Inician redadas contra vendedores ambulantes en El Monte

Un día después de que el concejo de la ciudad aprobara de forma unánime una ordenanza para prevenir incendios y tener calles seguras, la policía de esta ciudad arremetió contra cinco empleados de una taquería callejera en la esquina de Peck Road Sur y Magnolia.

La Opinión fue testigo de los hechos ocurridos a eso de las 5:00 de la tarde, cuando un numeroso grupo de policías y trabajadores de la ciudad y del Departamento de Salud del condado de Los Ángeles despojaron a los vendedores de toda la comida que habrían de preparar para sus ventas, se deshicieron de ella, de una plancha,  mesas, artículos para cocinar y una carpa.

Según la ordenanza, el protocolo explicado a La Opinión por la concejal Alma Puente, establecería un aviso de violación de los códigos de la ciudad, seguido de una multa entre los 100 y 300 dólares si los vendedores callejeros no cumplían con la ley, y finalmente la confiscación.

En el caso de ayer, a los vendedores que no contaban con un permiso de salubridad se les entregó una orden de decomiso. Supuestamente deberían haber retirado todo su equipo media hora después que arribaron las autoridades y no lo hicieron.

 “No nos dejan trabajar”, dijo uno de los taqueros. “No nos dijeron nada; solamente llegaron y nos dieron el papel de que se iban a llevar todo”.

La aplicación de la nueva ordenanza podría acabar con el trabajo de al menos 32 vendedores de comida.

Las enmiendas a las leyes locales otorgan autoridad de tal forma que, elementos del Departamento de Policía de El Monte estarían autorizados para hacer cumplir los códigos de incendios del condado en esta ciudad, tal como sucedió con los taqueros que ponían su negocio en la esquina de Peck Road Sur y Magnolia.

La alcaldesa Jessica Ancona, el vicealcalde Martin Herrera y los concejales Marisol Cortez, Victoria Martínez Muela, Alma Puente, Ricardo Rojo y Julia Ruedas votaron a favor de la medida.

En la mira tienen a por lo menos 32 vendedores de comida, quienes se instalan en las calles de la ciudad de mayor circulación de tráfico de vehículos y de personas: Ramona Boulevard, Peck Road, Garvey o Santa Anita Boulevard, entre otras.

El voto de los funcionarios del gobierno de El Monte modifica las leyes relacionadas con las obstrucciones del derecho de paso público y los riesgos de incendio.

La concejal Alma Puente dijo a La Opinión que ella recordaba dos incidentes de fuego desde el año 2020, cuando fue elegida.

“En un caso se quemó un árbol y en otro hubo fuego por una grada quemada”, declaró la funcionaria.

“Pero nuestra intención es la protección de la comunidad contra cualquier peligro de fuego y eliminar obstrucciones del paso en las aceras, especialmente de las personas discapacitadas y familias que caminan con sus niños y mascotas”, expresó en entrevista por la mañana.

La aplicación de las nuevas guías será ejecutada por agentes de cumplimiento de códigos, respaldados por el inspector de edificios, de servicios públicos o la policía, que consideran el “peligro de fuego” como uso ilegal de un equipo para cocinar o calentar comida, sin importar la fuente de energía o si crea una llama abierta.

Por obstrucción de las aceras, las autoridades de El Monte entienden el uso ilegal de cualquier artículo o equipo que bloquee o dificulte el libre movimiento de una persona, en cualquier calle, acera u otro espacio público. También incluye la “invasión” de una calle pública, camino, callejón o banqueta.

Según las autoridades de El Monte, las nuevas directrices refuerzan la capacidad de las autoridades para hacer cumplir las leyes de seguridad pública, además de abordar problemas de salud, seguridad y bienestar de la comunidad relacionada con los vendedores ambulantes sin permisos.

¿Su ordenanza está enfocada en los vendedores de tacos?, preguntó La Opinión a la concejal Puente, antes del incidente ocurrido por la tarde.

“No, en lo absoluto. Entiendo y no hago caso omiso que muchas de estas personas que hacen comercio serán afectadas, pero nuestra resolución está enfocada en la protección de la comunidad, en solucionar las obstrucciones en las aceras, mayormente para la gente discapacitada y que las familias que tienen niños y mascotas puedan caminar libremente, sin que haya peligro por el fuego”.

Se estima que en las aceras del condado de Los Ángeles hay unos 10,000 vendedores -incluyendo El Monte-, pero el Departamento de Salud solamente ha otorgado permisos a unos 200 para vender comida. El resto está sujeto a multas, y, en algunos casos, la confiscación de sus herramientas de trabajo.

Objetivos de la ordenanza:

• Orden de subsanar o eliminar el riesgo de incendio o la obstrucción.

• Emitir una advertencia o citación administrativa.

• Confiscar equipo que crea riesgo de incendio u obstrucción, si el individuo no resuelve o retira el artículo.

• Las personas tendrán la oportunidad de reclamar su equipo incautado dentro de los 60 días. 

• Después de 60 días, el equipo no reclamado se perderá o pasará a ser propiedad de la ciudad.