Editorial: Soluciones migratorias en el país de origen
Apoyamos la iniciativa de la vicepresidenta Harris y el Partnership for Central America, como una correcta interpretación de la realidad al sur de nuestra frontera y una importante propuesta que dará frutos en los próximos años
Vicepresidenta Kamala Harris Crédito: Sean Rayford | Getty Images
Ayer el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes inició audiencias sobre la labor del secretario de Seguridad Interna Alejandro Mayorkas. El fin declarado de James Comer, su presidente, es el juicio político (impeachment) a este funcionario, encargado de la seguridad en nuestras fronteras.
Su crítica se basa en la crisis en la frontera, con números crecientes de intentos de cruces ilegales y de pedidos legales de asilo por parte de miles de refugiados.
Recientemente, a México, El Salvador, Guatemala y Honduras como las principales fuentes de olas migratorias se le agregaron Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití.
El nivel de encuentros de agentes fronterizos con inmigrantes que tratan de cruzar es el más alto en dos décadas.
La administración anterior, por rechazar toda concesión de reforma migratoria, adoptó la política de tolerancia cero, con la separación de familias y el secuestro de miles de menores, a tiempo que estableció el programa Quédate en México para quienes esperan audiencias migratorias y el uso del Título 42, que permite rechazar a migrantes bajo la excusa del COVID-19. Desde marzo de 2020 llevó a 2.5 millones de expulsiones.
La actual, anunció el mes pasado 30,000 visas migratorias para quienes las soliciten desde estos últimos cuatro países.
Y el mes pasado, Biden se reunió en México con su presidente Andrés Manuel López Obrador precisamente para entre otros puntos coordinar la respuesta a la ola de inmigración irregular.
Hay mucho para criticar en la política actual, desde la continuación de Título 42, el rechazo a solicitantes de asilo, el incumplimiento de promesas de campaña de desmantelar las políticas de Trump, la creciente inversión en la militarización de la frontera, el continuo limbo en el que se encuentran los Dreamers y otros grupos y la ausencia de la reforma migratoria.
Pero los republicanos no buscan soluciones. Su afán es entorpecer, con audiencias públicas, intentos de juicio político, demandas judiciales y presión pública, cualquier esfuerzo del gobierno, y pretender que las familias migrantes son un ejército invasor.
Así, le niegan crédito a la labor liderada desde mayo de 2021 por la vicepresidenta Kamala Harris junto con la organización público-privada Partnership for Central America (PCA), liderada por Jonathan Fantini-Porter, y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), de atacar las raíces de la inmigración – inseguridad alimentaria, inestabilidad política, violencia, carencia de oportunidades económicas, además de las secuelas del COVID-19 y la destrucción causada por los huracanes Eta y Iota- en los países mismos mediante inversiones en proyectos para su desarrollo.
Este lunes, Harris anunció una inversión de 950 millones de dólares para El Salvador, Guatemala y Honduras, que se agregarán a los 4,200 millones de empresas estadounidenses. El plan es crear allí un millón de puestos de trabajo para 2032.
Se equivocan quienes lo critican como “truco político” y alegan que es un intento de distraer la atención de la situación fronteriza. Es una seria iniciativa, que apoyamos como una correcta interpretación de la realidad al sur de nuestra frontera y una importante propuesta que dará frutos en los próximos años.
