valores de la República”, respecto de su presunta participación con el narcotráfico.

Presuntos sobornos al presidente hondureño

A principios de marzo, el fiscal adjunto de Estados Unidos, Jacob Gutwillig, dijo en el juicio contra el presunto narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez, que el jefe de Estado hondureño, Juan Orlando Hernández, participó en la actividad ilícita recibiendo sobornos y ofreciendo protección a narcotraficantes.

Gutwillig, quien describió a Honduras como un “narcoestado”, declaró que cuenta con la información de un testigo en las reuniones que organizó Fuentes y en las que habría participado Hernández.

Hace uno días, un contador hondureño “José Sánchez” testificó en la corte de Manhattan que huyó de Honduras porque sintió que su vida estaba en peligro luego de presenciar dos reuniones en 2013, en las que un presunto narcotraficante pagó sobornos al ahora presidente Juan Orlando Hernández.

Los temas de ambas reuniones fueron “protección y recepción de drogas”, dijo “José Sánchez”, seudónimo que la fiscalía usó para protegerlo. Hernández habría recibido $10,000 en la primera reunión y $15,000 en la segunda.

El contador, quien trabajaba para Graneros Nacionales en Choloma, al norte de San Pedro Sula, declaró sentir miedo al ver a Hernández y un narcotraficante sentado en la misma mesa.

“Estaba viendo al candidato (Juan Orlando Hernández, en 2013) a la presidencia reunido con un narcotraficante”, dijo.

Ese presunto narcotraficante es Geovanny Fuentes Ramírez, quien se enfrenta actualmente a un juicio en Nueva York. El nombre del mandatario hondureño ha salido a relucir varias veces en el juicio contra Fuentes Ramírez.

Consultada sobre la presunta colaboración del actual mandatario con el narcotráfico desde Honduras y la viabilidad de su dimisión para el cargo que fue elegido democráticamente, la cónsul general de Honduras en Los Ángeles, María Fernanda Rivera, no respondió a las preguntas por escrito de La Opinión. Rivera tampoco respondió si los pedidos de destitución tienen bases o si proceden de sus adversarios políticos.

“Socio indispensable del narco”

“Pedimos que el presidente Juan Orlando Hernández renuncie, porque se ha convertido en un socio indispensable del narco”, declaró Moisés Asasaf, un ciudadano estadounidense de origen hondureño y periodista. “Los hermanos Hernández tenían sus propios sembradíos de droga; son unos corruptos y tenían nexos con el ‘Chapo’ Guzmán [el capo mexicano preso en una cárcel federal de Nueva York] y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El presidente es el jefe criminal en el Departamento Gracias a Dios de Puerto Lempira”.

“Ya están detenidos varias personas que van a testificar en Nueva York contra Juan Orlando Hernández, como el comandante de la organización de narcotráfico”, añadió el periodista hondureño a La Opinión.

En los últimos meses operaciones de lavado de dinero millonarias relacionadas con la banda Los Cachiros, muestra que los vestigios del clan de la droga continúan operando en el país a pesar de la desaparición del grupo. Sus principales líderes enfrentan cargos criminales en Estados Unidos.

El hermano ‘incomodo’ será sentenciado el 23 de marzo

En octubre de 2019, un jurado encontró culpable a Juan Antonio “Tony” Hernández, -hermano del actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández- de los cargos de conspiración para transportar cocaína a Estados Unidos, portar armas ilegales, conspiración para usar armas y dispositivos destructivos y de hacer falsas declaraciones a las autoridades.

La sentencia que estaba prevista para el 21 de enero contra “Tony” Hernández, fue pospuesta al 23 de marzo en la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sureste de Nueva York. Hernández, quien decidió no testificar durante el juicio, podría ser condenado a una pena de 10 años de cárcel a cadena perpetua.

Tras conocer aquel veredicto, el presidente hondureño Juan Orlando Hernández manifestó en una serie de tuits  que “en nombre de mi familia, y personalmente, recibo con gran tristeza las noticias del fallo en Nueva York”.

“¿Qué se puede decir sobre una condena basada en testimonios de asesinos confesos, y argumentos que varios de estos testigos no fueron extraditados por Honduras si Estados Unidos nunca los pidió en extradición?”, agregó.

El juicio salpicó al mandatario hondureño, ya que fiscales y narcos dijeron durante el proceso que éste recibió fondos por parte de narcos para poder financiar sus campañas electorales y comprar los votos de diputados para lograr ser presidente del Congreso.

Los supuestos sobornos habrían sido pagados por el exjefe del cartel de Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, el exalcalde y exnarcotraficante Amílcar Alexander Ardón y Víctor Hugo Díaz Morales, alias “El Rojo”, entre otros.

