Cruzan las familias más vulnerables para presentar su caso de asilo ante EE.UU.

La señora Graciela y su niña de tres años de edad con necesidades especiales finalmente cruzaron por la garita de San Ysidro a California en busca de asilo en Estados Unidos, después de esperar más de dos meses en un campamento en Tijuana donde aumenta la inseguridad.

“Pues me siento muy agradecida, muy aliviada”, dijo la joven madre de 25 años de edad, quien tuvo que huir de la región central de México porque después de que la habían secuestrado, unos desconocidos la liberaron con amenazas de muerte si se negaba a vender drogas en las madrugadas.

Para colmo, mientras estuvo en Tijuana, entre personas desconocidas, un sujeto la acosó abiertamente, otro al parecer quiso acercarse a su hija.

“Quiera Dios, ya todo va a estar bien”, dijo al cruzar la frontera, camino a reunirse con familiares en Estados Unidos.

Pero el caso de la señora Graciela es uno de los muy escasos que han conseguido cruzar la frontera desde que en febrero comenzaron a acampar más de dos mil personas en la explanada de la garita peatonal de El Chaparral en Tijuana. Graciela cruzó porque su situación en Tijuana y México es obviamente vulnerable.

Para las organizaciones civiles, que únicamente crucen en busca de asilo los casos más vulnerables  ha sido la única información que, implícitamente, ha proporcionado en cien días de gobierno, la administración del presidente Joe Biden.

Así que ahora las organizaciones comenzaron a unir esfuerzos para identificar, documentar y ayudar a las personas más vulnerables en el campamento La Esperanza en El Chaparral, como el caso de la señora Graciela.

Dulce García, la abogada de migración que dirige la organización Ángeles de la Frontera, explicó a La Opinión que el grupo de Psicólogos Sin Fronteras cruzar de Estados Unidos a escuchar las historias de los migrantes para documentar el impacto de las circunstancias por las que tuvieron que huir.

Los Psicólogos Sin Fronteras entregan entonces a abogados de migración voluntarios como Dulce García y otros, quienes también cruzan la frontera, informes sobre migrantes y familias con casos claramente vulnerables.

Los abogados pasan luego las observaciones de los psicólogos y perfiles de entrevistas con los migrantes a organizaciones en California y transfronterizas que se especializan en casos de asilo.

Es una labor de campo minuciosa pero “ha sido la única forma de conseguir que la administración Biden respete el derecho al asilo”, ante la ausencia de información oficial para pedir refugio, explicó la abogada García.

El día que el presidente Biden asumió el cargo, el 20 de enero, ordenó suspender un programa con el que Trump obligó a esperar en la frontera de México a 69,000 migrantes que buscaban asilo, el programa conocido como “permanecer en México”.

Luego, “en febrero el gobierno de Joe Biden anunció el ingreso a Estados Unidos de más de 25,000 personas solicitantes de asilo que formaban parte de ese programa”, dijo a La Opinión la representante Gina Garibo, del Comité de Servicios de los Amigos Americanos en Latinoamérica.

Garibo es una de los escasos representantes de organizaciones que monitorean en persona y permanentemente la situación en el campamento en Tijuana.

Dijo que cuando el presidente dejó que 25,000 personas cruzaran la frontera “causó que la gente llegara a acampar en El Chaparral, esperando información de cómo y cuándo solicitar asilo en Estados Unidos”.

Pero en todo este tiempo la administración Biden sigue sin proporcionar información ni reglas claras para que miles de migrantes que han esperado, algunos de ellos por años, en la frontera sin estar en “permanecer en México”, puedan pedir asilo.

Pedro Ríos, director del Comité de Amigos Americanos pero al lado de San Diego, advirtió que a cien días sin información y ya con desesperación, muchos migrantes dentro y fuera del campamento piensan que sería mejor cruzar la frontera como indocumentados, pero exponen sus vidas.

Además, dijo, la patrulla fronteriza regresa a los migrantes de inmediato, generalmente por el mismo punto que cruzaron la frontera, con la excusa de la emergencia sanitaria por la pandemia, con base en el recurso legal “Titulo 42”, que la administración Trump impuso con declaraciones del Centro para el Control de las Enfermedades (CDC).

A poco más de un año de la pandemia, el gobierno estadunidense “a 643,000 personas bajo el Título 42”; en la mayoría de esos casos, dijo, sin escuchar los argumentos que presentan los migrantes para solicitar asilo, que son enviados a situaciones de riesgo en la frontera.

La patrulla fronteriza, particularmente en Texas, contribuye al caos informativo al permitir que algunas familias ingresen al país, mientras otras son detenidas y unas más incluso deportadas, sin ninguna explicación o protocolo.