Desplazados mexicanos, ¡van a pedir asilo a las puertas de EE.UU.!

El crimen organizado obliga a miles a huir de la violencia, los secuestros y las extorsiones de Guerrero y Michoacán y los pone de rodillas en Tijuana para pedir ayuda.

Desplazados mexicanos, ¡van a pedir asilo a las puertas de EE.UU.!
Cientos de personas huyen de sus comunidades por la violencia del crimen organizado.
Foto: Agencia Reforma

MEXICO.- De arrodillarse frente al crimen organizado a hincarse a los pies de Estados Unidos prefieren la segunda opción: pedir asilo. Aunque saben que el país vecino niega casi todas las peticiones de este tipo a los mexicanos aunque éstos no hayan emigrado por gusto de sus hogares de Michoacán o Guerrero sino porque el crimen organizado los llevó a mendigar hasta Tijuana.

Los desplazamientos forzados en México se han incrementado en el último año y se ensañan con los poblados más pobres de ambos estados del suroccidente del país, principalmente en Guerrero  Michoacán —que concentran alrededor del 70% —donde grupos criminales se disputan el control de territorio para cobrarles derecho de piso, impuestos ilegales paralelos con mejor capacidad de recaudación que el propio Estado, a punta de pistola.

También necesitan capital humano y lo toman por la fuerza, según relatan algunas de las nuevas víctimas que actualmente se arremolinan en las calles de Tijuana o en las cabeceras municipales de los poblados afectados o en la capital  mexicana.

Los desplazamientos forzados masivos llevan al menos una década con altibajos, pero desde el año pasado repuntaron sin tregua. Margarita N., una madre de familia de la región de Tierra Caliente en Guerrero (frontera con Michoacán) narró a los medios locales de Baja California, donde ha participado en manifestaciones para pedir asilo a EEUU, que huyó junto con sus cuatro hijos cuando una organización desapareció al mayor. “No sé dónde lo tendrán”.

Cuando se llevaron al muchacho, la madre protestó y los persiguió para pedir que lo soltaran pero fue en vano. La amenazaron de muerte, afirmó, la arrastraron sobre el pedregal de un camino y la obligaron a ver algunas torturas a su muchacho.

El Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (Internal Displacement Monitoring Centre, IMDC), organización no gubernamental de Noruega, publicó en su informe anual de mayo pasado que unos 9,700 mexicanos fueron sacados de sus hogares por el conflicto y la violencia. Esta cifra representa 2,600 personas más que en 2019.

La cifra total de desplazados en México desde 2009 es de 357,000 personas, según CMD. En el recuento de 2021 hasta mayo pasado, la cifra era de 2,592: 100 en enero, 277 en febrero, 1,135 en marzo y 1, 800 en abril.

La organización abordó otras situaciones de violencia en comunidades de Chiapas, Chihuahua, Oaxaca y Puebla, además de Guerrero y Michoacán, donde se han registrado desplazamientos o impedimentos para el retorno.

Hay zonas más afectadas que otras. Recientemente, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, dio a conocer que entre los meses de marzo y mediados de mayo, al menos 500 personas de Michoacán, solicitaron asilo en EEUU, principalmente provenientes de la pequeña localidad de Aguililla. A esas solicitudes se sumaron 1,500 aguilillenses que arribaron a la ciudad en el presente mes.

En un informe la Comisión Mexicana sostiene que el problema ahí se debe a enfrentamientos entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el grupo Carteles ante la impasividad del estado por lo cual  sacerdotes de Apatzingán y Tijuana en México y San Bernardino y Fresno, en Estados Unidos, se han tenido que organizar como puentes humanitarios.

Así se ha brindado ayuda a familias completas de todo el estado como ocurrió con los Hernández, de 14 miembros, que decidieron dejar atrás su vida después de que un comando armando arribó a su casa en Morelia y disparó a mansalva contra todos los que se encontraban presentes. Dos hombres murieron y dos niños fueron heridos.

