Inmigrantes latinos ya no quieren ‘atole con el dedo’ de los congresistas demócratas

Activistas y defensores de los derechos de los inmigrantes no quitan el dedo del renglón y presionan en la arena pública para que haya unión en la presión al presidente Joe Biden, a la vicepresidenta Kamala Harris, a la congresista Nancy Pelosi, al líder del senado, Charles Schumer y a senadores de California, Dianne Feinstein y Alex Padilla y cumplan con la promesa de una reforma migratoria.

El llamado hecho frente al edificio federal Ronald Reagan en Los Ángeles también fue para las organizaciones proinmigrantes aliadas al Partido Demócrata y los poderosos sindicatos que representan a millones de trabajadores esenciales.

La manifestación y marcha fue una respuesta a los comentarios de la apartidista Elizabeth MacDonough, parlamentaria del Senado, quien rechazó la propuesta de ciudadanía incluida en el presupuesto de infraestructura demócrata de $3.5 billones.

“Todo parece cuesta arriba para la reforma migratoria, a pesar del presidente Biden y que su partido controla ambas cámaras del Congreso”, dijo a La Opinión, Salvador Sanabria, director ejecutivo de la organización El Rescate.

Sanabria, numerosos líderes y activistas exigen que no se descarte ninguna posibilidad y se resuelva de forma permanente el estatus migratorio de 11 millones de personas, incluyendo a los Soñadores, tepesianos, trabajadores agrícolas y trabajadores esenciales que mantuvieron a flote la economía de Estados Unidos durante la pandemia de covid-19.

“[Los demócratas] tienen que actuar con valentía, aunque sabemos que el Congreso está hecho de políticos profesionales que descartarían nuestros derechos y nuestros intereses pueden ser sacrificados”, añadió.

La funcionaria MacDonough decidió que el lenguaje de inmigración no podía ser incluido en el proyecto de ley, que ha sido protegido de los intentos republicanos por descarrilarlo.

El presupuesto requiere 60 votos en el Senado, y aparentemente tiene menos posibilidades de éxito en la cámara alta, integrada por 48 demócratas, 2 independientes y 50 republicanos.

“Atole con el dedo”

Sin embargo, el activista Juan José Gutiérrez afirmó que los comentarios de Elizabeth MacDonough son solamente su opinión.

“Por eso, pedimos al Senador [Charles] Schumer que se arme de valor y responsabilidad ante nuestro pueblo; pero el presidente Biden también tiene que cumplir su palabra y mover la reforma migratoria”, dijo el activista.

Agregó que el efecto de la manifestación fue para “dejar en claro” también a la vicepresidenta Kamala Harris, a la líder demócrata en el Congreso, Nancy Pelosi, a todos los representantes de California en el Congreso y a los senadores Dianne Feinstein y Alex Padilla “que no somos ningunos retrasados mentales”.

“Ya está bueno que nos den atole con el dedo; no sé a qué le tienen miedo los demócratas …nosotros trabajamos arduamente para darles la victoria y, si definitivamente no responden, en [las elecciones intermedias de] 2022 definitivamente habrá un voto de castigo, aunque no nos queremos adelantar a los hechos”, expuso.

En el mismo contexto se manifestó Luis Vega, director de la Coalición de Derechos Humanos de Arizona, quien recordó las victorias del pueblo inmigrante contra ley SB1070, la derrota infligida al alguacil racista Joe Arpaio y el cambio de ese estado de rojo a azul.

“En el Congreso queremos ahora un alto a la hipocresía”, dijo.

“Queremos decirle a Pelosi y al presidente Biden, ¡ya basta de mentiras!”, dijo por su parte, Cecilia Rodríguez, directora ejecutiva de la Alianza Hondureña de Los Ángeles.

“Paren de dividir al pueblo inmigrante”

Madre de tres hijos con autismo y una niña con una discapacidad intelectual aboga por su esposo indocumentado

El pequeño Gustavo Arriaga, de nueve años, padece autismo, pero entiende las consecuencias devastadoras para su familia, si su padre, del mismo nombre, fuera deportado de Estados Unidos.

Durante una protesta sobre migración en el centro de Los Ángeles, el niño se refugia en los brazos de su madre, Mirtha Arriaga, y derrama lágrimas que empañan sus lentes.

Gustavo, su hermana Saraí, de 15 años y su madre son ciudadanos estadounidenses, a excepción del progenitor de la casa que nació en Jalisco, México.

Los tres participaron en una marcha y manifestación frente al edificio federal Ronald Reagan, donde representantes de varias organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes clamaron por una legalización ahora, para unas 8 millones de personas.

“Como sucede en mi caso, en California hay un millón de familias mixtas, donde al menos un miembro es indocumentado”, dijo Mirtha Arriaga, integrante de American Families United, una organización sin fines de lucro que surgió en la ciudad de Maywood.

“Necesitamos la legalización porque las  leyes de inmigración son crueles e  inhumanas”.

Mirtha dice que su familia vive en las sombras desde 1996 y que 2021 debe ser el año de legalización para millones de inmigrantes.

La activista confía en el avance de otro proyecto de legalización en el Congreso, la ley HR 2920, de la congresista demócrata de Texas, Verónica Escobar y su homólogo republicano David Valadao, de California.

La iniciativa se centra en los problemas de inmigración y ciudadanía que separan a los ciudadanos estadounidenses de sus cónyuges e hijos.

La HR 2920 o Ley de Familias Estadounidenses Unidas fue introducida en el Congreso el 30 de abril, sostiene que más de 1.3 millones de ciudadanos estadounidenses han experimentado la separación familiar porque el familiar incluye al cónyuge de un ciudadano estadounidense a quien se le ha negado una visa o se le ha deportado de los Estados Unidos.

Se estima que otros 2.7 millones de ciudadanos estadounidenses se enfrentan a la posibilidad de una separación familiar por este motivo.

Si bien a las personas normalmente se les puede negar el permiso para vivir en Estados Unidos por una variedad de razones, los trabajadores de inmigración y los jueces a veces pueden sopesar otros factores para renunciar a estas razones, es decir, actuar con discreción y aprobar algún caso. Actualmente, esos factores no incluyen el derecho de un ciudadano estadounidense a vivir con su familia en Estados Unidos.

Sin embargo, la Ley HR 2920 abordaría este problema al permitir que los ciudadanos estadounidenses soliciten una exención dependiendo el caso para el cónyuge e hijos no ciudadanos por muchas de las razones por las que normalmente se les puede negar el permiso para vivir en los Estados Unidos.

“Lo que más anhelo es que mi esposo pueda arreglar su situación, pero por ahora muchos abogados nos han dicho que no se puede hacer nada”, comentó Mirtha Arriaga.

“Pero, seguiremos luchando porque este debe ser el año de la reforma migratoria; ya es hora de parar de dividir al pueblo inmigrante”.

Mirtha lucha para mantener a su familia unidad y que sus hijos no sufran la separación de su padre en caso de una deportación, máxime que él es el único sostén económico de la familia.

Los hijos de la pareja son: Gustavo (9) Joaquín (6), y Santiago (3), todos padecen algún grado de autismo, mientras que Saraí (15) padece una discapacidad intelectual. Jayleen (3) es la única de todos los hermanos que no tiene ningún problema de salud.