Los tres testificaron en el juicio contra “Tony” Hernández. Ardón y Rivera Maradiaga también dijeron que sobornaron al expresidente del país Porfirio Lobo, quien lo ha negado.

De la misma manera, el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández ha negado las acusaciones y ha dicho que ex narcotraficantes que testificaron en el juicio contra su hermano mienten y buscan vengarse de él porque promovió leyes de extradición a Estados Unidos y llevó a cabo una dura lucha contra el narcotráfico.

“Justicia para Keyla Martínez”

Cecilia Rodríguez, presidenta de la Alianza Hondureña de Los Ángeles, pidió justicia para la enfermera Keyla Martínez, de 26 años, quien murió bajo custodia policial en la primera quincena de febrero.

Keyla (#justiciaparakeyla) habría violado el toque de queda por la pandemia del COVID-19 en La Esperanza, al oeste de Honduras y supuestamente se ahorcó en la prisión. Fue llevada a un hospital, pero ya había fallecido.

“Casi podría asegurar que lo que sucedió con Keyla fue estrangulación de cuello o una asfixia por sofocación”, declaró a La Prensa de Honduras, Julissa Villanueva, una doctora forense.

Por ello, Cecilia Rodríguez dijo a La Opinión “El presidente debe renunciar por sus nexos con el narcotráfico dentro de Honduras y porque ha habido más mujeres muertas y a Keyla Martínez, que era una estudiante ejemplar en la Universidad Autónoma de Honduras la mataron en una celda”.

Rodríguez reclamó además, que aparezcan con vida los cuatro activistas de la etnia garífuna de La Ceiba,  quienes fueron secuestrados en julio de 2020.

“Exigimos al presidente que aparezcan vivos y no muertos; él no ve por los ciudadanos hondureños dentro y fuera del país y por causa de su derecho a manifestarse no deben ser asesinados”, dijo la activista. “Pedimos también su renuncia, ya que su hermano está preso en Nueva York por narcotráfico y a él también lo implican”.

Entrevista

Congreso Nacional Anticorrupción de Honduras (CNA) pide la renuncia de Juan Orlando Hernández.

Consultada sobre los pedidos de dimisión del presidente Juan Orlando Hernández, su directora, Gabriela Castellanos contestó las siguientes preguntas a La Opinión.

L.O: ¿De qué depende que el presidente se vaya o no del poder?
“De acuerdo a lo que contempla la normativa interna de Honduras, la salida del Presidente de su condición de mandatario, depende mucho de que exista una disposición política y legal por parte del Congreso Nacional, quien haciendo uso de su prerrogativa de promover un juicio político, perfectamente lo podría remover de su cargo; sin embargo, debido al escenario y falta de pesos y contra pesos entre los Poderes de Estado en Honduras, se convierte en una imposibilidad, puesto que dentro del Poder Legislativo, existen muchos legisladores que responden a los intereses del mandatario y que están involucrados en actos de corrupción y narcotráfico”.

L.O: ¿Está limpio de culpa como lo ha pregonado?
“De acuerdo a los testimonios que en Cortes Internacionales se están ventilando, se ha establecido una vinculación directa del mandatario con hechos ilícitos relacionados al tráfico de estupefacientes. Como organización de sociedad civil, podemos expresar que los procesos que de carácter internacional se dilucidan, no son afirmaciones irresponsables, sino acciones que evidencian la verdadera institucionalidad en otros países.

Debido a que la institucionalidad en Honduras está debilitada y carece de credibilidad, se presupone que en Honduras de momento no existe ninguna causa que se le pueda imputar”.

L.O: ¿De qué depende que se acabe o no la corrupción en Honduras?
“Depende mucho en que las personas que han participado en acciones irregulares ya no formen parte de la administración pública; asimismo, es un imperativo categórico rescatar la institucionalidad que ha estado secuestrada por los corruptos.

Una de las principales acciones a realizar va encaminada a modificar un alto porcentaje de diputados y diputadas que hoy conforman el Congreso Nacional, puesto que nuestra experiencia en los últimos años nos ha permitido comprender que este poder del Estado representa una importancia relevante para promover el combate a la corrupción, puesto que los legisladores son los que crean leyes y sobre todo, en sus manos se encuentra la decisión de seleccionar a los funcionarios que están y estarán al frente de la institucionalidad, como ser: Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Superior de Cuentas, Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Procuraduría General de la República  y otras instituciones de mucha relevancia y trascendencia para el país en el combate en contra de la corrupción. Por lo anterior, podemos concluir que la corrupción solamente se podrá combatir, cuando los corruptos ya no estén en cargos de relevancia dentro de la Administración Pública”.