Exigen a JP Morgan Chase que ponga fin a inversiones en prisiones privadas

Decenas de activistas lanzaron una campaña publica para exponer el presunto financiamiento continuo de JPMorgan Chase a prisiones privadas como el Centro de Detención de Adelanto, que es administrado por GEO Group y Core Civic que tienen cárceles desde California a Nueva York y a través de todo Estados Unidos.

Liderados por religiosos de la organización Clero y Laicos Unidos por la Justicia Económica (CLUE)  y de la Coalición Shut Down Adelanto,  los manifestantes entraron a las oficinas del banco Chase, ubicado en el centro de Los Ángeles, donde entregaron una carta a directivos, en la que piden a JP Morgan Chase que deje de financiar prisiones privadas.

“El negocio redondo de la encarcelación masiva en California y Estados Unidos es también una supresión desde donde se controlan los votos latinos y afroamericanos en la política”, declaró a La Opinión el pastor Walter Contreras, vicepresidente de NALEC (Coalición Nacional Evangélica Latina). NALEC tiene una membresía de más de 3,000 congregaciones e instituciones.

“Estados Unidos tiene más cárceles que cualquier otro país del mundo”, añadió. “Mantener a un inmigrante encarcelado cuesta $80,000 al año y para seguir con un sistema así, se crean leyes, contratos y el gobierno recurre a grupos como GEO para mantener las cárceles llenas de gente, particularmente inmigrantes”, añadió el clérigo.

Lucro y encarcelamiento masivo

De acuerdo con la organización Sentencing Project, desde el año 2000 a 2019, en California se redujo el número de personas en prisiones privadas: de 4,547 a 1,139.

Sin embargo, en el vecino estado de Arizona, de 1,430 detenciones en prisiones privadas, la cifra aumentó a 8,291, es decir, un 480%.

Mientras tanto, en Florida, de un total de 3,912 detenidos en el año 2000, para 2019 ya eran 11,915, o un incremento del 205%.

A nivel nacional, 115,428 personas fueron enviadas a cárceles privadas en 2019, lo que representa el 8% del total de la población carcelaria estatal y federal. Desde 2000, el número de personas alojadas en cárceles privadas ha aumentado un 32% en comparación con un aumento general de la población carcelaria del 3%.

De hecho, 20 estados con contratos de prisiones con fines de lucro encarcelan a más de 500 personas. Texas, el primer estado en adoptar prisiones privadas en 1985, encarceló a la mayor cantidad de personas bajo jurisdicción estatal: 12,516.

Entre los inmigrantes, desde 2002 a 2019, de 40,634 personas – 81% de la población detenida en 2019- fueron confinadas en instalaciones privadas. Ello significó un crecimiento del 739%.

“Estamos dispuestos a un boicot contra JP Morgan Chase, que ha invertido $7.3 millones en GEO Group”, denunció el pastor Contreras.

En la misiva que entregaron a directivos de JPMorgan Chase Bank, y de la cual proporcionaron una copia a La Opinión, se indica que, de acuerdo con datos recientes que compilaron de Simply Wall St., en marzo 31 de este año, “las inversiones en acciones que JPMorgan Chase & Co. posee en GEO Group están valoradas en aproximadamente  $7.3 millones”.

Respuesta de Chase Bank

Cuestionada si JPMorgan Chase planea retirar estas inversiones y desinvertir inmediata y completamente en la industria de las prisiones privadas; además, sobre la posición de la institución financiera respecto a las inversiones en la industria de las prisiones privadas -especialmente en el Centro de Detención de Adelanto-, una portavoz del banco dijo en un mensaje escrito a La Opinión que no comentarían “pero podemos compartir como antecedente que no bancarizamos las cárceles privadas”.

Lastiman a inmigrante

“En 2019, Chase Bank prometió ayudar a las comunidades más vulnerables, pero nos hemos dado cuenta de que han invertido millones de dólares en el GEO Group que construye, mantiene y maneja prisiones privadas”, dijo José Tapete, un inmigrante mexicano originario de Guaymas, Sonora.

“Me tuvieron encerrado 2 años y 8 meses en la cárcel de Adelanto; ahí sufrí abusos médicos; no podía orinar y cada vez que lo hacía, sangraba… Me hicieron limpieza por 10 días, me pusieron un catéter y en una operación le lastimaron el pene”, añadió el hombre de 52 años.

Martín Valle, de Ocotlán, Jalisco, otro ex reo en el Centro de Detención privada en Adelanto, fue detenido por una orden de inmigración por “violencia doméstica”.

“Yo discutía con el hermano de mi esposa. Ella le dijo a la policía que yo no la estaba golpeando, pero un policía dijo, yo sé lo que tengo que hacer, y me detuvieron el 22 de mayo de 2020”.

Como consecuencia de haber contraído el covid-19, -igual que Tapete-, ambos fueron liberados y portan un grillete en el pie.

A Ramón Valdez, oriundo de Tijuana, las autoridades migratorias lo encerraron por 57 meses. Él sufre de problemas mentales. Tenía una orden de deportación, por causa de un delito relacionado a la marihuana, desde 2006.

“En agosto de 2013 me entregue en la frontera; había huido de México porque me querían matar”, relató Valdez. “Me tuvieron 47 meses en una cárcel de Arizona y después me trasladaron a Adelanto; sufro de esquizofrenia y en una ocasión intente suicidarme”.

A pesar de sus males, Valdez señaló que el Chase Bank y el grupo GEO “cometen un robo grande, porque se aprovechan de la debilidad de las personas… Necesitamos que eso cambie”.

Los operadores privados de prisiones y centros de detención en Estados Unidos como: GEO Group, Core Civic (anteriormente Corrections Corporation of America), LaSalle Corrections y Management and Training Corporation  han sido objeto de un mayor escrutinio por parte de grupos defensores de los inmigrantes, después de que se reveló que, en 2017, la industria recibió más de $ 1,000 millones en contratos federales con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Durante el gobierno de Donald Trump, y después de una ofensiva nacional contra la inmigración a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos, GEO Group recibió aproximadamente $470 millones de esos contratos, según datos de USAspending.gov.

“Nuestro mensaje particular a Chase Bank es que no sigan invirtiendo para la construcción de prisiones privadas”, dijo el pastor Walter Contreras. “De lo contrario, comenzaremos a pedir a la gente que cierre sus cuentas e inversiones con ellos”.