Editorial: el espectro de la deuda estudiantil
La condonación de la deuda estudiantil debe beneficiar realmente a las personas de bajos recursos, como consecuencia del COVID. Pero esto debe ser solo el principio para una reforma educativa profunda y verdadera.
Cancelación de la deuda estudiantil de Biden espera una respuesta de la Suprema Corte. Crédito: Paul Morigi | Getty Images
Cuarenta millones de estadounidenses acarrean por años el peso de la deuda por préstamos incurridos durante su educación terciaria. Entre todos, deben más de 1.7 billones (millones de millones) de dólares.
La deuda ha subido en 12 años en 60% a un promedio de $16,000 por prestatario.
La situación es peor entre los latinos, muchas veces provenientes de familias de bajos ingresos. Por la amortización negativa – acumulación de intereses, comisiones y gastos – uno de cada tres de ellos debe más que la cantidad original.
Al inicio de la pandemia del COVID, la administración federal ordenó una pausa en el pago de préstamos estudiantiles. Esta pausa vencerá el 30 de junio.
La condonación de los préstamos estudiantiles fue central en la campaña presidencial de Joe Biden y le acarreó un buen número de votos. Consecuentemente, su administración publicó el año pasado un plan ejecutivo para perdonar 10,000 dólares (un máximo de 20,000) por prestatario.
Este 10 de enero agregó una reforma los planes de pago basado en los ingresos (IDR). Quienes ganan menos de $30,600 o $62,400 al año si son familias de cuatro o más reducirán sus pagos en más de 80%.
Seis estados de gobernadores republicanos y organizaciones conservadoras apelaron a la Corte Suprema para decretar el plan inconstitucional.
En noviembre, este tribunal suspendió la implementación del plan hasta su decisión, deteniendo la aplicación del beneficio para 16 millones de prestatarios con solicitud aprobada.
Este martes 28 la Corte Suprema de Justicia inició su debate sobre la legalidad de la orden ejecutiva de condonar los préstamos estudiantiles. En su presente configuración conservadora, es probable que la declare inconstitucional.
Consideramos que condonar la deuda estudiantil a algunos no es la solución final. Crea una injusticia con quienes ya pagaron lo debido. Crea una expectativa innecesaria en futuros solicitantes. Da la impresión de favor electoral.
Los estudios universitarios en nuestro país son los segundos más caros del mundo, algo inaceptable para un país tan próspero y desarrollado. En los últimos 15 años, la matrícula ha subido en casi 50%, mucho más que el aumento de salarios. El financiamiento estatal bajó en 12%. Las variadas ayudas financieras cubren una cada vez menor proporción del costo, y su mera existencia parece un aliciente para subir los precios.
Es urgente encontrar alternativas para bajarlos.
Actualmente, las familias de bajos ingresos no pueden pagar el arancel universitario sin tomar préstamos onerosos.
Además, numerosas carreras populares no reditúan empleos al final de los estudios, deviniendo en una pérdida de tiempo para el estudiante, de recursos para los padres y sin beneficios para la sociedad, aunque existen carreras de dos años o menos que producen expertos en oficios requeridos, bien pagos y estables.
La condonación de la deuda estudiantil debe beneficiar realmente a las personas de bajos recursos, como consecuencia del COVID. Pero esto debe ser solo el principio para una reforma educativa profunda y verdadera.
