Tribunal Supremo decide excluir a Puerto Rico de recibir ayuda para discapacitados
La decisión de no otorgar Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) a los puertorriqueños discapacitados llevó a 2 de los jueces a discutir de nuevo los "estereotipos raciales" sobre derechos en los territorios de EE.UU.
Al igual que Guam, Samoa Americana y las Islas Vírgenes de EE.UU., Puerto Rico no goza de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI). Crédito: Shutterstock
El Tribunal rechazó el jueves una solicitud para permitir que los residentes de Puerto Rico reclamen beneficios bajo el principal programa de seguro por discapacidad del gobierno federal, el de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés), dictaminando que la Constitución no requiere que el Congreso ofrezca tales pagos a los residentes de Puerto Rico, a pesar de que las personas nacidas allí son ciudadanos estadounidenses.
Los esfuerzos para expandir a Puerto Rico los beneficios del programa federal para estadounidenses discapacitados, ancianos y ciegos, llamado Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), que actualmente proporciona cheques mensuales a aproximadamente 7.7 millones de estadounidenses y que está dirigido a personas con bajos ingresos y pocos recursos, fallaron el jueves en el Tribunal Supremo.
El Tribunal Supremo dictaminó 8-1 que el gobierno no viola la cláusula de igual protección al excluir a los residentes de Puerto Rico de la Seguridad de Ingreso Suplementario, un programa de red de seguridad para personas ciegas, discapacitadas o mayores de 65 años.
La única disidente del fallo del tribunal superior fue la jueza Sonia Sotomayor, nacida en Nueva York y de ascendencia puertorriqueña.
La impugnación legal también provocó un debate sobre si la negación de los beneficios de Seguridad de Ingreso Suplementario a los residentes de Puerto Rico tiene sus raíces en el racismo y si la corte debería repudiar también una serie de casos que permiten que el Congreso y los gobiernos locales nieguen algunos derechos a quienes viven en los clasificados como territorios estadounidenses no incorporados, como Puerto Rico.
El Congreso ha hecho que los beneficios de SSI estén disponibles para los ciudadanos estadounidenses que viven en los 50 estados, el Distrito de Columbia y las Islas Marianas del Norte, pero no para aquellos que viven en Puerto Rico, las Islas Vírgenes de EE.UU., Guam y Samoa Americana.
La breve opinión mayoritaria de seis páginas escrita por el juez Brett Kavanaugh evitó los temas de raza y colonialismo, sosteniendo que el Congreso tenía una base racional para negar los beneficios de SSI a los residentes de Puerto Rico porque están exentos de la mayoría de los impuestos estadounidenses.
“El estatus tributario de Puerto Rico, en particular, el hecho de que los residentes de Puerto Rico generalmente están exentos de la mayoría de los impuestos federales sobre ingresos, donaciones, sucesiones e impuestos especiales, proporciona una base racional para distinguir a los residentes de Puerto Rico de los residentes de los Estados a los fines del programa de beneficios de Seguridad de Ingreso Suplementario”, escribió Kavanaugh y señaló que el gobierno federal ayuda a financiar un programa similar pero más limitado para algunos habitantes de bajos ingresos de la isla caribeña.
“Al diseñar programas de impuestos y beneficios, es razonable que el Congreso tome en cuenta el balance general de beneficios y cargas para los residentes de Puerto Rico. Al hacerlo, el Congreso no necesita realizar una comparación dólar a dólar de cómo se aplican sus programas de impuestos y beneficios en los estados en comparación con los territorios, ya sea a nivel individual o colectivo”, escribió Kavanaugh, designado por el expresidente Donald Trump.
Sin embargo, la jueza Sonia Sotomayor dijo que la distinción era “totalmente irracional” y “especialmente cruel”, debido a la pobreza generalizada de la isla.
“Según el sistema actual, la jurisdicción en la que reside un beneficiario de SSI no influye en absoluto en los propósitos o requisitos del programa SSI. Solo por esta razón, es irracional vincular el derecho de una persona a SSI al lugar de residencia de esa persona”, escribió Sotomayor, quien fue designada por el presidente Barack Obama.
Sotomayor dijo además que no creía en los argumentos sobre los impuestos porque las personas que reciben SSI generalmente tienen ingresos tan bajos que pagan poco o ningún impuesto federal sobre la renta.
El gobernador de Puerto Rico Pedro Pierluisi criticó el fallo de la Corte Suprema en un comunicado en español yque enfatizó además que “el estatus territorial de Puerto Rico es discriminatorio para los ciudadanos estadounidenses en la isla” porque “permite que el Congreso haga lo que quiera con a nosotros.”
“Claramente nuestro pueblo, particularmente los más vulnerables, sufre las consecuencias de este trato desigual”, dijo Pierluisi.
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