Defensores exigen “libertad para todos” los inmigrantes al reclamar trato injusto en EE.UU. en comparación con ucranianos en Europa

En Estados Unidos hay un “contraste” en la forma en que son tratados los refugiados de Europa y los que llegan a la frontera sur, afirmaron hoy lunes activistas al lanzar la campaña “Libertad para todos”, con el objeto de que el Congreso asigne fondos para la asistencia legal a los migrantes, independientemente de su origen.

“El ciclo diario de noticias está dominado por la situación en Europa, en Ucrania”, dijo en una teleconferencia Óscar Chacón, director ejecutivo de la coalición Alianza Américas.

“Las imágenes nos muestran a gente que llora, los niños, las mujeres, los ancianos desplazados por la fuerza y que buscan refugio en países vecinos. Hay en el hemisferio occidental una situación similar de la gente huye de sus países“, añadió.

La semana pasada una mujer ucraniana y sus tres hijos fueron rechazados en la frontera de Estados Unidos con México en aplicación de la norma sanitaria denominada Título 42, bajo la cual 1,6 millones de migrantes han sido rechazados en los últimos dos años con la excusa de la pandemia de covid-19.

El jefe de la mayoría demócrata en el Senado, Charles Schumer, llamó la atención pública sobre el caso, tras lo cual la mujer fue autorizada a ingresar al país por razones humanitarias.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) tiene actualmente casi 20,000 migrantes indocumentados bajo su custodia. Hace dos años llegó a tener un promedio diario de 40,000 detenidos.

“Por eso estamos lanzando la campaña ‘Libertad para todos'” explicó Chacón. “Nadie debería ser privado de su libertad porque busque protección debido a las guerras o a las condiciones que fuerzan a tanta gente a irse de sus países”.

Anna Chen, directora del Instituto Vera de Justicia, señaló que casi 70% de los migrantes detenidos no tienen representación legal para lidiar con las complejidades del sistema de inmigración de Estados Unidos.

“Nuestras leyes federales no garantizan que el Gobierno proveerá asesoría legal y abogados que representen a los migrantes”, sostuvo. “Muchos de estos migrantes son deportados porque no tienen representación legal”.

“La campaña ‘Libertad para todos’ reclama que haya fondos para que todos los migrantes tengan asesoría legal”, continuó Chen. “Actualmente hay más de 1,6 millones de casos pendientes ante los tribunales de inmigración, y unas 800,000 de esas personas no tienen representación legal”.

“Esto es un asunto de justicia económica y justicia racial”, afirmó Chen, quien indicó que 50 distritos políticos, incluidos estados y municipios, han creado programas que financian la asistencia legal para migrantes.

El proyecto de presupuesto aprobado la semana pasada con apoyo de demócratas y republicanos en la Cámara de Representantes incrementa los fondos para las agencias de control de inmigración pero no otorga recursos para esa ayuda a los migrantes.

El proyecto aumenta en $284.7 millones de dólares la asignación para el ICE, y de ese incremento unos $57 millones de dólares van para la división que se ocupa de detenciones y deportaciones.

Esa asignación, para desazón de quienes abogan por los migrantes, supera en $109 millones de dólares lo que el Gobierno del presidente Joe Biden había solicitado.

El presupuesto asigna casi $1,000 millones de dólares a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), en otro desaire para los activistas que han presionado por un corte de fondos a esa agencia.

Actualmente hay unos 200,000 migrantes en libertad vigilada, ya sea con grilletes electrónicos o una aplicación en sus teléfonos celulares, a la espera de su audiencia en un tribunal de inmigración.

Heidi Altman, directora del Centro Nacional de Justicia para el Inmigrante, calificó de “más que increíble” el hecho de que los legisladores mantengan los fondos para la detención y vigilancia de migrantes pero no hayan asignado dinero adicional para asegurar que los migrantes tengan acceso al asesoramiento legal.

También la semana pasada un grupo de 19 senadores, encabezado por Kirsten Gillibrant, demócrata de Nueva York, instó a los dirigentes de la Cámara Alta a que aprueben $50 millones de dólares incluidos en el proyecto de presupuesto de la Cámara de Representantes para dar ayuda legal a los migrantes.