No tenemos un problema de escasez de agua; tenemos un problema de gestión del agua

California se encuentra en medio de una mega sequía. Muchos afirman que estamos en estado de emergencia, pero la sequía, los incendios y las inundaciones son ahora la nueva normalidad.

Lo que estamos viviendo es el cambio climático, agravado por serios problemas en la gestión del agua. Sin embargo, poco se está haciendo para garantizar un suministro sostenible y proteger nuestro derecho al agua.

Los residentes de California usamos un promedio de 102 galones de agua per capita por día (gpcd), y algunos distritos como Yorba Linda Water District usan 222 gpdc.

En 2018, la asambleísta Laura Friedman impulsó el proyecto de ley AB 1668, que hace que las agencias de California tengan un presupuesto de 50 gpcd para 2030, pero desafortunadamente las medidas de eficiencia y conservación no se codificaron en ese proyecto de ley.

La AB 1434, presentada este año, hace justamente eso, pero las agencias de agua se opusieron y obstruyeron la iniciativa de eficiencia por ahora, ya que quieren seguir vendiendo agua, incluso si no tenemos toda el agua que quieren vender.

Se supone son entidades de gestión del agua, pero en realidad, se consideran a sí mismas como centros de lucro, lo que pone en peligro el derecho humano al agua.

Debería ser obvio que necesitamos construir una mejor infraestructura de agua utilizando empleos verdes sostenibles y hacer que nuestro estado sea verdaderamente resiliente.

En lugar de eso, estamos contemplando enormes despilfarros corporativos, como Poseidon —una planta desaladora en Huntington Beach, que nos dará poca agua a un precio altísimo.

Reparar tuberías con fugas en el sur de California, que en promedio reportan fugas del 17%, debería darnos sustancialmente más agua que cualquier planta desaladora, sin desperdiciar enormes cantidades de energía, sin acabar con la vida marina o sin privatizar nuestra agua y entregarla a una corporación extranjera.

Inclusive, el informe más reciente del IPPC le llamó “maladaptación” a la desalación, ya que empeora el problema de la sequía al contribuir a la crisis climática.

Poseidon dice que su suministro es “resistente al clima”, pero en 2020 su planta desaladora en Carlsbad tuvo que cerrar durante dos semanas debido a la presencia de floraciones de algas, también conocidas como marea roja.

Con un clima más cálido, podemos esperar más mareas rojas. Poseidon tampoco ha podido entregar los 50 millones de galones de agua que dijo que produciría todos los días y se le han emitido múltiples avisos de infracción por exceder las limitaciones de toxicidad de descargas oceánicas debido a aditivos químicos.

Desde que Poseidon comenzó a operar en San Diego a fines de 2015, las facturas de agua se han disparado y ahora San Diego tiene algunas de las facturas de agua más caras del país.

La accesibilidad es un componente clave del derecho humano al agua y debemos asegurarnos de no repetir el error que cometimos en Carlsbad al aprobar otra planta desalinizadora en Huntington Beach.

El condado de Orange es hoy uno de los lugares más caros para vivir en el país y el aumento de las tarifas del agua lo haría aún menos asequible, especialmente para familias de bajos y medianos ingresos.

Para empeorar las cosas, Poseidon ha pedido bonos públicos de hasta $1,000 millones de la Autoridad de Financiamiento para el Control de la Contaminación de California, que generalmente se reservan para construir viviendas asequibles en en el estado.

A medida que el clima se vuelve más cálido, la transición a una energía 100% renovable es más urgente. Esto significa que debemos apoyar proyectos de agua públicos eficientes basados en la naturaleza y dejar de invertir en proyectos privados como Poseidon que solo contribuyen a la crisis climática y a la contaminación de los océanos.

El galón de agua más barato es el que no tenemos que conseguir. Es por eso que la eficiencia y la conservación juegan un papel crucial en nuestro futuro inmediato. Dar prioridad a las ganancias de las corporaciones a expensas de la resiliencia y el liderazgo climático no es una opción.

Andrea León-Grossmann es la directora de Acción Climática de Azul, una organización con sede en San Francisco que trabaja con la comunidad
latina para proteger nuestras costas y océano.