El largo camino para prohibir en México las terapias “para dejar de ser gay”

MEXICO.- Carmen era una mujer en un cuerpo de hombre. Tenía 23 años cuando decidió “salir del closet”, y cuando le contó a su familia nadie lo aceptó, le dio la espalda y … ¡lo echaron de su casa!

El padre fue más lejos: lo declaró muerto en vida. “Hoy me olvido de ti, dejas de ser mi hijo”, remató. “Odio tu manera de caminar, odio tus gestos”. 

Carmen comenzó desde cero, sin apoyo y sin hogar, y  decidió pedir ayuda a un sicólogo en la capital mexicana que la apoyó a reivindicarse.

La Ciudad de México ha sido punta de lanza en reconocer los derechos de la comunidad gay y transexual a través de diversas leyes. Particularmente el gobierno subsidia, por ejemplo, operaciones de cambio de sexo, sus preparativos hormonales y tratamientos posteriores y en 2020 fue la primera entidad en prohibir las terapias de conversión sexual antes de la discusión actual en el congreso federal.

No fue extraño que Carmen recibiera apoyo de un terapeuta especializado como Luis Rivera. Ella convencida de su sexualidad y no arrepentida como hubiera sido antaño; él, sin dudas para apoyarlo. 

Durante años, familias de gays y hasta ellos mismos se sometían a prácticas terapéuticas de “conversión sexual”, reconoce Rivero. Por eso, algunos médicos psiquiatras, psicoterapeutas o autoridades religiosas y hasta sacerdotes las practicaron para “curar” o “quitar” la homosexualidad.

Informes y estudios a nivel internacional avalados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) documentan que las prácticas de “conversión” incluyen lobotomías, terapias de electro shock en el cerebro y otras partes del cuerpo, quemaduras en la piel, aislamiento, encadenamiento, palizas, privación de alimento y hasta exorcismos.

“Este tipo de actividades generan lesiones físicas, pero más allá de eso queda la huella negativa a nivel emocional y psicológico, dejan una herida afectiva al sentir el rechazo y desprecio de la sociedad”, detalla Rivero quien ha tenido que lidiar con padres de familia que buscan su apoyo para “enderezar” a sus hijos.

“Lamentablemente, es muy frecuente que los padres acudan con psicólogos y terapeutas asegurando que sus hijos tienen ‘un problema’ porque les gustan los niños”, señala Rivero. “Te pido que lo cures”, claman los papás y es ahí donde entra la labor de los expertos para enseñar que la homosexualidad no es una enfermedad, ni tiene cura”.

El padre de Andrés, un paciente, llegó a decirle que su hijo era gay por moda. “Después se le pasará, si no se deja influenciar, si lo alejamos de las malas compañías porque antes los jotitos no se podían agarrar de la mano, ni besarse, ahora nadie les dice nada y por eso creen que están haciendo lo correcto”, reprochaba. 

El terapeuta Rivero destaca la importancia de hablar mucho con la familia para darles información o empujarlas a que la busquen porque ahora hay mucha información sobre el tema. 

Gracias a ella, logró hacer entender al padre de Andrés que no es que ahora haya más homosexuales si no que ahora hay apertura para expresar sus preferencias sexuales e identificación de género.  “No es lo mismo ser homosexual en 2020, que en los noventa”, afirma. 

En busca de herramientas legales

Este tipo de prácticas, llamadas Ecosig  (Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género) o “terapias de conversión”, cada vez son menos frecuentes y pierden fuerza, ya que son violatorias de los derechos humanos de la comunidad LGBTQ+.

Entre 2020 y 2021 las entidades que las prohibieron fueron la Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Colima, Zacatecas, Yucatán y Baja California Sur 

Para que esta política se convierta en nacional, el 11 de octubre, el pleno del Senado aprobó prohibir también las terapias de reorientación sexual. Con 69 votos a favor y dos en contra, se dio luz verde al dictamen que prohíbe realizar, impartir, aplicar, obligar o financiar este tipo de “tratamientos” o terapias.

Además, se busca sancionar cualquier tipo de servicios o prácticas quirúrgicas o de otra índole con el objeto de obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar, anular o suprimir la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona.

Se sancionará con prisión, de dos a seis años, y una multa de 192,000 pesos (alrededor de 20,000 dólares), a quien realice, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento como los Ecosig.

La sanción aumentaría al doble cuando las conductas  se realicen en contra de menores de 18 años, personas adultas mayores o personas con alguna discapacidad. También aumentarán cuando la persona autora tenga una relación doméstica, laboral, médica o docente o cualquier otra que implique una subordinación con la víctima.

El dictamen fue presentado desde 2018 por las senadoras Citlalli Hernández, de Morena; Alejandra Lagunes Soto, del PVEM, y Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano. En 2019 lo aprobó la Comisión de Justicia y lo mantuvieron en la congeladora. 

Tuvieron que pasar dos años, para que la legislación se destrabara. Ahora será turnado a la Cámara de Diputados para su discusión y votación. 

La prohibición de estas prácticas en todo el mundo ha sido una lucha de años de la Organización de las Naciones Unidas por considerar que no solamente es ineficaz para cambiar a los gays a la heterosexualidad sino que es “extremadamente dañina” y deja cicatrices en la mente y el cuerpo de las personas. 

Diversas organizaciones LGBTQ+ denuncian que en México alrededor de cuatro de cada 10 miembros de esa comunidad sobrevivieron a una terapia de conversión, además de enfrentar el rechazo social.

En el caso de Carmen, ahora lo más importante para ella fue rehacer su familia. Al salir del clóset, encontró personas que pertenecen a la comunidad y logró crear una red de apoyo que comprendía lo que sentía. Con sus amigas y vivió su transición. 

Su primer brasier se lo prestaron otras mujeres transgénero y cuando se vio al espejo, supo quién era realmente. Su familia la enterró en vida, pero tuvo familiares por elección. 

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