El debate por los autos chocolate vuelve otra vez a México

MEXICO.- Los propietarios de automóviles procedentes de Estados Unidos que ingresaron al país de manera ilegal —conocidos como autos chocolate— se encuentran en medio de un debate entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la industria automotriz.

“A ver qué pasa”, dice Alfredo Rocha, un carpintero de  37 años que tiene una Pickup Toyota guardada en su taller para evitar problemas en la ciudad de Tijuana, donde las políticas respecto a estos vehículos están a capricho del gobernante local en turno: un día los permiten circular sin problema; otro, hacen redadas.

De acuerdo con el decreto presidencial publicado el 13 de octubre pasado, la legalización de estas unidades anteriores a 2006 será para los estados fronterizos de Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Baja California, Baja California Sur, Coahuila y Tamaulipas, donde se deberán dictar programas para incentivar a los dueños al registro. 

Pero el límite a estas entidades genera mucha zozobra en el resto del país y ya existen presiones de otros lugares como Durango donde se considera “absurda” la medida porque unos sí tendrían derechos y otros no aún cuando hay problemáticas muy similares.

“Vamos a hacer nuestro padrón de unidades y con ello vamos a exigir lo mismo que a los otros siete”, dijo Antonio Tirado, coordinador nacional de la asociación civil Unión Campesina Democrática (UCD). “La realidad es que hay un problema en todo el país.

Los cálculos del presidente mexicano es que hay alrededor de medio millón de unidades que podrían estar en condiciones de irregularidad en la región fronteriza, pero la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz señala que en todo el país debería de haber en total 1.5 millones como consecuencia de diversas políticas durante dos décadas y hasta más atrás.

En 2005, el entonces presidente Vicente Fox aprobó un decreto que establecía las condiciones para la importación definitiva de este tipo de autos que se  disparó a casi 800,000 unidades, una cifra equivalente al 70% de las ventas de vehículos nuevos; tres años después superaron a éstas.

La industria automotriz protestó y fue hasta 2014 que Hacienda puso nuevos candados a la importación de autos usados, solicitando la factura original y un certificado de emisiones. Ese año la importación se redujo 30% y desde entonces ha bajado hasta el 15%. 

En medio de estos altibajos (que tienen como trasfondo a los acuerdos de libre comercio por los cuales se permite importar sin aranceles), ha quedado gente como Samuel Alvarez en Villagrán, Guanajuato, a quien su hermano, que vive en Atlanta, le regaló hace cinco años un Gran Marquis para llevar y traer a su mamá quien está enferma de la columna vertebral y de los ojos.

“Es muy complicado trasladarla en transporte público porque hay que bajarse en una parada y caminar al hospital o a las tiendas”, reconoce. “Y es muy difícil que con mi sueldo de intendente de secundaria pueda pagar un coche aquí en México”.

Por esas condiciones, el hermano contrato a una persona cuyo negocio es llevar y traer cosas de Estados Unidos y así aterrizó el Gran Marquis en Guanajuato.

Para evitar problemas, Samuel Alvarez se unió a la UCD de Guanajuato que le da una calcomanía con numeración que debe renovar acada año en la asociación por alrededor de 35 dólares: el equivalente a una semana de su salario pero no le queda de otra; sin esa protección, los policías lo detendría y podrían quitarle hasta 10 veces más como ya le ocurrió a un amigo. 

“Esperamos que el programa de regularización también llegue aquí”.

El argumento sobre los pobres que no pueden comprar autos nuevos nacional es una de las banderas de López Obrador para capotear los reproches de la industria.  

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores recordó que entre 1979 y 2011 hubo 19 procesos de regularización que no lograron resolver el problema sino potenciarlo igual que ocurre ahora con el nuevo decreto: desde la propuesta original del presidente a finales de junio pasado, la importación de autos usados se incrementó un 70%.

Por otro lado, la Confederación Patronal de la República Mexicana calificó el ingreso ilegal de autos a México como un acto de evasión fiscal y un delito con el que se benefician organizaciones criminales, grupos que promueven la corrupción e incluso la comisión de otros delitos.

“Este anuncio es un cheque en blanco para la delincuencia amén del golpe al sector automotriz y al empleo nacional en uno de sus momentos más adversos por la pandemia”, detalló en un comunicado de prensa.

Para Alfredo Rocha, quien tiene una pickup en Tijuana, el asunto de los autos chocolate tarde o temprano tiende a politizarse y duda que haya incentivos para los habitantes de la frontera. “Aquí, por ejemplo, casi nunca les dicen nada a los autos chocolate; en cambio, si se regularizan, tendrían que pagar un montón de impuestos anuales”, advierte. 

Tampoco duda de que sigan entrando más autos porque actualmente los vendedores pueden ganarse miles de dólares en una tarde al comprar autos en San Diego o Los Angeles y pagarle a ciudadanos estadounidenses para que los ingresen a México y luego ofertarlos por Facebook y otras redes sociales.  

“Es muy sencillo porque las reglas actuales sólo piden un certificado de propiedad de Estados Unidos para poder circular sin importar que  luego vienen otros problemas: a mí me chocaron y el conductor huyó  cuando se investigó de quién era la unidad resultó que era de un americano que había sido del dueño anterior”, advierte.

Otro asuntos son los delitos: AMLO advirtió que se cometen crímenes con estos autos y por ello deben regularizarse, pero para observadores como Alfredo Rocha, quienes comenten asesinatos de alto impacto no son quienes los usan: “éstos van en autos nuevos y robados”.

Al final, dice, el asunto es una simple aplicación de la ley.

¿Cuáles serán los requisitos para la regularización?

– Será en siete estados fronterizos.
– Costará 2,500 pesos (alrededor de 125 dólares)
– Los modelos deben ser anterior al 2016.
– Dos copias de cada uno de los siguientes documentos: título de propiedad, credencial de elector, licencia de conducción, comprobante de domicilio, póliza de seguro y daños a terceroLa Shipper Export Declaration.

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