Vendedores sufren un incendio que estuvo a punto de acabar con sus medios de trabajo

Administradores de la comisaría La Palma aseguran que están atrapados entre el dueño de la propiedad y los trabajadores

Un vendedor de helados muestra hasta donde llegaron las cenizas que comenzaban a incendiar las pacas de cartón. (Jacqueline García/La Opinión)
Un vendedor de helados muestra hasta donde llegaron las cenizas que comenzaban a incendiar las pacas de cartón. (Jacqueline García/La Opinión)
Foto: Jacqueline García/La Opinión / Impremedia

Han pasado más de cuatro meses desde que un grupo de vendedores móviles de Los Ángeles recibió una supuesta orden de desalojo de su arrendatario La Palma Ice Cream & Candy Inc., debido a que esta terminó su contrato con el dueño de la propiedad.

Desde entonces los vendedores han estado luchando por permanecer en el local asegurando que los alquileres en otras comisarías o yardas —como se les conoce a los lugares donde guardan los camiones de comida— están demasiado caros y demasiado lejos.

Pero mientras se intenta llegar a un acuerdo entre dueños y vendedores, se ha creado un ambiente hostil y hasta peligroso. Los dueños de La Palma recientemente contrataron a dos empleados; un encargado de negociar con cada uno de los vendedores y un guardia de seguridad armado.

Adicionalmente, instalaron varias pacas de basura que incluyen cajas de cartón comprimidas, llantas, refrigeradores de helados, botes con productos y otros materiales inflamables en al menos 20 de los estacionamientos vacíos. El objetivo es prohibir que más camiones se estacionen ahí.

El problema es que estos materiales son un peligro constante como se comprobó el pasado viernes 23 de septiembre cuando la comisaría de La Palma, localizada en el 3228 N. Figueroa Street, estuvo bajo peligro inminente de un incendio. Eran alrededor de las 11:30 de la mañana cuando los vendedores notaron el humo negro que comenzó del otro lado de las láminas que divide a la comisaría de un espacio baldío que da hacia la autopista 110.

Pese a que la investigación está en curso, se estima que el incendio pudo haber sido provocada por un indigente. Los vendedores creen que pudo haber sido un incendio provocado.

“Porque si se quema todo, se cierra la comisaría por completo”, dijo Juan Rodríguez, organizador y representante de los vendedores.

Juan Rodríguez frente a las pacas de basura adyacentes a la lámina donde comenzó el incendio. (Jacqueline García/La Opinión)

Camelia Camarillo, quien tiene su camión de helados en la comisaría, dijo que después del incendio uno de los dueños de La Palma le dijo que tuviera cuidado para que “no vayan a causar fuegos otra vez”. Ella tomó eso como una amenaza.

Camarillo y varios vendedores que se entrevistaron con La Opinión el lunes por la mañana aseguraron que sus camiones de comida son su único sustento de vida y el día del incendio hicieron todo lo posible por salvarlos. Algunos vendedores fueron alcanzados por las llamas, pero no sufrieron daños graves. También las llamas alcanzaron varias de las pacas de cartón las cuales fueron apagadas de inmediato por los vendedores.

“Pero todo fue muy difícil. Uno estaba con el temor de qué iba a pasar”, dijo Camarillo.

A punto de la bancarrota

Ali Pakravain y Hossein Sahavi, dueños de La Palma, dijeron en entrevista con La Opinión que en mayo perdieron su contrato de arrendamiento con el dueño de la propiedad y por ende cancelaron su licencia de salubridad.

Les ofrecieron a los vendedores estacionar sus camiones en otras comisarías que sí cuentan con la licencia de salubridad adecuada y hasta seis meses de ayuda para pagar su renta en la nueva comisaría. Pakravain expresó que todos los que permanecen en La Palma, alrededor de 50 vendedores, se han negado a la ayuda.

“Les hemos preguntado qué quieren o qué podemos hacer para ayudarlos ya que este lugar no está autorizado para funcionar legalmente y no cuenta con los cuidados adecuados para mantener la comida y fruta fresca”, dijo Pakravain. “Pero todos nos han ignorado y solo nos dicen que si queremos que se salgan que llamemos a la policía”.

Pakravain indicó que las pacas de materiales que instalaron dentro de los estacionamientos vacantes fue una solución que encontraron después de que fueron notificados de que había camiones estacionados que no pertenecían a la comisaría.

Esto le causó molestia ya que dijo que desde que comenzó el problema de desalojo con los vendedores nadie ha pagado renta y aunque estuvieran dispuestos a pagarla ellos no pueden aceptarla porque ya no tienen el contrato del local ni las licencias adecuadas para funcionar como comisaría.

Vendedores muestran las llantas y otros materiales adyacentes a sus camiones. (Jacqueline García/La Opinión)

La razón por la que Pakravain y Sahavi están empujando para que los vendedores se salgan es porque si no lo hacen ellos no se pueden deshacer por completo del contrato con el dueño de la propiedad.  

“A mí el dueño me está diciendo que le tengo que devolver la propiedad vacía porque planean hacer algún proyecto”, dijo Pakravain.

Sahavi dijo que para él lo más preocupante y frustrante es que los vendedores están vendiendo helados y paletas las cuales no se sabe si están siendo guardadas apropiadamente ya que no hay quien inspeccione el lugar.

Añadió que la excusa de que las otras comisarías están lejos no es válida ya que varios de los vendedores viajan esas largas distancias para comprar sus productos.

Posibilidad de comprar la propiedad

Pakravain y Sahavi aseguraron que ellos conocen muy de cerca el trabajo de los vendedores ya que ambos han sido vendedores ambulantes de helados en el pasado. Expresaron que hasta hace poco tenían buena relación con algunos de los vendedores que han estado rentando por más de 20 años.

“Al igual que ellos, somos inmigrantes, fuimos vendedores, fuimos al colegio y hemos seguido los pasos para lograr un poco más”, aseguró Sahavi.

Los vendedores dijeron que por ahora se encuentran esperanzados de que la nueva concejal Eunisses Hernández, quien en diciembre comenzará a representar el distrito 1, área donde se encuentra la comisaría, pueda abogar por ellos en la ciudad.

Aseguraron que en pláticas previas que han tenido con ella, se ha hablado de la posibilidad de que la ciudad de Los Ángeles compre la propiedad para que los vendedores puedan permanecer y la administren mediante una cooperativa.

La futura concejal dijo a La Opinión que todos los vendedores móviles y ambulantes son parte del ADN de la ciudad de Los Ángeles. Indicó que como representantes de la ciudad deben asegurarse que ellos y otros pequeños negocios sean una prioridad.

“He tenido el honor de hablar con ellos y escuchar sus preocupaciones y aunque aún no he sido juramentada para tomar el cargo, si espero seguir trabajando con ellos desde mi capacidad oficial en el futuro para encontrar una solución, empoderarnos y ayudar a asegurar su futuro”, dijo Hernández.

Por su parte, los dueños de La Palma dijeron que en el mejor de los casos si la ciudad pudiera comprar la propiedad y hacer lo que deseen, ellos no se opondrán ya que lo único que desean es salirse del problema.

“Esta situación actual está poniendo a La Palma en bancarrota”, dijo Sahavi. “No tenemos derecho de cobrarles renta [a los vendedores] porque no tenemos la propiedad, pero si tenemos toda la responsabilidad de pagar el seguro, pagar el agua, la electricidad, el guardia de seguridad, el otro empleado, son como $40,000 y ¿que nos queda?, irnos a bancarrota por sus acciones”.