Proponen vivienda para apoyar la reincorporación de los exprisioneros a la sociedad

Por muchos años Keith Arvinvine se la pasó entrando y saliendo de la prisión estatal. Sus delitos usualmente eran realizar actividades criminales y de drogas mientras vivía en casas abandonadas.

En el 2012 fue arrestado por robo y en la corte le ofrecieron seis meses de cárcel con cinco años de libertad condicional. Aceptó la sentencia y una vez en la cárcel, un compañero de celda le platicó acerca del refugio St. Mary Center en Oakland, al norte de California.

Al ser liberado, llegó al refugio el cual le proveyó la ayuda que tanto necesitaba. No solo le ofrecieron una cama y un techo, pero también tomó clases de control emocional, de administración de dinero y de habilidades interpersonales. A cuatro meses de estar en el programa —y más de 10 años sin una vivienda fija—, White recibió su propio apartamento.

“Sé que la única razón por la que he podido mantener un estilo de vida saludable, normal y productivo es por el re-entrenamiento que recibí [mientras estaba en el refugio]”, aseguró Arvinvine.

Debido a su experiencia de primera mano, Arvinvine favorece la propuesta de ley AB 1816 la cual busca establecer un programa de desarrollo de vivienda y fuerza laboral para el estado de California, donde habrá estrategias de intervención basadas en la comunidad que brindan a las personas la oportunidad de reconstruir sus vidas.

Se estima que más de 30,000 personas serán puestas en libertad condicional o en libertad anticipada cada año durante los próximos cinco años, y es posible que cierren varias prisiones estatales.

El asambleísta Isaac Bryan, autor de la medida, indicó que el vínculo entre la falta de vivienda y el encarcelamiento es claro: la mayoría de las personas previamente encarceladas experimentaron inseguridad en la vivienda o falta de vivienda antes de su encarcelamiento.

“La AB 1816 ayudará a evitar que aquellos que acaban de salir de prisión, a menudo en el momento más crítico, caigan en este ciclo después de regresar a casa”, dijo el asambleísta.

Bryan indicó que la sociedad usualmente habla de la crisis de las personas sin hogar, de la necesidad de evitar que la gente caiga en la falta de vivienda, pero no se habla de qué hacer con las personas que salen de las prisiones.

“Aquellas que salen sin ningún tipo de infraestructura de apoyo, ni siquiera la infraestructura básica para construir la vida que muchos tenían antes de su encarcelamiento”, dijo Bryan en conferencia de prensa el miércoles.

Indicó que las personas que salen de las prisiones del estado se encuentran con miles de consecuencias colaterales a su condena que les impide conseguir vivienda, empleo y una forma de reconstruir sus vidas de forma sostenible.

“Pedimos una asignación presupuestaria de $2 millones este año, que es solo una fracción del dinero que gastaremos en vivienda y personas sin hogar”, dijo Bryan.

El Centro de Política Presupuestaria de California indicó que las políticas y prácticas racistas han colocado a las comunidades negras y de color en el mayor riesgo de participación del sistema de justicia, lo que puede causar y exacerbar la duración de la falta de vivienda. Incluso una estadía de una noche en la cárcel o prisión puede hacer que las personas pierdan su empleo y pongan en riesgo su seguridad financiera y de vivienda.

La AB 1816 se presentó el 7 de febrero de 2022 y ha sido remitida al Comité de Vivienda y Desarrollo Comunitario.

La falta de vivienda, un tema de alto interés

La propuesta del asambleísta Bryan se da en un momento en que la falta de vivienda y las autoridades de la ley son temas de alto interés. En dos recientes debates, el domingo y el martes, los participantes hicieron ver a los candidatos para alcalde de Los Ángeles que la falta de vivienda es la principal preocupación de los votantes.

Mientras tanto en el debate que se llevó a cabo el martes en la universidad Loyola Marymount—y que contó con varios protestantes interrumpiendo el debate—también tuvo como tema central los fondos otorgados al Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

Mientras que el concejal Joe Buscaino (CD-15) se comprometió a aumentar el número de oficiales a 11,000, el fiscal de la ciudad de Los Ángeles Mike Feuer dijo que tendrá una fuerza del orden de 10,000 miembros. El empresario Mel Wilson dijo que agregará 1,500 oficiales, la senadora Karen Bass dijo que aumentaría las filas por 200 oficiales y el concejal Kevin de León (CD-14) dijo que mantendrá el número actual de aproximadamente, 9,700 oficiales.