Los retos al salir de la cárcel en la tercera edad para las minorías

Un reporte recientemente reveló que alrededor de 2.3 millones de personas están encerradas en más de 6,000 cárceles y prisiones en todo Estados Unidos. Más de 600,000 personas salen de prisión cada año. Otros nueve millones recorren las cárceles locales anualmente.

El reporte “Reducing Barriers to Reentry for Older Adults Leaving Incarceration” (Reduciendo las barreras para el reingreso de los adultos mayores que salen de la cárcel) indica que debido al racismo estructural en el sistema legal penal, las personas de color, en particular los afroamericanos y latinos, han tenido y siguen teniendo más probabilidades de ser encarceladas y recibir sentencias más duras.

Además, las personas negras y latinas son encarceladas a tasas mucho más altas que las personas blancas no latinas; y las personas con discapacidad están muy sobrerrepresentadas en la población penitenciaria.

 La población carcelaria también está envejeciendo. En Estados Unidos esta población casi se triplicó entre 1999 y 2016, del  3% al 11%, y se prevé que aumente a más del 30% para 2030, indica el reporte creado for Justice for Aging.

Kent Mendoza, portavoz de la Coalición contra la Reincidencia (ARC, por sus siglas en inglés), dijo que California es el estado con mayor número de Latinos encarcelados debido a que la población de Latinos es más alta que en otros estados.

“En ARC, la mayoría de nuestros miembros que salen de prisión son hombres adultos y, por lo general, negros, latinos y son más hombres que mujeres”, dijo Mendoza.

Pese a que la población negra tiene una tasa más alta de encarcelamiento, Mendoza dijo que en muchas ocasiones los latinos lidian con más barreras al ser liberados, principalmente si son indocumentados. Esto les previene reintegrarse a la sociedad de una manera significativa.

 “Como indocumentado no solo tienes que navegar en la sociedad con antecedentes criminales para pedir trabajo, pero también tienes que navegar sin tener una documentación legal con el potencial de ser deportado”, dijo Mendoza.

Mendoza añadió que las personas de la tercera edad encuentran dificultades aún cuando son mayores de edad, ya que les cuesta trabajo retornar a la sociedad y no saben cómo navegar la tecnología.

“Salen después de 20 o 30 años de estar encarcelados y si no tienen documentación, familiares que sirvan de apoyo, no hablan el idioma y no saben de tecnología es extremadamente difícil que se reincorporen”, recalcó.

La pobreza los mantiene encerrados

La organización Prison Policy indicó que en un año típico, unas 600,000 personas entran a prisión, pero la gente va a la cárcel más de 10 millones de veces al año a nivel nacional. La rotación en las cárceles es particularmente alta porque la mayoría de las personas en las cárceles no han sido condenadas.

Pocos son los que tras ser arrestados logran pagar la fianza en cuestión de horas o días, mientras que una gran mayoría son demasiado pobres para pagar la fianza y permanecen tras las rejas hasta el juicio.

Se estima que un pequeño número, aproximadamente 103,000 en un día determinado, ha sido condenado y cumple condenas por delitos menores de menos de un año. Al menos 1 de cada 4 personas que van a la cárcel serán arrestadas nuevamente dentro del mismo año, a menudo aquellas que enfrentan pobreza, enfermedades mentales y trastornos por uso de sustancias, cuyos problemas solo empeoran con el encarcelamiento.

Mendoza concordó con esta información y dijo que en la comunidad latina aún es más difícil sobre todo cuando no se cuentan con los recursos financieros.

“A menudo, las familias se ven privadas de sus derechos porque si estaban ahorrando para comprar una casa o un automóvil ahora tienen que usarlo para rescatar a sus familiares”, dijo Mendoza. “Y a veces estas compañías de fianzas se aprovechan de las personas incluso si el caso se resuelve y obtiene la fianza, si es inocente o no, el familiar aún tiene que pagar”.

La Prison Policy indica que la cantidad mediana de la fianza por delitos graves es de $10,000.

La falta de conocimiento también lleva en muchas ocasiones a que la persona tome las decisiones incorrectas. Mendoza dijo que es común ver cuando una persona es encarcelada por primera vez; ellos tienen miedo y en su primera aparición en corte tienden a tomar la oferta del juez y/o del fiscal, incluso si no es culpable, y siempre comienzan con una cantidad muy alta.

Mendoza explicó que lo más válido en estos casos es tener los recursos y asesoría adecuada para que las personas tomen la mejor decisión. A veces esperar más tiempo para su aparición en la corte puede ayudar a bajar su fianza.

Las soluciones

El reporte de Justice in Aging recomienda que algunas alternativas para ayudar a las personas de color y principalmente a las de la tercera edad es a que consigan una vivienda de inmediato, obtengan ayuda de cobertura de salud y se les dé un ingreso para poder pagar gastos inmediatos.

La Administración del Seguro Social (SSA) es un sistema de importancia crítica para las personas con discapacidades, los adultos mayores y las personas con discapacidades que dependen de los beneficios de la SSA para sus gastos.

Mendoza añadió que se deben ofrecer programas de reintegración a la sociedad como el que ellos ofrecen en ARC y entrenamiento para empleo.

“No pueden mandar a una persona directamente a un empleo sin entrenarlo. Deben también asegurarse qué tipo de trabajo puede realizar, por ejemplo, si es una persona mayor y no puede cargar pesado lo pueden entrenar para trabajos adecuados”, recalcó. “También necesitan ayuda para prepararse para las entrevistas de trabajo”.