Editorial: Las cárceles de ‘La Migra’

El presidente Joe Biden prometió cerrar las prisiones privadas que hacen una fortuna con el encierro de inmigrantes, manteniéndolos en condiciones malas y abusivas. La alternativa propuesta es mucho mejor, pero debe estar acompañado de otros cambios importantes.

En enero pasado Biden dio una orden ejecutiva para ir eliminando paulatinamente los contratos con las prisiones privadas. Meses después dijo que dará fin a la detención de inmigrantes en esos centros. El dilema es cómo lidiar con el 79% de inmigrantes detenidos en la actualidad en esos sitios y los indocumentados que están siendo detenidos.

La Casa Blanca está planeando ampliar un programa piloto de reclusión domiciliaria y toque de queda a través de varios dispositivos de seguimiento, como teléfonos móviles, pulseras y relojes inteligentes. Los detenidos tendrían que estar en su casa de 8 de la noche a 8 de la mañana, con excepciones de horarios de trabajo, para los que tengan autorización de trabajo o circunstancias extraordinarias.

Es mejor estar en el hogar en vez de un centro de detención con problemas de seguridad y maltrato, tal como describió estos sitios un reporte de la Oficina General de Contraloría (GAO). El propósito tanto de la vigilancia domiciliaria como el encierro es garantizar que el indocumentado arrestado en la frontera se presente a la audiencia con el tribunal de inmigración que decidirá su destino.

Los estudios indican que no es cierto que sin el encierro la mayoría de los indocumentados no se presentan a la cita con el juez. El reporte TRAC de la Universidad de Syracuse que analiza los datos migratorios señala que en 2015 el 86% de los indocumentados se presentó a la cita. En 2019 se mantiene la proporción en la cantidad de familias que cumplieron con la cita.

Las personas con asesoramiento legal son las que mejor asisten a la audiencia. El tener una ayuda migratoria no garantiza la residencia, pero ayuda a ir ante el juez, si el propósito es evitar la deserción. Condenamos los esfuerzos republicanos en la Cámara de Representantes para eliminar el dinero para este consejo legal.

Nos preocupa que cada vez es mayor el retraso de casos en los tribunales de inmigración. A finales de diciembre de 2021, el número de casos pendientes alcanzó 1,596,193, el mayor de la historia del sistema de tribunales de inmigración. TRAC estimo que la espera es más de 900 días.

Creemos que es urgente complementar el cambio de encierro en prisión privada por vigilancia domiciliaria con asesoría legal para lograr la meta de que se trate caso por caso según la situación del indocumentado. Al igual que expandir el tribunal de inmigración para no eternizar una estricta medida temporal.