“Empezaron a amenazarnos, a amenazar a mi mamá que ‘sería la próxima en morir’ y pues denunciamos. Se investigó, se sabe quién fue, pero de ahí ya no pasó. El Ministerio Público y la jueza que está llevando el caso, dicen que no hay suficientes pruebas para darles orden de aprehensión”, denunció la familia ante medios de comunicación. “Se decía que a lo mejor se habían equivocado”.

La resistencia

A principios del presente mes de junio un video estremeció las redes sociales. Se filmó en  la región montañosa del estado de Guerrero, donde la Familia Michoacana quiere apoderarse de los bosques según testimonios de pobladores del municipio de Coyuca de Catalán.

En la filmación, una mujer desesperada lanza un SOS en las redes sociales para explicar por qué ella se encuentra inmersa en una situación entre la vida y la muerte. “Nos tienen rodeados… ¿necesitan que nos maten a todos?”, se escucha en el llamado de ayuda al gobiernos federal y estatal ante el asedio que sufren por parte de integrantes del crimen organizado.

Según la narración de la mujer, la población llevaba tres días consecutivos acorralada por presuntos sicarios de una célula de La Familia Michoacana que pretendía entrar a su pueblo a punta de ametralladoras.

Mientras un centenar de mujeres y niños se había refugiado en un centro de salud de la localidad, la otra mitad se atrincheraba en sus casas y los hombres peleaban palmo a palmo para evitar el ingreso. “Quieren saquear la madera”, detalló. Unos días antes, el Ejército Mexicano y agentes estatales se retiraron del lugar, sin que se supiera por qué, según detalló un diario local.

El gobierno del estado de Guerrero ha negado sistemáticamente los hechos relacionados con ataques del crimen organizado. Generalmente argumenta que no tiene noticia o va a verificarlos como ocurrió con los desplazados de Zirándaro -municipio vecino de Coyuca-, lugar donde secuestraron al alcalde y posteriormente tuvo que refugiarse en otro municipio.

Desesperadas por la falta de acciones, algunas comunidades han optado por armarse a sí mismas y crear grupos de autodefensas a pesar de que está prohibido por la constitución a excepción para pueblos originarios por el derecho de autodeterminación garantizado en el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Las regiones indígenas de Guerrero y Michoacán mantienen sus grupos armados a la defensiva y se han manifestado públicamente a favor de entrenar a otros aunque sean mestizos.

Sorprendió recientemente comunidad de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera, Guerrero, donde se formó el mes pasado una organización de autodefensa con 34 niños. Se presentaron armados con palos, escopetas, pistolas reales y de juguete, exigieron al gobierno que apoye a las viudas, a los huérfanos y a los desplazados de la comunidad.

Guerrero concentra hasta ahora el 44% de los desplazados en México sumergido en una pelea de territorios por el oro, la plata, los bosques, las tierras para el cultivo de amapola y la producción de opio frente a un Estado incapaz de hacerle frente.

Alrededor de 10,000 guerrerenses han huido de sus comunidades de 2011 a la fecha debido a la violencia en las regiones de la Costa Grande, la Costa Chica, la Tierra Caliente y la Montaña Baja.

En uno de los más recientes desplazamientos masivos 835 habitantes de los 32 poblados que conforman el ejido Guajes de Ayala, municipio de Coyuca de Catalán, abandonaron sus hogares en marzo que sumaron a otros 250 del mes previo.

Algunos de esos pobladores y  del municipio de Heliodoro Castillo afirman que la Policía Comunitaria no ha servido más que para armar balaceras o está en complicidad con delincuentes y, al final, los pistoleros tienen aterrada a la población. En noviembre de 2018 hubo al menos 14 hombres muertos y 1,800 desplazados en ese lugar.

Las autodefensas, por su parte, argumentan que los tres niveles de gobierno han sido omisos de atender las denuncias de los pobladores que sufren ante el acecho del grupo criminal. Además, sostienen que cualquier partido que llega al poder sigue en la misma situación de exterminio por parte de grupos narcoparamilitares que asesinan a políticos adversos.

Según el Mapa de Riesgo para los polítcos 2021, elaborado por el gobierno estatal, el Ejército, la Guardia Nacional, la Marina y la Fiscalía General de la República (FGR), 31 municipios guerrerenses (38% del territorio) son de riesgo alto porque operan la mayoría de las 18 organizaciones criminales y los 20 grupos de autodefensas y policías comunitarios.

