‘Esa aplicación simplemente no funciona’

La señora Adriana soportó hasta donde pudo el maltrato de su esposo, pero después de 16 años de recibir golpizas, amenazas de llevarse a sus tres hijos pequeños y de una paliza que la mandó al hospital, decidió huir en cuanto pudo.

Dice la señora que ella no supo cuándo, pero hace tiempo supo que su esposo estaba vinculado con el crimen organizado y con las autoridades tradicionales de su pueblo en el estado mexicano de Michoacán.
Una tarde, hace unos meses, cuando el marido pensaba que doña Adriana todavía estaba internada, la señora de 34 años de edad se las ingenió y salió de su pueblo con sus tres hijos con la intención de llegar a la frontera y solicitar asilo.

Sí llegó a la frontera, pero pasaron los meses y la señora simplemente no pudo conseguir la cita mediante la aplicación del Departamento de Seguridad (DHS) para personas que desean pedir asilo, la CBP One.
Mientras tanto, “mi esposo ya se enteró de donde ando; me da mucho miedo porque él anda con un grupo que también tiene gente aquí en Tijuana y me amenaza muy feo”, dijo la señora a La Opinión.

Doña Adriana con sus niños, otras dos familias de Michoacán y una más de Turquía llegaron el viernes hasta la entrada peatonal de la garita de San Diego en compañía de abogadas de migración que exigían que sus casos fueran escuchados en entrevistas con oficiales de asilo sin tener que concertar antes alguna cita.

“Esa aplicación simplemente no funciona”, dijo a La Opinión la codirectora de la organización legal Al Otro Lado, Nicole Ramos.

Las familias corren un alto riesgo pero no pueden solicitar que les escuchen sus razones para pedir asilo porque la aplicación sigue sin proporcionar cita.
El jueves CBP One se actualizó a una nueva versión en la que los solicitantes de asilo escanean su rostro, proporcionan sus datos personales y piden una cita; al mismo tiempo la aplicación ahora también registra las pruebas y evidencias de los hechos por los que las personas desean pedir asilo.

Pero para muchas familias ni la anterior ni la nueva versión ha funcionado para obtener cita en la que, en entrevista con un oficial federal, demuestren “miedo creíble”.

Las familias que llegaron a la garita “han tratado de usar la aplicación, pero no pueden usarla, porque la aplicación prácticamente no sirve”, dijo la abogada.

Le preguntamos si las familias migrantes podrían solicitar asilo en la garita sin hacer cita con la aplicación, y la abogada respondió que el mismo gobierno dijo que aceptaría peticiones, aunque recomendó usar la aplicación.

Las familias llegaron a las 11.30 de la mañana a la garita. Oficiales de CBP les dijeron que aguardaran a que se presentara un supervisor a la puerta, pero más de tres horas más tarde el supervisor seguía sin aparecer.

Las familias “tienen derecho a solicitar asilo en la garita bajo el Título 8, sección 1225”, dijo la abogada.
Sin embargo los oficiales “en los últimos dos días, los oficiales de CBP ignoran las peticiones de las familias que se han presentado, y usan a policías municipales de Tijuana para que obliguen a las familias a retirarse”, sin dejarles permanecer en las inmediaciones de la entrada peatonal, informó Ramos.
El año pasado la juez federal Chynthia Bashan de San Diego falló en favor de la organización Al Otro Lado en una demanda contra CBP y determinó que las familias que buscan asilo podían solicitarlo en las garitas, aun con Título 42 en vigor. Por tanto este viernes, “los oficiales de CBP actuaban en contra de la decisión de esa jueza”, dijo Ramos.
Sin la posibilidad de que la aplicación funcione para obtener cita para explicar su caso, y con el esposo que le sigue los pasos, una opción para la señora Adriana sería intentar cruzar la frontera por alguna región inhóspita, pero dijo que no quiere ni pensar en eso, por sus tres pequeños.

Además el secretario de Seguridad, Alejandro Mayorkas, advirtió que quien trate de ingresar de esa manera y sea detenido, perderá hasta por cinco años el derecho a solicitar asilo, y si vuelve a intentarlo y lo detienen de nuevo, puede ir a prisión por dos años.

Ante tales opciones, la abogada Ramos y su colega Blaine Bookey, del Centro de Estudios de Género y Refugio, de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Francisco, han decidido acompañar a las familias para que se presenten personalmente a la garita peatonal.

Este viernes no consiguieron que las familias fueran aceptadas, pero dijeron a La Opinión que seguirán sus intentos, antes de que sea demasiado tarde.