No cede la resistencia antivacunas: algunos negocios rechazan pedir comprobante de vacunación

A medida que se acercan las fechas límites para que todos se vacunen y aparece el riesgo de perder el empleo o ser multados y luego de que algunos condados han puesto mano dura a los negocios que se niegan a pedir comprobantes de vacunación, ha aumentado la resistencia de comercios que incluso han decidido retar a las autoridades.

El caso más sonado ocurrió en San Francisco donde el Departamento de Salud Pública de esa ciudad cerró las operaciones en interiores del único In-N-Out de esa localidad, por no cumplir de manera consistente con pedir prueba de vacunación a los clientes.

En agosto, la ciudad adoptó una política para limitar el servicio de venta de comida en los interiores de restaurantes solo a los clientes vacunados.

Pero abiertamente la cadena de hamburguesas respondió: “Nos negamos a convertirnos en la política de vacunación de cualquier gobierno”, dijo en un comunicado Arnie Wensinger, funcionario de negocios y legal de In-N-Out.

Señaló que están totalmente en desacuerdo con cualquier dictamen del gobierno que obligue a una empresa privada a discriminar a sus clientes.

El In-N-Out fue cerrado por las autoridades de salud el 14 de octubre, y más tarde, les permitieron abrir solo para llevar y vender comida en exteriores

La cadena de hamburguesas tiene su sede en Irvine, y la mayoría de sus negocios están en el sur de California. 

En el caso del condado de Los Ángeles, los empleados y clientes de los eventos masivos, bares, centros nocturnos y cervecerías deberán mostrar prueba de al menos una dosis de vacuna para consumir dentro de sus interiores, o una prueba negativa al covid, tomada como máximo 72 horas antes.

La orden del condado de Los Ángeles no incluye a los restaurantes, y la deja al criterio de los propietarios.

Sin embargo, el mandato de la ciudad de Los Ángeles es aun más estricto, y contempla a los restaurantes y una variedad más amplia de negocios. 

Los negocios tienen hasta el 4 de noviembre para comenzar a pedir la prueba de vacunación.

El Departamento de Salud Pública de Los Ángeles informó que el condado está en una mejor posición, con más del 60% de los casi 10.3 millones de residentes completamente vacunados.

Pero la persistente circulación de la altamente transmisible variante Delta hace más probable que la gente infectada pueda propagar el virus en los lugares atiborrados.

Por lo tanto, las autoridades sanitarias revelaron que los inspectores continúan visitando negocios todos los días para asegurarse que se cumpla con las medidas de seguridad anti-covid como la verificación de la vacuna y el uso de mascarillas.

“Primero se utiliza la educación como primer paso, y si no cumplen, se procede a multarlos. La semana entre el 16 y 22 de octubre, se multaron a dos escuelas”, dijeron en un comunicado.

Para reportar a los negocios que no cumplan con las órdenes de pedir comprobantes de vacunas o el uso de mascarillas, pueden llamar al 888-700-9995, o visitar el sitio: www.publichealth.lacounty.gov .

Se resisten guardias de prisiones

Temerosos del impacto que pueda tener en el sistema de prisiones, la orden dada por un juez federal de que todos los empleados deben estar vacunados, el gobernador Gavin Newsom y el Departamento de Prisiones (CDCR) apelaron la decisión.

Y es que solo el 51% de los aproximadamente 28,000 guardias de las prisiones están vacunados, según la presentación hecha en la corte, tras la demanda interpuesta por la organización Prison Law Office para que se inmunice contra la covid a todo el personal de las prisiones.

Bajo los mandatos actuales, los guardias de las prisiones deben estar vacunados o presentar una prueba de covid con regularidad. 

La orden del juez Jon S Tigar elimina la opción de la prueba de covid, con excepción de aquellos que aduzcan razones médicas o religiosas.

Connie Gibson, directora de la División de Instituciones para Adultos del Departamento de Prisiones, dijo en su declaración en la corte que está preocupada de que un número importante de guardias puedan renunciar o ser despedidos por no aceptar la vacuna.

Según lo reportado por el diario Seattle Times, en el estado de Washington, el 4.5% de los empleados estatales y de las prisiones renunciaron o fueron despedidos por no ponerse la vacuna.

Gibson estimó que entre 8 y 10% de los guardias de las cárceles podrían perder su empleo, lo cual tendría un impacto devastador, ya que afectaría la capacidad de proporcionar servicios en las prisiones. Además de que estarían menos seguras.

De acuerdo al sitio web del Departamento de Prisiones, 241 presos y 46 empleados han muerto de covid-19. Además 50,000 han salido positivos al virus.

Amplían plazo

Esta semana, el Concejo de Los Ángeles amplió el plazo para que los empleados municipales se vacunen contra covid-19 hasta el 18 de diciembre.

De otra manera, deberán prepararse para perder su trabajo, advirtió el alcalde Eric Garcetti.

“La orden de vacunarse es crítica para proteger la salud y seguridad de las fuerza laboral y de los angelinos que servimos”, agregó.

Hasta el 18 de diciembre, los empleados no vacunados deben someterse a dos pruebas de covid-19 por semana, y se les descontará $65 por cada examen de sus cheques de pago.

Asimismo los exámenes deberán ser hechos por un proveedor autorizado por la ciudad.

Según información revelada por la oficina del alcalde, hasta el 19 de octubre, el 72.8% de los empleados municipales se habían vacunado total o parcialmente, el 17.9% no quiso revelar su estatus y el 9.2% no se había vacunado. 

Entre los policías, el jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Michel Moore dijo que el 70% está completamente vacunado.