Organizaciones de la frontera piden a Biden terminar con Título 42

Hace días que Martín, de Michoacán, visita por las mañanas las inmediaciones de la garita peatonal El Chaparral en Tijuana en busca de información para cruzar la frontera para pedir asilo.

“Es que dijeron que iban a quitar el Título 42 y luego que siempre no; yo he venido porque así como hacen cambios tan rápido, en una de esas tengo oportunidad de presentar mi caso”, dijo.

La guerra entre carteles ya lo dejó sin un hermano y un primo, “yo me vine para acá antes de que me dijeran que tenía que acompañarlos” para pelear por alguno de los carteles en enfrentamientos.

Ante la imposibilidad de pedir asilo, trató de cruzar por las montañas de Otay, pero agentes fronterizos lo detuvieron y lo regresaron por El Chaparral unos 45 minutos más tarde.

La experiencia de Martín, quien se confiesa temeroso en Tijuana, es, con algunas variantes, la misma que han vivido unos dos millones de migrantes, incluidas familias enteras, de acuerdo con un cálculo de la Unión Americana de Libertades Civiles (Aclu).

Los migrantes que huyen, principalmente de la violencia, son impedidos de pedir asilo y expulsados casi inmediatamente a territorio mexicano desde que el gobierno de Donald Trump impuso la medida Título 42 en marzo del 2020 y luego la continuó la administración del presidente Joe Biden.

Según esa medida, los agentes fronterizos impiden que las personas pidan asilo y las expulsan para prevenir contagios de Covid 19, pero en la frontera las restricciones por la pandemia solo aplican a solicitantes de asilo, no a los turistas, consumidores que cruzan a hacer compras, ni a decena de miles que viven a un lado y trabajan en el otro.

Un juez federal dispuso en noviembre que en realidad la medida ya no tenía por qué continuar y dio de plazo el pasado miércoles 21 de diciembre para que concluyera.

La administración Biden accedió a cumplir con esa orden del juez pero el martes, horas antes de terminar Título 42, el presidente de la Suprema Corte, el magistrado John Roberts, dispuso que la medida continuara hasta nueva orden.

Ahora varias organizaciones de los dos lados de la frontera que coinciden en la ausencia de justificación como medida preventiva de salud para Título 42 han advertido a la administración Biden que el derecho al asilo, además de constitucional, es compromiso internacional.

Nicole Ramos, la directora en la frontera de la organización de apoyo legal a migrantes Al Otro Lado, presentó varias críticas.

“Mientras nuestros líderes mienten sobre un gobierno de Estados Unidos campeón de los derechos humanos que se adhiere al ‘estado de derecho’, lo que realmente quieren es un mundo de muros y alambre de púas, donde miles de seres humanos que habrían sobrevivido, terminan muertos en la puerta de nuestro país”, dijo Ramos.

Advirtió que numerosos migrantes en la frontera son víctimas del crimen “mientras inventamos excusas para una frontera cerrada, negando a las personas que buscan refugio el derecho a acceder al único proceso legal disponible para salvar sus vidas”.

Norma Chávez Peterson, la directora ejecutiva en la frontera de California para la ACLU, la mayor organización civil legal en el país, recordó a la administración Biden que “solicitar asilo es un derecho humano, y no podemos seguir dando la espalda a las personas que buscan protección frente a la violencia y la persecución”.

Pidió reconocer que “cada día que se permite que continúe esta política inhumana de Título 42, la vidas de las personas están en peligro. Ahora más que nunca, el gobierno federal debe dedicar rápidamente los recursos necesarios para permitir que las personas ejerzan el derecho a buscar protección en Estados Unidos con dignidad y respeto”.

Las organizaciones también han cuestionado que la administración Biden aplique Título 42 a modo.

Durante la primavera, por ejemplo, la administración Biden permitió que ingresaran por la garita de San Ysidro en la frontera de San Diego unos 118,000 migrantes ucranianos sin obstaculizar a uno solo de ellos con Título 42. Los ucranianos pasaban incluso cerca de albergues llenos de migrantes latinoamericanos.

“Es imperativo que la administración Biden respete nuestras obligaciones en materia de los derechos humanos para brindar acceso al asilo a las personas perseguidas en sus países de origen. El acceso al asilo es parte de los tratados internacionales de los que Estados Unidos es parte y, más fundamentalmente, es un deber sagrado de proteger la vida humana”, dijo Andrea Guerrero.

La directora ejecutiva de Alianza San Diego advirtió que “ir en contra de nuestras obligaciones sagradas ahora abriría la puerta para que otras administraciones y otros países hicieran lo mismo, desmantelando las protecciones internacionales que las naciones del mundo trabajaron tan duro para establecer después de la Segunda Guerra Mundial”.

También Pedro Ríos, el director del Comité de Servicios de los Amigos Americanos, dijo que “la promesa de asilo es un derecho consagrado en la ley federal y los acuerdos internacionales con la intención de responder a la tiranía y la desesperación que obliga a miles de personas a huir de sus países de origen”.

Pero dijo que “Estados Unidos socava esa promesa cada día que el Título 42 sigue vigente, y pone en peligro la vida de quienes buscan refugio”.