Fiscales de 18 estados presionan a Corte Suprema para terminar programa Permanecer en México contra inmigrantes

Una coalición de 18 fiscales enviaron un escrito legal a la Corte Suprema para justificar por qué los jueces deben terminar con el programa Permanecer en México, el cual afecta a inmigrantes que piden asilo; entre los fiscales que se sumaron están el de California y la de Nueva York

El programa Permanecer en México sigue vigente tras una orden de la Corte Suprema.

El programa Permanecer en México sigue vigente tras una orden de la Corte Suprema. Crédito: John Moore | Getty Images

Un grupo de 18 fiscales generales presentaron un “amicus brief”, un recurso legal para presionar a la Corte suprema a terminar con el programa Permanecer en México, el cual obliga a inmigrantes que piden asilo a esperar en ese país sus citas en tribunales.

Esa coalición de fiscales contradice las afirmaciones de la demanda presentada por el gobierno republicano de Texas para que el Máximo Tribunal mantenga el programa iniciado por el expresidente Donald Trump y que el Gobierno del presidente Joe Biden se ha visto obligado a continuar.

Este ataque dirigido por Texas contra nuestro sistema de asilo es vergonzoso y contrario a nuestros valores estadounidenses fundamentales”, consideró el fiscal general de California, Rob Bonta. “El Gobierno federal necesita la capacidad de responder rápida y eficazmente a los desastres humanitarios emergentes, ya sean niños vulnerables de El Salvador o familias ucranianas que huyen de la guerra, todos merecen la oportunidad de buscar protección de manera segura y legal”.

Los procuradores piden a los jueces del Supremo revocar la decisión del Tribunal del Quinto Circuito de Apelaciones que obligó a reinstalar los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), el nombre oficial del programa, al fallar en favor de una demanda encabezada por Texas, decisión que calificaron de “errónea”.

En el escrito, la coalición destaca el interés de los estados firmantes de proteger los derechos de quienes buscan seguridad en Estados Unidos y la importancia de la capacidad discrecional del Gobierno federal para permitir que ciertos migrantes ingresen o permanezcan en el país con fines humanitarios.

La Administración Biden puso fin el año pasado a MPP, una de las medidas estrella del Gobierno de Trump, pero tras el fallo del Tribunal de Apelaciones tuvo que poner en marcha nuevamente el programa el pasado 6 de diciembre.

El actual Gobierno federal pidió al Tribunal Supremo que escuchara el caso de MPP. El próximo 26 de abril, los jueces escucharán los argumentos de ambas partes.

Según funcionarios de Naciones Unidas, hasta el 13 de marzo Estados Unidos había devuelto a México en esta segunda etapa de MPP a 1,217 solicitantes de asilo, que deberán esperar la resolución de sus pedidos en el país latinoamericano.

A Bonta se unieron los fiscales de Illinois, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Hawai, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Rhode Island y Vermont.

No se espera una decisión del Supremo sino hasta junio.

Con información de EFE

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