Las incongruencias de un sistema político ante la justicia

En un país donde decidimos  mantener el sueldo de un funcionario acusado por delitos federales como soborno, fraude y conspiración;  o  donde un juez de Michigan retira los cargos criminales del exgobernador relacionado con la crisis de agua de Flint de 2014 —situación que mató a decenas y envenenó a miles de residentes de la ciudad, la mayoría afroamericana—, quieren que un concejal renuncie por un comentario desafortunado, calificado de racista,  y del cual ya ofreció disculpas una y otra vez.

Es importante mencionar que el funcionario al que nos referimos es latino y lidera el Distrito 14, una de las áreas más representativas de este grupo, pero lo acusan de “racista” cuando en su historial político en Los Ángeles y en Sacramento su actuar dice otra cosa. Sí, él ha votado a favor de innumerables proyectos que apoyan a todos los grupos, pero con un gran enfoque en las minorías, incluyendo a los afroamericanos.

Para nadie es sorpresa que el concejal Kevin de León ha apoyado en sus carreras políticas  a la vicepresidenta Kamala Harris, al concejal Curren D. Price, al senador Isadore Hall y al asambleísta Reggie Jones-Sawyer, por mencionar algunos, todos ellos representantes de la comunidad afroamericana.

Pero ahora un grupo de activistas, la gran mayoría que no viven en el Distrito 14, quieren que De León renuncie, incluyendo algunos de sus colegas. Y digo algunos, porque no todos están de acuerdo con el trato que se le ha dado en torno a los comentarios, pero no dicen nada por miedo a ser tachados de apoyar a un racista. Son los mismos que votaron para restaurarle el sueldo al concejal que ha sido acusado por cometer hasta 20 delitos federales.

Claro que no ha sido encontrado culpable dicho concejal, pero si las autoridades lo acusan de 20 cargos, dudo mucho que sea porque se les ocurrió un día acusarlo; por otro lado, sabemos que en este país un buen y muy caro bufete de abogados hace milagros y la persona acusada con evidencias claras nunca pisará la cárcel, mientras que una persona que no es culpable sí lo hará.

Entonces no lo entiendo: un concejal que hizo un comentario racista —que no se justifica y es por supuesto condenable—, pero que no mató, no robó ni defraudó económicamente a nadie, y que además ya se disculpó, se le pide que renuncie; mientras que a otro concejal que ha sido acusado con cargos federales por traicionar la confianza pública, recibir sobornos y redirigir sumas millonarias de dinero, le restauran su salario y le pagamos sus abogados. No lo entiendo.

Y lo entiendo menos cuando leo que un  juez retira los cargos criminales a un exgobernador (blanco) de Michigan, a pesar de que su actuar o no actuar produjeron muertos y miles de enfermos, la gran mayoría personas de color.

Pero a este líder latino que con sus hechos ha demostrado que no es racista, piden que renuncie y hasta parece que se ha soltado toda una campaña de opinólogos y algunas organizaciones para obligarlo a retirarse del cargo, mientras que sobre el otro concejal que ha sido acusado de fraude, no escucho nada.

Qué pasa con la ley en esta ciudad, estado o gran país que en muchas ocasiones nos olvidamos de la justica y le damos más fuerza a los argumentos desafortunados que a violaciones graves que verdaderamente han afectado a los residentes, ya sea directa o indirectamente y, en algunos casos, sus votantes pagaron hasta con la vida.

Incluso, llegamos al grado de ser intolerantes al no aceptar una disculpa a un error de esa naturaleza, un error que cualquier persona, independientemente de sus antecedentes, educación, grupo social o étnico, ha cometido, que ha dicho ese tipo de cosas, pero en privado.  

No quiero excusar los comentarios de Kevin de León, pero como latino, inmigrante y con 30 años trabajando en Los Ángeles, encuentro inexcusable una petición de renuncia o manifestaciones que únicamente argumentan una conversación con un chiste desafortunado, sin ni siquiera considerar el trabajo de De León como servidor público.

Lejos de defender a alguien o algo, lo que busco es que tengamos más congruencia en nuestras leyes, en nuestro nivel de justicia y al mismo tiempo podamos ser consecuentes con situaciones que verdaderamente no merecen todo el peso de culpabilidad como se exponen. Sin embargo, sí representan los intereses de alguien que utiliza esta situación por cuestiones políticas y no porque verdaderamente le interese la justicia; si así fuera, la misma campaña para que renuncie Kevin de León se estaría haciendo contra el concejal acusado de fraude.

Pero aquí hay gato encerrado, y hay que ver a quién está beneficiando toda esta situación para saber quién está moviendo los hilos, incluso desde la ilegal escucha de una conversación telefónica privada.

(*) Agustín Durán es editor de Metro del periódico La Opinión en Los Ángeles.