“Maquinaria de deportación”

Decenas de manifestantes, en su mayoría jóvenes asiáticos, afroamericanos y latinos marcharon en Little Saigón -en la ciudad de Westminster- para reclamar que no haya más encarcelamiento y deportación de inmigrantes bajo la cooperación del Departamento del Alguacil del condado de Orange con las autoridades de los Servicios de Inmigración y Aduanas (ICE).

Al mismo tiempo, pidieron un “alto al miedo” y denunciaron que el alguacil Don Barnes ha seguido transfiriendo a inmigrantes para ser deportados, aun cuando ellos cumplieron sus sentencias en cárceles o prisiones.

De igual manera, presionaron públicamente a los senadores demócratas del condado: Dave Min (Distrito 37/Irvine), Josh Newman (Distrito 29/Fullerton) y Thomas J. Umberg (Distrito 34/Santa Ana para que respalden la Ley VISION (AB 937) de la asambleísta Wendy Carrillo. Los tres no se han comprometido con sus representados, quienes dijeron estar dispuestos a pasarles la factura en las elecciones.

Deportador en jefe de OC
“Don Barnes es el alguacil primogénito de la ex alguacil Sandra Hutchens para las deportaciones”, dijo Carlos Perea, director del Harbor Institute for Immigrant and Economic Justice. “Tan solo habría que recordar que coordinó con [el expresidente Donald] Trump la demanda contra California por la Ley SB54 del estado santuario”. Dicha ley de Valores de California, del exsenador Kevin de León prohíbe a las fuerzas del orden locales comunicarse con funcionarios federales de inmigración.

“Están ejerciendo un doble castigo contra los inmigrantes”, añadió Tracy La, directora ejecutiva de VietRISE, una organización que promueve la justicia social y genera poder en las comunidades de inmigrantes y vietnamitas de clase trabajadora en el condado de Orange.

Desde el parque Sid Goldstein Freeedom Park y a lo largo de media milla de caminata por All American Way hasta el Liberty State Park, los manifestantes abogaron por la iniciativa de Ley VISION, que se encuentra inactiva desde hace un año, cuando demócratas conservadores impidieron que el senador Anthony Rendon presentara el proyecto legislativo para un voto.

De ser firmada en ley por el gobernador Gavin Newsom, la AB 937 evitaría que las cárceles locales y el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR) realicen las transferencias voluntarias de inmigrantes para la custodia de ICE.

Un caso específico fue Tin Nguyen, un refugiado vietnamita que fue hallado culpable de un asesinato por el cual pasó 23 años en prisiones de California, recibió el perdón por parte del exgobernador Jerry Brown y enfrentó un proceso de deportación después que fue liberado.

“Estaba condenado de por vida, pero gracias a Dios mi comportamiento y rehabilitación me ayudó a recibir ese perdón”, dijo Nguyen.

“¡Se ve, se siente, el pueblo está presente!”, ¡El pueblo unido, jamás será vencido”, gritaron al viento los marchistas, quienes llevaban pancartas con mensajes de “Dignidad, no miedo”, “¡Alto a las transferencias a ICE!”.

Transferencias a ICE, detenciones
De acuerdo con Roberto Carlos Herrera, director de desarrollo de liderazgo en Resilience OC, datos del Departamento del Sheriff del condado de Orange indican que en el último año las transferencias y la colaboración con ICE, la Ley de Revisión Transparente de Transferencias y Retenciones Injustas, o Ley de la VERDAD (TRUST Act) protegió a 56 de 199 miembros de la comunidad que evitaron ser deportados, después de cumplir sus sentencias en la cárcel.

“El condado de Orange se ha convertido en la capital de las deportaciones en California”, declaró Herrera a La Opinión. “Eso es a causa de Don Barnes, un deportador en jefe de OC”.

Los restantes 143 inmigrantes estuvieron exentos de protección estatal y ICE solamente aceptó custodiar al 51% de esas personas para detención o deportación. Los que no fueron arrestados por inmigración fueron entregados a sus familias y devueltos a la comunidad.

Así, según Resilience OC y la Red de Respuesta Rápida del condado de Orange (OCRRN, por sus siglas en inglés) el OCSD transfirió a 73 personas a ICE en 2021.

Demandan al Sheriff y ganan juicio
Los jóvenes inmigrantes, incluidos indocumentados que marcharon, también denunciaron estar siendo objeto de una gran cantidad de transferencias y detenciones de ICE en California, y, particularmente con el jefe del alguacil Don Barnes.

De hecho, el Departamento del Sheriff de Orange County tuvo que pagar por un acuerdo económico a Kelvin Hernández Román, un inmigrante que fue transferido en 2019 por el OCSD al centro de detención de Adelanto.

El acuerdo de agosto 2020 se dio como respuesta a la demanda de la Clínica de Derechos de Inmigrantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Irvine (UCI).
Hernández Román estaba bajo custodia luego de haber sido arrestado por la policía de la ciudad de

Tustin y debió haber sido liberado después que el fiscal de distrito notificó al Departamento del Alguacil que se negaba a presentar cargos.

En lugar de ser procesado para su liberación, el inmigrante fue retenido sobre la base de una detención de ICE. La demanda estableció que, en el caso de Hernández Román, el OCSD violó la Ley de la Verdad.

