Indígenas alertan de “falsos líderes” para aprobar proyectos en su contra

MEXICO.- Organizaciones indígenas  temen mayor violencia en contra de los defensores de la tierra después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso Federal emitir una ley que reglamente el derecho a la consulta previa, libre e informada sobre los proyectos estatales o privados que invadan sus tierras.

Durante más de una década el Legislativo evitó realizar una ley de consulta indígena a pesar de que México se comprometió a hacerlo y firmar el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Así, sin una reglamentación a la consulta, se dio luz verde 506 proyectos que impactarían a 63 etnias, entre ellas, amusgos, awakateko, chatino, chichimeca, cucapá, huasteco, huichol ixcateco, kanjobal, kekchí, mayas, nahuas, otomíes, mixes, pápagos, tecos, purépechas, popolocas, tepehuas, yakis, según el Atlas de Megaproyectos en Zonas Indígenas y Negras de América Latina.

El Congreso miró para otro lado y el resultado fue que de todas consultas que se realizaron para el esos proyectos sólo dos han pasado por el debido proceso, según el estudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): en en el resto, “las manipulaciones han sido una constante”.

Ante la inacción del congreso, la SCJN le ordenó el pasado 10 de junio hacer una Ley de Consulta Indígena que deje claras las reglas.

Previamente, la Secretaría de Gobernación había convocado este año a diversas organizaciones a participar en 10 foros abiertos para preguntar sobre cómo debe ser la ley pero dejó un mal sabor de boca a los críticos de organizaciones de pueblos oriundos.

Dicen que son una farsa, que al final se hará lo que quiera el mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador (o cualquiera que está en turno), porque ahora se tiene la mayoría en las dos cámaras: la de diputados  y senadores y quieren dejar el tema de las consultas indígenas bajo control del Ejecutivo.

“A esos foros convocaron sólo a quienes le conviene”, advierte Rafael Ornelas, presidente del Consejo Nacional Mexicano de Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas. “La estrategia para la ley será darle voz sólo a quienes no se oponen a los proyectos federales como el Tren Maya o el Transitsmico”.

En ello coincide la relatora especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz.  “Las autoridades eligen a algunas personas que creen que estarán de acuerdo con el proyecto y sólo a esos se les consulta, por eso las comunidades están divididas. Ningún gobierno debería permitir que se realice un proyecto comercial en esas zonas sin consultarlos”.

En cambio, cuando la tierra de los indígenas se ha vuelto blanco de interés para explotación comercial suele haber asesinatos e intimidaciones. Mala fe, desinformación, despojos, timos y mentiras, según el informe de la ONU.

A esta situación se agrega un nuevo elemento, advierte Ornelas. “Se sabe que tras la decisión de la corte se tendrá que consultar a fuerza a los indígenas y por eso ahora  las empresas y gobiernos están infiltrando a falsos líderes indígenas para empujar los proyectos en todo el país”.

Otras estrategias

La promesa de beneficios hacia los indígenas afectados es una de las malas prácticas. Para la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, por ejemplo, el gobierno prometió al pueblo, ubicado junto a la base aérea de Santa Lucía, en el Estado de México, resolverles el conflicto del agua si dejaban el paso a los aviones.

Los asistentes a la reunión votaron a mano alzada a favor del aeropuerto porque el gobierno ofreció muchas ayudas para el pueblo, y porque consideraron que, de todos modos, “el proyecto ya estaba en marcha” cuando la consulta debió ser antes.

Por falta de consulta previa e informada, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo en Oaxaca se opone al Corredor Interoceánico en la región del Istmo de Tehuantepec (en Oaxaca), un proyecto que consiste en la ampliación de los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, en la modernización de las vías del ferrocarril transístmico, parques eólicos, hidroeléctricas, fracking y minería.

Los habitantes del lugar dicen que la consulta realizada a finales de marzo de 2019 no cumplió con los estándares porque chantajearon a la comunidad: a la mayoría de las autoridades invitadas, les avisaron que si no aprobaban el proyecto del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, no se les iban a aprobar los proyectos de obras que necesitan.

Aseguran que hubo presencia intimidatoria del ejército dentro y fuera del recinto donde se realizó la asamblea consultiva y que el estudio de impacto ambiental estuvo “plagado” de irregularidades y omisiones

En otros casos, los activistas son asesinados. Ocurrió con la termoeléctrica Huexca —parte del Proyecto Integral Morelos en los estados de Puebla, Tlaxcala y Morelos—. Días antes de la consulta que organizó la Secretaría de Gobernación en  2019 sorprendieron a balazos al activista opositor Samir Flores.

Flores había sido crítico del incumpliendo del gobierno sobre las características que debe tener un proceso de consulta cuando los sujetos interesados sean integrantes de un pueblo indígena, como es el caso de esta región, habitada por nahuas porque el gobierno organizó el ejercicio volviéndose juez y parte, sin reglas claras.

Sin embargo el impacto  de esta y otras decisiones ha acarreado la pérdida de tierra y territorios tradicionales; la migración, el desalojo y el reasentamiento; el agotamiento de los recursos necesarios para la supervivencia física y cultural; la destrucción y contaminación del medioambiente; la fragmentación del tejido social comunitario, y el hostigamiento y la violencia.

Opciones

El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la organización Fundar advirtió en un informe que será inútil concentrar todos los esfuerzos estatales únicamente en el derecho a la consulta de los indígenas. “Hace falta robustecer otras garantías como la libre determinación, territorio y acceso a la justicia”.

La relatoría de la ONU solicitó algún tipo de sanción para aquellas personas que dividan a las comunidades como estrategia para lograr un proyecto. Muchas veces, a bases de sobornos logran “convencer” a algunas personas que aparecen en la comunidad como “progresistas” y pelean contra los que se oponen.

Naayeli Ramírez-Espinoza, consultora de la Fundación para el Debido Proceso, sugiere que cualquier iniciativa para la Ley de Consulta Indígena debe evitar  “la imposición vertical de una ley” o se llevaría invariablemente al fracaso del proceso y agravaría las distensiones en la relación entre pueblos indígenas y el Estado.

Te puede interesar:
· ¿Por qué Tetecala quiere ser el primer pueblo cannabico de México?
· Los descendientes de Moctezuma en el México de hoy
· Las mujeres detrás de la despenalización del aborto en México