Por los vecinos y negocios de Pico Union

GENTE DE LOS ÁNGELES

Por los vecinos y negocios de Pico Union
Foto: APU GOMES / AFP / Getty Images

Por muchos años, este columnista apoyó consecuentemente a los vendedores ambulantes de Los Ángeles. Criticamos a la ciudad cuando enviaba inspectores para multarlos o desalojarlos, muchas veces confiscando su mercadería que con tanto esfuerzo habían logrado obtener. 

Con el tiempo y con el apoyo de organizaciones comunitarias y la prensa hispana, se han anotado logros que facilitan su trabajo. Ahora es tiempo de balance, de calibrar sus intereses con los del vecindario donde operan. He aquí el porqué.

Festejamos cuando en 2018 la venta ambulante dejó de ser un crimen, y el gobernador Jerry Brown firmó la Ley de Ventas Seguras en las Aceras. Y en 2020, cuando la ciudad de Los Ángeles comenzó a otorgarles licencias de comida callejera, una vez obtenido el permiso sanitario. 

Igualmente, la Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles trabajó en la modernización de los códigos de venta para facilitar la vida de los vendedores ambulantes en las áreas bajo su jurisdicción, con cambios tales como reducir o condonar el pago del permiso y terminar con las incautaciones. En noviembre pasado la Junta apoyó unánimemente una moción de la supervisora Hilda Solís de promover una legislación estatal para modernizar el Código de Alimentos Minoristas de California para crear oportunidades para los vendedores de alimentos en las aceras. 

Se han ganado con su trabajo y su insistencia, una oportunidad de poder ganarse la vida en esta ciudad. 

Pero obtener una licencia ha sido muy difícil. 

Es cara: inicialmente de $291, en 2020 subió a $541. En la ciudad de Oakland, cuesta solamente $72. 

La ley exige que se utilicen sólo carritos aprobados, que según los vendedores, cuestan hasta $25,000. Además, a menudo enfrentan violencia, robos e insultos de pandillas, transeúntes e incluso consumidores.

De hecho, nos informaba La Opinión que hasta hace unos meses solo 180 vendedores habían obtenido licencia, de más de 10,000 que se calcula venden comida en la calle. 

En febrero el Senado estatal comenzó el debate en torno a la propuesta de ley SB 972, que entre otras cosas reforma el código estatal de alimentos para que sea más fácil para los vendedores ambulantes obtener permisos para vender alimentos.

Apoyamos todo esto. 

Pero ahora, hay que pensar en soluciones permanentes, que tengan como base la inserción armoniosa de los vendedores ambulantes con el resto de la comunidad circundante. Con los residentes; con los propietarios de pequeños negocios paralelos en las mismas calles.

Uno de los centros en donde han estado trabajando durante más de 20 años es en Pico Union, especialmente en las calles 11, 12, New Hampshire y Berendo. 

Días atrás los residentes de la zona, organizados en torno al Consejo Vecinal de Pico Union (Pico Union Neighborhood Council), levantaron denuncias sobre los vendedores ambulantes quejándose que levantan sus tiendas sobre las veredas con lonas, sombrillas, carritos y mercadería, que cierran el acceso para las niños y personas mayores que quisieran caminar en las aceras, que bloquean la entradas a los edificios residenciales; que se estacionan en doble línea; que a falta de instalaciones sanitarias, orinan entre automóviles; que arrojan basura en la calle. 

Trajeron sus quejas al concejal Gil Cedillo, que de hecho, ha estado trabajando desde hace un año con empresas locales, vecinos, y organizaciones comunitarias en un “esfuerzo de embellecimiento que, en última instancia, tiene el propósito de priorizar la seguridad pública para todos” precisamente en esas calles.

Ahora, Cedillo anunció un operativo de limpieza de calles y aceras y el sistema de drenaje de alcantarillado. También, que había asegurado “$500,000 para ayudar a subsidiar las tarifas de los permisos y comprar los nuevos carritos de venta para los vendedores que lo necesitan”.

Días después, el Departamento de Saneamiento de Los Ángeles y la Oficina de Servicios de la Calle (StreetsLA) y otros comenzaron la limpieza de la zona, desocupando las calles, e iniciaron la limpieza de alcantarillas y desagües pluviales.

Muchos vecinos expresaron su alegría y alivio: “lo que queremos es solo que se muevan de la acera, “ dijo una residente. 

Celso Hernández, propietario del restaurante Playa Las Tunas, expresó en un comunicado que “en nombre de más de 100 dueños de restaurantes salvadoreños y centroamericanos…  estoy complacido con las acciones que se están tomando bajo el liderazgo del concejal Cedillo para garantizar la seguridad y la salud pública y mejorar nuestras aceras y calles”. 

Pero para los vendedores sus medios de subsistencia están en peligro. 

“Hay muchas familias que dependen de este lugar, muchos trabajadores, por ejemplo, mi familia, nuestro ingreso viene de aquí”, dijo uno de ellos. 

Obviamente, los vendedores ambulantes no pueden quedarse en esas calles. No pueden volver a la situación anterior. La labor de las autoridades y los activistas comunitarios es ahora encontrar otras opciones para que puedan seguir trabajando como hasta ahora o mejor.  

Mientras, grupos como SALEF, ( Salvadoran American Leadership and Education Fund) han estado informándoles sobre sus derechos, las licencias y ahora, la búsqueda de otros lugares para operar. 

Toda solución debe satisfacer las necesidades de los residentes de la comunidad y las empresas locales, pero también las de los vendedores ambulantes.

Todos ellos son gente de Los Ángeles.