Abuelitos de Boyle Heights demuestran que la unión hace la fuerza

Un grupo de 17 inquilinos de la tercera edad se anotó una importante victoria al demostrar en base a la ley, que los incrementos de alquiler de entre 30% y 60% que querían aplicarles eran ilegales.

Luego de varias protestas,  Albert Otero, propietario de Coronel Village Senior Apartments en Boyle Heights donde viven estas personas de cabello blanco y caminar lento, declinó a los aumentos que entrarían en vigor el 1 de noviembre.

Tal como lo hicieron hace un mes cuando salieron de sus viviendas para protestar frente al edificio ubicado en el 915 sur de la avenida Boyle, esta vez los ancianos usaron pancartas donde escribieron:

“La unión hace la fuerza” y cantaron “Sí se pudo, ¡Sí se pudo!”.

Christina Cologne, una abuelita de 64 años que ha vivido en el inmueble por tres años, dijo a La Opinión que “lo que quiso hacer este señor con nosotros, no creo que se lo haría a su madre o a su abuela”,

Cologne vive con su hija Guadalupe, quien está discapacitada. El aumento mensual de su alquiler iba a ser de $545.00, para pagar un total de $1,558.

“Yo le dije al dueño que nunca iba a poder pagarle ese dinero”, indicó. “A otros, la manager de los apartamentos les dijo que, si no tenían para pagar la renta, que pidieran más dinero al Seguro Social”.

Entre abril y junio, los residentes de Coronel Village se organizaron y pidieron mejoras a sus condiciones de salubridad y seguridad, a través de la compañía administradora del inmueble, Genessy Management Company.

Después que obtuvieron respuesta en cuanto al reemplazo de alfombras viejas y sucias, pisos de madera o linóleo, chapas nuevas en las puertas, paredes enmohecidas, presencia de cucarachas y otros servicios que, -dijeron- habían sido negados por años, en agosto comenzaron a recibir cartas sobre el elevado aumento de la renta.

“Hoy [el lunes] iban a declararse en huelga, no sobre el pago de la renta, sino del incremento injusto e ilegal”, dijo Fernando Ramírez, activista de la Unión de Vecinos.

Martínez fue uno de los asesores principales de las personas mayores, quienes le agradecieron su intervención, además del auxilio oportuno de la oficina del concejal por el distrito 14, Kevin de León.

De hecho, en una carta fechada el 24 de septiembre y firmada por De León, y de la cual La Opinión obtuvo una copia, la representante del área, Michelle Bertinelli, indicó a Albert Otero y a Genessy Management Company que estaban enterados de las amenazas del aumento de rentas entre 30%  y 60%.

“Personal de mi oficina se ha reunido con muchos de los 48 inquilinos, quienes son de muy bajos recursos económicos, la gran mayoría personas mayores que batallan con enfermedades crónicas, pero que han hecho todo lo posible para pagar mes a mes su renta”, indica la misiva.

“Fui informado el miércoles 27 de octubre que les enviaron cartas a los inquilinos rescindiendo inmediatamente los incrementos de la renta, pero seguidos de amenazas verbales, de aumentos de renta el próximo año”, añade la carta.

Sin embargo, el concejal De León dejó saber al dueño del edificio situado muy cercano a la autopista 101 y con vista panorámica hacia los rascacielos del centro de Los Ángeles, que cualquier  incremento de la renta para este edificio requeriría la aprobación de la Autoridades de Desarrollo del condado de Los Ángeles y no puede ser instituido sin su aprobación.

De acuerdo con la Autoridad de Desarrollo del condado de Los Ángeles, los acuerdos regulatorios respecto a ese edificio no vencen sino hasta el 76 de febrero del año 2061.

“Cualquier incidente de intimidación será reportado directamente a la Ordenanza Anti-acoso de Inquilinos (TAHO) que aplica a todas las unidades residenciales en la ciudad de Los Ángeles.

El edificio de  apartamentos está catalogado como vivienda asequible parta personas mayores de edad, pero está exento de la ley SB 1482.

El 1 de enero de 2020, el gobernador Gavin Newsom aprobó el Proyecto de Ley 1482 de la Asamblea de California, una ley de control de alquileres en todo el estado que permitía a la mayoría de los propietarios residenciales tener solo un aumento anual del alquiler del 5%, más el precio de la inflación.

Sin embargo, el Sindicato de Inquilinos/ Unión de Vecinos (SILA) encontró que los propietarios del edificio estaban violentando el código penal 396 de California, referente a la lucha contra el aumento excesivo de precios durante emergencias, en este caso la pandemia de covid-19.

El Código Penal de California 396, que fue reforzado en octubre de 2020, estabiliza el precio de los bienes y servicios de consumo esenciales, incluida la vivienda, durante los treinta días siguientes a la proclamación del estado de emergencia o la declaración de una emergencia local.

