Activistas e inquilinos piden aprobación de ordenanza anti-acoso en Los Ángeles

Esta medida podría ser puesta a votación esta semana; si es aprobada será ilegal bloquear el acceso a la unidad de vivienda de las personas que rentan, entre otras regulaciones

Activistas piden que la comunidad llame a sus concejales para aprobar la ordenanza. (Jacqueline García/La Opinión)
Activistas piden que la comunidad llame a sus concejales para aprobar la ordenanza. (Jacqueline García/La Opinión)
Foto: (Jacqueline García/La Opinión) / Impremedia

Armados con pancartas y bocina, un grupo de activistas e inquilinos se reunieron el jueves en Wilmington para pedir al ayuntamiento de Los Ángeles que apruebe una ordenanza anti-acoso.

Esto se da en momentos en que Alma Quiñonez, una inquilina de Wilmington, al sur de Los Ángeles, aseguró que ha sido acosada por la dueña de la propiedad donde vive por más de un año.

Quiñonez, quien es madre soltera de un niño de 10 años, dijo que en el 2019 se mudó a una casa que está dividida en dos unidades. Como inquilina principal de una de ellas, Quiñonez pidió a la arrendataria, quien vive en la otra unidad, que hiciera unas reparaciones pero en respuesta se le pidió que desalojara la vivienda cuanto antes.

Quiñonez dijo que se negó e intentó pagarle las mensualidades de alquiler, pero la dueña se negaba a aceptarlas.

Desde entonces, la inquilina asegura que ha estado viviendo una serie de acoso verbal por parte de la dueña y su hijo. También dijo que ha sido intimidada, humillada y hasta le han quitado su correo ya que solo hay un buzón de correo postal en la propiedad.

“La discriminación y violación de mis derechos familiares continúan con la desconexión de los servicios de luz y gas sin notificación previa”.

Quiñonez dijo que no tiene el contacto de la dueña ya que se ven constantemente en persona.

“Las leyes que tenemos ahora sin enmiendas me ponen en peligro a mí, a mi familia y a millones de personas en el área de Los Ángeles”, dijo la inquilina. “¡Lo que necesitamos ahora es una ordenanza sólida contra el acoso de inquilinos!”.

Hasta el cierre de esta edición, no habíamos podido escuchar la versión de la dueña de la propiedad, mismos que se publicarán en cuanto podamos escuchar de ella.

Alma Quiñonez junto a su hijo (izq.) de 10 años. (Jacqueline García/La Opinión)

 

Ordenanza que protege a inquilinos

Los defensores de los derechos de los inquilinos dijeron que han estado haciendo campaña durante cuatro años, con la intención que se apruebe una ordenanza fuerte en Los Ángeles. Una medida que responsabilice a los propietarios que abusan de los inquilinos.

La ordenanza anti-acoso ya fue aprobada en el comité de vivienda la semana hace dos semanas y se espera que esta semana sea votada en el ayuntamiento de Los Ángeles, indicaron los activistas.

El concejal Cedillo dijo en un comunicado que, si la ordenanza se aprueba, sería ilegal que un propietario abuse del derecho de acceso a una unidad de alquiler, amenace a un inquilino de palabra o gesto, con daño físico o sin él.

Además, el concejal agregó, que también será ilegal que se  indague sobre el estado de inmigración o ciudadanía del inquilino, o simplemente el hecho de interferir en la privacidad del inquilino.

La ordenanza aumentaría las protecciones existentes proporcionadas a los inquilinos, según las leyes estatales, federales y locales para prohibir y disuadir el acoso de los inquilinos por parte de los propietarios en todas las unidades de alquiler, incluidas las residencias unifamiliares y los condominios.

También proporcionaría al inquilino agraviado un derecho privado de acción y defensa afirmativa, en caso de desalojo, expulsión y otras acciones; además de las violaciones constituyen un delito penal.

No obstante, los activistas de la organización Alliance of Californians for Community Empowerment (ACCE) dijeron que el concejal Cedillo, quien lidera el comité de vivienda, aprobó dos enmiendas que se contradicen.

Una es de la concejal Nithya Raman, que ofrece protecciones más estrictas para los inquilinos y hace ilegal que los propietarios utilicen varias tácticas de coerción para lograr que los inquilinos desalojen, como ofrecerles un pago o amenazas de denunciar al inquilino a una agencia gubernamental, explicó Ángel Marín, miembro de ACCE.

La otra enmienda es del concejal John Lee, la cual según los activistas, está dando un pase libre a los arrendatarios que estén acosando a sus inquilinos.

“La ordenanza pasó al fiscal de la ciudad que ahora es responsable de la legislación, algo que no se ve comúnmente”, dijo Marín. “Estamos aquí para pedirle al ayuntamiento que vote por las enmiendas de la concejal Raman”.

Guadalupe González, miembro de ACCE y residente de Wilmington, dijo que desde que comenzó la pandemia ha habido un alza del 300% de acoso contra los inquilinos.

“Tenemos clínicas virtuales de inquilinos donde el 90% dicen que son acosados. Los dueños les llaman a servicios sociales, a la policía, los amenazan que les van a cerrar la vivienda”, dijo González. “Incluso un vecino de aquí del área dijo que el dueño lo golpeó para obligarlo a salirse”.

González dijo que esto es el resultado de la avaricia de los arrendadores quienes esperan desalojar a los inquilinos que tienen mucho tiempo viviendo en sus hogares para rentarlos nuevamente a precios más altos.

Los activistas pidieron a la comunidad que llamen a sus concejales representantes para que pidan un alto al acoso de inquilinos y la aprobación de la ordenanza anti-acoso.