Abogados demandan a un Condado de Florida por impedir contactar a inmigrantes en un centro de detención
La querella legal señala que la Oficina del alguacil está violando un derecho constitucional
La ACLU advierte que durante años se han cometido abusos de autoridad en el Condado Baker. Crédito: John Moore | Getty Images
Bajo el argumento de que se le impide tener acceso a los inmigrantes detenidos para representarlos conforme marca la ley, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó una demanda en contra las autoridades del Condado Baker, población ubicada al norte de Florida.
En la querella se acusa la Oficina del alguacil por violar las normas de esa agencia federal y la Constitución de Estados Unidos, pues al tener el contrato con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) debería permitir que los ilegales detenidos puedan contactar a los abogados que los representan, lo cual aparentemente no sucede.
“Durante más de una década, se han presentado múltiples quejas del Centro de Detención del Condado de Baker, exponiendo un patrón profundamente arraigado de abuso humano desenfrenado, abusos de derechos y condiciones de vida inhumanas”, indicó la ACLU a través de un comunicado.
El hecho más reciente que ejemplifica la falta de voluntad de los empleados que laboran en la Oficina del alguacil de Baker para permitirles a las personas indocumentadas detenidas acceder a los servicios legales proporcionados por sus abogados, se registró el 9 de septiembre, cuando a los representantes legales se les canceló la posibilidad de reunirse con sus clientes.
Al respecto, Katie Blankenship, directora adjunta de asuntos legales de ACLU, informó que se requiere de una acción inmediata para saber lo que está sucediendo con las personas detenidas por el hecho de ser indocumentadas.
“La gente está sufriendo en Baker y debemos asegurarnos de que los que están en el poder rindan cuentas”, indicó.
En este sentido, la ACLU solicita en su demanda que al alguacil de Baker se le prohíba restringirles a los inmigrantes detenidos la opción de ser visitados periódicamente por sus abogados a fin de ser informados sobre cualquier avance en su situación legal, así como para verificar que durante su proceso de reclusión no sean objetos de violaciones a los derechos humanos.
En respuesta, el alguacil en cuestión siempre ha rechazado todos los señalamientos en su contra.
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