“La orden ejecutiva del gobernador Gavin Newsom es temporal, pero eso que hizo [Albert Otero] haría ilegal el aumento de la renta”, precisó Fernando Ramírez. “Por ahora, todos nuestros viejitos pueden dormir tranquilos”.

Hicieron fiesta…, pero fueron amenazados

El fin de semana, Lupita Villegas, de 76 años, convocó y organizó a sus vecinos para festejar la noticia de que no habría aumentos al alquiler.

“Todos trajeron algo de comida para compartir: pollo, chowmein, nachos, chips, gelatinas, agua, sodas y pastel”, dijo Lupita. “Lo hice de corazón y hasta en una mesita pusimos las fotos de nuestros familiares para celebrar el Día de Muertos”.

Sin embargo, no todo ha sido alegría, ya que algunos residentes del edificio como Francisca Monreal, de 74 años y quien ha vivido por 20 años en Coronel Village Senior Apartments denunció que ha sido amenazada verbalmente por apoyar a los demás ancianos en su lucha.

“Me dijeron que me iban a denunciar para que me quitaran la Sección 8”, dijo Francisca a La Opinión.

Francisca, quien es una sobreviviente de cáncer de ovario vive sola en su apartamento. Bajo el cuidado de Juan Báez, un amigo de su difunto esposo, Guillermo Yánez.

“A mi pareja me lo apachurró [atropelló] un troque [un camión] hace cuatro años”, contó Francisca, originaria de León, Guanajuato. Ella solamente paga $325 mensuales por su departamento que tiene una vista panorámica hacia los rascacielos del centro de Los Ángeles.

“Lo que pasa es que nos quieren echar a la calle para rentarle más caro a otros, porque esta área va a subir de precio con las obras que andan haciendo en el freeway [la autopista 101]”, explicó.

Francisca consideró que lo hecho por Albert Otero “no está bien porque a nosotros no nos dan más dinero y con lo poco que recibimos del seguro tenemos que defendernos, pero él encaja la uña y uno no se va a dejar; a veces entre los latinos hay más racistas y nos molestamos más unos a otros”.

Por su cercanía al centro de Los ángeles, Boyle Heights es una comunidad que ha sido plagada de amenazas de desplazamiento por parte de desarrolladores, según las autoridades.

“Estoy aquí para gobernar y proteger a la gente que me eligió por una gran mayoría”, dijo el concejal Kevin de León en su carta enviada a Albert Otero y Genessy Management Company.

“Tenga la seguridad que utilizaré todo lo que está a mi alcance para protegerlos de la amenaza de la indigencia, acoso y desplazamiento”, advirtió el funcionario municipal.

Solís también llegó al rescate

La presidenta de la Junta de Supervisores del condado, Hilda Solís, dio a conocer a La Opinión que, cuando se enteró de la propiedad en Boyle Heights donde los inquilinos recibieron avisos de aumentos de alquiler, su oficina se comunicó de inmediato con la Autoridad de Desarrollo del Condado de Los Ángeles (LACDA).

“En 2006, la propiedad, conocida como Coronel Village, recibió aproximadamente $ 1 millón en fondos reservados para viviendas de remodelación anteriores de la LACDA. Este préstamo también incluyó un acuerdo regulatorio que restringió el monto del alquiler que se puede cobrar a todos los inquilinos de la propiedad”, dijo la funcionaria.

Después de ser notificado de los aumentos de renta propuestos, el equipo de Gestión de Activos de LACDA revisó el proyecto y confirmó que, de acuerdo con el acuerdo regulatorio de 55 años para la propiedad, no se podían aumentar las rentas.

“Este acuerdo reglamentario estará vigente hasta febrero de 2061”, expuso Solís, supervisora del distrito 1. “La LACDA se comunicó tanto con el dueño de la propiedad como con la compañía administradora de la propiedad, Genessy Management and Development, para discutir los aumentos de alquiler propuestos e informar a las partes que los alquileres no se pueden aumentar en esta vez”.

“Además, cualquier aumento de alquiler propuesto en el futuro necesitaría la aprobación de LACDA antes de entrar en vigor”, afirmó.

Como resultado de estas discusiones, la LACDA solicitó que el administrador de la propiedad informe a los residentes que se rescindiría el aumento de alquiler propuesto, lo que ocurrió el 27 de octubre de 2021.

“Esta pandemia nos ha afectado a todos por igual y, con ese fin, estoy enfocada en cumplir las necesidades de nuestra comunidad para estabilizar los hogares y mitigar los efectos perjudiciales de los desplazamientos perturbadores en todo el condado”, manifestó la supervisora Solís.