Un llamado para la democracia de Honduras

El país centroamericano ha estado en crisis desde el golpe de Estado de 2009, que derrocó al gobierno democráticamente electo de Manuel Zelaya Rosales

Migrantes de Honduras y Guatemala son los principales afectados por las miles de deportaciones.
Migrantes de Honduras y Guatemala son los principales afectados por las miles de deportaciones.
Foto: PAUL RATJE / AFP / Getty Images

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en la revista Newsweek

Cada día más de 200 familias hondureñas cruzan la frontera sur de los Estados Unidos buscando asilo – más que ninguna otra nación del mundo… Obligados a huir de la opresión, la violencia y los desastres relacionados con el clima, incluso las personas hondureñas más jóvenes y con educación universitaria no ven un futuro para sí mismos en su país de origen.

Vivimos bajo una aparente democracia, pero no hay separación de poderes. La corrupción generalizada impregna a la élite gobernante, como lo demostró recientemente la sentencia del hermano del presidente Juan Orlando Hernández a principios de este año. El propio Presidente Hernández ha sido identificado en los tribunales estadounidenses como un co-conspirador en un caso de conspiración de droga. Las instituciones democráticas destinadas a investigar a los funcionarios públicos vinculados al crimen organizado han quedado en gran parte inhabilitadas.

Se han producido decenas de violaciones de derechos humanos, incluidos asesinatos de candidatos políticos, periodistas, abogados y jueces. Honduras ha sido llamado “el lugar más letal para ser un ambientalista“, ejemplificado por el asesinato de alto perfil de la ganadora del Premio Ambiental Goldman, Berta Cáceres en 2016 por organizar a las comunidades indígenas para luchar contra el desplazamiento.

Los impactos de la pandemia y dos huracanes consecutivos en 2020 han devastado una ya de por sí terrible situación económica. Según el Banco Mundial, casi la mitad de la población de Honduras vive con menos de $5.50 dólares estadounidenses por día, lo que convierte a Honduras en el segundo país más pobre de América Latina y el Caribe.

Aún todo esto puede cambiar en solo un par de semanas en las próximas elecciones en Honduras. Con un nuevo presidente y muchos otros funcionarios en la papeleta, el 28 de noviembre es nuestra mayor esperanza de escapar de este régimen autoritario y restaurar la democracia.

Sin embargo, existe preocupación por las recientes tácticas de miedo destinadas a intimidar a los votantes. Más de 30 personas fueron asesinadas solo en este año por razones políticas, incluidos cuatro líderes políticos el pasado fin de semana.

Sin embargo, miles de hondureños y decenas de observadores internacionales se están preparando para monitorear esta elección. Pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos que el Departamento de Estado de EE. UU., se una a nosotros para garantizar que no se violen los derechos humanos y para hablar enérgicamente contra cualquier acto de censura o represión.

Esta semana, 29 miembros del Congreso enviaron una carta al Secretario de Estado de los Estado Unidos Blinken instándolo a “un fuerte monitoreo del Departamento de Estado y la crítica pública de las prácticas autoritarias para maximizar las posibilidades de un proceso electoral inclusivo y transparente” en Honduras. Claramente, el resultado de esta elección redunda en el interés de Estados Unidos.

Después de las elecciones de 2017 en Honduras, el Departamento de Estado de EE.UU. desvió su mirada cuando Hernández fue declarado ganador, a pesar de un evidente fraude y un llamado a repetirlos de la Organización de Estados Americanos. Durante meses, el ejército y la policía hondureños dispararon contra los manifestantes, matando a más de 30 personas y deteniendo a más de 1,300 para parar la disidencia. Instamos al gobierno de los Estados Unidos a no volver a cometer este error.

Nuestro país ha estado en crisis desde el golpe de 2009, que derrocó al gobierno democráticamente electo de Manuel Zelaya Rosales. Se ha profundizado la mezcla de oligarcas y narcotraficantes con actores estatales. La seguridad humana se ha deteriorado y no se han abordado problemas críticos como la sequía, la violencia de las pandillas y la pobreza extrema. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha informado que los periodistas se enfrentan a asesinatos selectivos, detenciones arbitrarias, destrucción de equipo y otros obstáculos que han impedido su capacidad para operar de forma independiente.

A pesar de la difícil situación hondureña, soy optimista. Por primera vez existe una amplia oposición al régimen actual que incluso cuenta con el apoyo de algunos en el sector privado que están hartos y quieren más oportunidades de crecimiento económico. Hay un nivel de organización y unidad en Honduras que hace eco de la dinámica en Chile previa al derrocamiento de la dictadura de Pinochet en 1990.

Honduras es un país en gran parte marginado y olvidado. Esta elección es una oportunidad para cambiar eso y abrir un nuevo capítulo. Podría resolver muchos de los problemas esenciales que enfrentamos. Un proceso electoral libre, justo y pacífico representa una importante oportunidad para que los ciudadanos hondureños restablezcan el estado de derecho.

Es importante que Estados Unidos actúe como un observador neutral, creíble e imparcial, y que apoye un resultado en Honduras que sea genuinamente democrático. Necesitamos que la comunidad internacional apoye unas elecciones transparentes, auténticas, claras y pacíficas, y el fin de 12 años de crisis.

Los hondureños quieren quedarse en el país que aman. En este momento, la migración no es una opción para muchos, sino un medio de supervivencia. Esta elección podría mejorar nuestra calidad de vida, permitir que todos y todas se sientan más seguros, hacer que nuestras voces sean escuchadas y detener el éxodo masivo.

Estamos listos para marcar el comienzo de una nueva era.

(*) Gustavo Irías, Director Ejecutivo del Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) en Honduras