3 mujeres de California son detenidas por obtener ilegalmente beneficios de desempleo por $1,2 millones
El Departamento de Justicia dio a conocer que cada detenida, provenientes de Inland Empire, en el sur del estado, le costó al gobierno local, al menos, $345,000 en fondos federales asignados por la pandemia
GEO Group administra varias cárceles privadas para inmigrantes. Crédito: John Moore | Getty Images
Tres mujeres de California fueron arrestadas y acusadas por obtener ilegalmente beneficios de desempleo relacionados con el coronavirus por un total de $1,2 millones de dólares.
El Departamento de Justicia dio a conocer que cada detenida, provenientes de Inland Empire, en el sur del estado, le costó al gobierno local, al menos, $345,000 en fondos federales asignados por la pandemia.
California ha recibido más de $150,000 millones con el último paquete fiscal federal, para ayudar a mitigas los efectos de la pandemia, ya que California representa la quinta tasa de desempleo más alta en el país.
Sequoia Edwards, de 35 años, de Moreno Valley; Mireya Ramos, de 42años, de Colton, y Paris Thomas, de 33, de San Bernardino, supuestamente estafaron al Departamento de Desarrollo de Empleo de California.
Cada uno de ellos enfrenta dos cargos de fraude en relación con los beneficios de emergencia y el fraude electrónico.
A principios de este año, los funcionarios de California estimaron que el estado había pagado por error hasta $31 mil millones en reclamaciones fraudulentas de desempleo.
Edwards recibió $455,000 después de presentar 27 reclamos de desempleo el verano pasado, fondos destinados a ayudar a las personas que luchan o han sido despedidas debido a los cierres económicos relacionados con la Covid-19.
En seis de los reclamos presentados, Edward usó la información de los presos de la prisión de California que supuestamente recibió de su primo encarcelado.
Según la declaración jurada que respalda su denuncia penal, las autoridades del FBI también encontraron varias tarjetas de débito emitidas por el EDD y $45,000 en efectivo durante un registro justificado de la casa de Edwards.
Las mujeres podrían enfrentar hasta 30 años de prisión por cometer fraude en relación con “beneficios de emergencia”, junto con un máximo adicional de 20 años por fraude electrónico.
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