Piden que se despida a los policías de las escuelas del distrito angelino

Una coalición de padres de familia, estudiantes y educadores demandó que el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) despida sus policías, a quienes acusó de basarse en retorica racista en perjuicio de alumnos de color.

El distrito podría usar el presupuesto que gasta en policías para contratar enfermeras permanentes, trabajadores sociales, consejeros y psiquiatras de tiempo completo, demandó la Coalición LAUSD Libre de Policía al entregar su reporte anual.

“Sabemos que la policía escolar es trauma para muchos estudiantes de muchas comunidades”, declaró en conferencia el asesor de políticas de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en el sur de California, Amir Whitaker.

Declaró que como abogado ha “representado a estudiantes que han sido arrestados por discutir por la comida escolar, o por otros asuntos menores, y el arresto los criminaliza y cambia el resto de sus vidas, les cambia toda la trayectoria de su vida”.

El reporte anual de la coalición dice que “la presencia de la policía escolar ha sido consistentemente vinculada a criminalización y encarcelamiento de jóvenes”.

Identifica a la vigilancia policiaca en las escuelas como “hostil, que someten a los jóvenes negros y morenos a arrestos, acoso y agresión por parte de la policía”.

Presentó como ejemplo que “en LAUSD los jóvenes negros representan solo el ocho por ciento de la población estudiantil, pero representan el 25 por ciento de los arrestos, citaciones y suspensiones”.

El reporte concluye que, como círculo vicioso, “la vigilancia en las escuelas es una práctica contraproducente que perpetúa la desigualdad y crea barreras contra el bienestar y el éxito de estudiantes negros y morenos. Y tales barreras conducen a mayores tasas de encarcelamiento y generar desigualdades económicas como la inseguridad alimentaria y la falta de vivienda”.

La coalición ha revisado el desempeño de la policía de escuelas en Los Ángeles desde el 2007, y reconoce que ha habido algunas mejoras, pero considera que en lo general perjudica a los estudiantes afroamericanos y latinos.

En la conferencia participaron representantes de todos los sectores vinculados con el distrito escolar angelino.

Una madre de familia dijo que el distrito escolar debiera reconocer como esencial la importancia de los padres de familia en la formación educativa de los estudiantes, pero dijo sentirse excluida porque “el distrito entiende que tenemos poder, y no quiere compartir el poder”.

Agregó que “los padres negros y morenos deben ser invitados” a la toma de decisiones educativas de sus hijos, pues “solo con la participación de los padres de familia veremos un cambio en la política (educativa) y nos podremos asegurar que nuestros hijos son educados correctamente”.

La representante del séptimo distrito en la Junta Escolar Unificada de Los Ángeles, Tanya Ortiz Franklin, se presentó a la conferencia de prensa aunque no estaba incluida entre los oradores.

Ortiz Franklin dijo luego de presenciar la conferencia que “ya hemos escuchado las voces que más importan, a nuestros jóvenes, a nuestras familias, a nuestros educadores y a nuestros socios de organizaciones comunitarias; ahora es momento de que la junta (escolar) escuche: sabemos que nuestros estudiantes necesitan cuidado, no ser vigilados”.

El superintendente escolar de Los Ángeles, Alberto Carvalho, respondió mediante un comunicado de prensa.

Dijo que “es imperativo discutir el papel de la policía escolar y otras entidades en la comunidad del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles”.

“Esta es una conversación de Los Ángeles. Debemos asegurarnos de que todos los espacios que ocupan los estudiantes sean seguros. Eso significa que las calles por las que caminan son caminos seguros, los parques en los que juegan nuestros estudiantes están libres de drogas y opioides y los vecindarios en los que viven nuestros estudiantes son seguros y protegidos”, dijo Carvalho.

La posición del superintendente es distinta a la de la coalición, que presentó cinco recomendaciones en su reporte anual.

En resumen la coalición quiere que el distrito escolar sustituya policías por personal más relacionado con la educación y apoyo estudiantil; además, que las escuelas se apoyen en las familias, padres de estudiantes y en las comunidades locales; que las escuelas compartan el poder de decisión con los maestros, padres y comunidades.

También solicitaron que los programas sean educativos e integrales y que a cada estudiante se le considere como un todo, incluido el entorno en que vive, y las escuelas reconozcan que para brindar seguridad a los alumnos, deben tener programas en “sintonía cultural” con los estudiantes.

La sintonía se refiere a que los planes de estudios deben ser relevantes para los estudiantes morenos y negros, que la presencia de esos estudiantes debe estar en todos los niveles, pero también que se entrene a los profesores en una “pedagogía culturalmente relevante”, y que las escuelas se asocien con organizaciones sociales de las comunidades de color.