Las autoridades

Antes de que los pobladores decidieron enfrentar a algunos pistoleros de la comunidad de Las Ventanas, pidieron la intervención de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Policía Estatal, pero llegó esta última al día siguiente, doce horas después.

Para entonces ya habían muerto los tres presuntos sicarios enviados para abrir el paso a la organización de Los Tlacos para el saqueo de la madera y se enfrentaron con los Pueblos Unidos de Autodefensa por la Paz Social que a la vez acusaron a Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo de haber secuestrado al comisario municipal y descuartizarlo frente de su hijo.

“El problema con los autodefensas es que no están reguladas fuera de los territorios indígenas y esto provoca mucho desorden, grupos criminales que se autoproclaman autodefensas y ya no se sabe quién está con quien”, advierte Alejandrino González, un periodista local  que colabora con agencias internacionales.

Pobladores de diversas comunidades han pedido atención para determinar la naturaleza de los grupos criminales y combatirlos. Lo han solicitado por escrito al gobernador Héctor Astudillo; al Fiscal General del Estado, Jorge Zuriel, y al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero la violencia continúa a la par de los desplazamientos humanos que terminan en Tijuana y algunas otras ciudades de la frontera, en la capital mexicana o en el vecino estado de Morelos.

“Vienen con el propósito de salvar su vida y no hay políticas públicas que atiendan esto por parte del Gobierno Federal, que sería el principal responsable de atender estos casos; las personas viven en condiciones muy vulnerables, en albergues o en la calle”, José Luis Pérez Canchola, miembro de la Academia Mexicana de los Derechos Humanos.

Las oportunidades de que EU otorgue asilo a los mexicanos son casi nulas, según la experiencia del abogado de la organización Mexicanos en el Exilio. “Son décadas de luchar porque ayude a gente que está en riesgo de muerte sino le abre la puerta”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció a principios de junio que pronto visitariá Aguililla, Michoacán, pero se negó a hablar de acciones concretas ni en Michoacán ni en Guerrero, sólo describió que conocía el lugar. “Hasta les puedo decir que enfrente de la plaza principal hay un hotel en el que me he quedado a dormir”.

La situación de las zonas de desplazados en México es tan complicada que ya se equipara a nivel internacional con lo que ocurre en Centroamérica. El pasado viernes, la Unión Europea (UE) informó que asignará 18.5 millones de euros en concepto de ayuda humanitaria para México y Centroamérica; de las cuales, . De este importe, 12 millones de euros representan financiación humanitaria para Centroamérica y 6,5 millones de euros constituyen ayuda al desarrollo.

Cuatro millones de euros se destinarán a hacer frente a las consecuencias humanitarias de la violencia, incluidos los desplazamientos, y un millón de euros contribuirá a hacer frente a la inseguridad alimentaria, mientras que tres millones de euros serán para la educación en situaciones de emergencia.

La comisaria de Asociaciones Internacionales de la UE, Jutta Urpilainen, declaró que “Estamos en el mismo barco”, pero no aclaró quién o cómo sería repartida la ayuda. En su visita a México la primera semana de junio, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, advirtió de la importancia de combatir la corrupción como parte del combate a la violencia en la región.

CIFRAS

– No existen cifras oficiales de los desplazados en México; las estimaciones  que existen son de organizaciones no gubernamentales y de ellas las más reciente son  del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (Internal Displacement Monitoring Centre, IMDC).

– Los estados de Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Michoacán encabezan la lista de desplazados aunque también se observaron desplazamientos en Chihuahua, Quintana Roo, Sonora y Sinaloa.

– Desde 2016, los desplazamientos internos causados por crímenes o violencia habían mostrado una baja sostenida, de 23,200 en 2016 a 7,070 en 2019. Repuntó en 2020.

– La cifra total   de desplazados en México desde 2009 es de 357,000 personas, según CMD. En el recuento de 2021 hasta mayo, la cifra era de 2,592: 100 en enero, 277 en febrero, 1,135 en marzo y 1, 800 en abril.

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