Después de dos días de espera, la oficina del alguacil Barnes no respondió a preguntas enviadas por La Opinion sobre las presuntas violaciones a la ley Trust Act y la entrega de inmigrantes para su deportación.
Miles de casos de deportaciones pendientes

Sabrina Rivera, directora ejecutiva de Orange County Justice Fund informó a La Opinión que en el condado de Orange hay 12,785 residentes que tienen casos pendientes en la corte de inmigración
“Por eso estamos metiendo presión en el condado, para que presten atención a la gente que ha sido víctima de transferencias desde la custodia criminal a las manos de ICE”.

Dicha cantidad representa el 5.83% del total de casos pendientes de deportación en California, que son 219,190, según Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC-Syr), una organización sin fines de lucro y no partidista de recolección, investigación y distribución de datos en la Universidad de Syracuse. Otros condados con alto número de casos pendientes de deportación son: Los Ángeles (26,776); Valle de San Fernando (19,488) y San José (11,952).

Tres senadores son cruciales
Para ponerle fin a las transferencias de inmigrantes a las autoridades migratorias, los manifestantes consideraron que tienen la oportunidad de lograrlo, a través de la ley AB 937 VISION Act de la asambleísta Wendy Carrillo. Un pedido de entrevista con la legisladora de Los Ángeles no fue respondido al cierre de edición.

“Esta ley pondría fin a los resquicios legales que aprovecha Don Barnes para entregar a nuestra gente a la ‘migra’”, dijo Carlos Perea.

Para ese objetivo, necesitan el respaldo de los senadores Dave Min (Distrito 37/Irvine), Josh Newman (Distrito 29/Fullerton) y Thomas J. Umberg (Distrito 34/Santa Ana) a quienes presionaron para que respalden

Dijeron que el voto de ellos es crucial para terminar con las transferencias de inmigrantes a ICE.
Sin establecer un compromiso abierto con sus constituyentes, una declaración escrita del senador Tom Umberg (Distrito 34/Santa Ana) estableció que: “Como legislador desde hace casi 30 años, he sido un fuerte defensor de los inmigrantes de California, particularmente en Los Ángeles y el Condado de Orange. Estoy orgulloso de haber sido el primer demócrata y partidario de los derechos de los inmigrantes en ser elegido en el Condado de Orange. en la década de 1990. De hecho, me vi obligado a postularme para el cargo debido a la intimidación desmesurada de los votantes hacia los inmigrantes y que presencié en mi propia comunidad”.

“También estoy extremadamente perturbado por el gran enfoque en la deportación en nuestro condado”, agregó. “Necesitamos enfocarnos en los criminales serios y mantener seguras a las familias, no perseguir a nuestros vecinos inmigrantes”.

Dijo que, con respecto al proyecto de ley de la Ley VISION, se ha reunido con defensores que creen que se debe hacer más para proteger a los inmigrantes respetuosos de la ley y frenar ciertos abusos de la aplicación de la ley de inmigración.

“Me tomo en serio estos comentarios. Sin embargo, el proyecto de ley no ha llegado ante mí para una votación en el comité o ante todo el Senado. Si se reactiva este proyecto de ley, que ha estado inactivo durante más de un año, trabajaré con mi distrito para determinar qué sería lo mejor para nuestras comunidades”.

“Crisis de deshumanización”: NDLON
“La maquinaria de deportación ha sido parte de una tradición antiinmigrante en el condado de Orange”, manifestó Salvador Sarmiento, portavoz de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON). “Ahí se han coludido los políticos locales con la migra y les han dado la espalda a los inmigrantes desde hace dos décadas”.

Sarmiento destacó que a los políticos del condado de Orange “les ha faltado liderazgo y agallas” para articular una respuesta efectiva que enfrente las mentiras que dicen sobre la gente inmigrante.

“Esas mentiras”, añadió, “son las que deshumanizan a la gente trabajadora y los inmigrantes, a quienes se les castiga doble, porque cuando cometen un delito, no es suficiente meterlos a la cárcel y luego entregarlos a las autoridades de inmigración, y luego deportarlos porque según ellos somos más peligrosos”.

El representante de NDLON expresó que esa retórica hay desatado una crisis de deshumanización de la persona, la cual se traduce en violencia que pone en peligro a todos en el país.

De acuerdo con datos de Alliance for Boys and Men of Color, entre 2018 y 2019, un total de 3,700 personas fueron transferidos a ICE desde las cárceles locales en California, y, de 2019-2020, el estado transfirió 3,200 inmigrantes a ICE desde el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR)

El costo de dichas transferencias fue de $2.8 millones a los contribuyentes del condado de Los Ángeles y $7.3 millones a nivel estatal.

¿En qué consiste la Ley VISION o AB 937?
La Ley VISION, escrita por la asambleísta Wendy Carrillo, se presentó en la sesión legislativa de California de 2021. Fue aprobada por la Asamblea y actualmente se encuentra en el pleno del Senado en la sesión legislativa de 2022.

La Ley protegería a los miembros de la comunidad que ya han sido considerados elegibles para la liberación de ser transferidos por las cárceles locales y el sistema penitenciario estatal hacia la detención de ICE.

El proyecto legislativo adoptaría medidas urgentes para garantizar que el dinero de impuestos locales y estatales no se utilicen para canalizar a los inmigrantes hacia centros de detención “peligrosos”, se violen sus protecciones constitucionales y sean separados de sus familias y comunidades.