La policía pide ayuda para responder con mejores resultados a víctimas con problemas mentales

La intervención de la policía en las comunidades no siempre termina como ellos quisieran. Han tenido que usar la fuerza, -a veces excesiva- y han acabado con la vida de personas que sufren episodios de crisis de salud mental, aunque dicen que también sus vidas se han visto en peligro.

En la primera semana de este año, dos hombres fueron asesinados por agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) y un tercero –Takar Smith– también murió, víctima de una inicial descarga eléctrica con una pistola táser y numerosos disparos.

Shameka Smith, esposa de Takar, había solicitado ayuda a la policía de la estación Rampart porque el hombre no quería irse de su casa. Tenía una orden de restricción que estaba violando y sufría de una crisis de salud mental.

Smith utilizó una bicicleta como escudo cuando llegó la policía, luego empuñó un cuchillo y en menos de 15 segundos acabó siendo acribillado por la espalda.

Supuestamente, los policías no deberían haber entrado a la casa sin un trabajador de salud mental.

La prevención de este tipo de encuentros fatales con la policía y respuestas alternativas por parte de las autoridades de seguridad pública es lo que han venido desarrollando desde hace ocho años en la Escuela de Trabajo Social Suzzane Dworak-Peck de la Universidad del Sur de California (USC), en colaboración con estudiantes de maestría el trabajo social.

-¿Cuáles son los obstáculos más grandes que tienen para hacer este trabajo, considerando que la comunicad no confía en la policía?-, se le preguntó a la doctora Rosemary Álamo, profesora asociada de educación práctica en trabajo social.

“Es cierto, y en nuestra relación con la policía y agencias de seguridad pública fueron ellos quienes tomaron la iniciativa y dicen ‘necesitamos ayuda, no sabemos de salud mental y ayúdennos’. Ellos tocaron a la puerta y dijeron, queremos trabajar con ustedes”.

La catedrática de USC dijo a La Opinión que los policías y ellos quieren ayudar a la comunidad; saben que, como en cualquier profesión es necesario tener y ganarse la confianza de la comunidad.

“Nosotros no estamos para aplicar leyes, sino para proveer ayuda de salud mental, además de necesidades básicas de la comunidad; cuando hay un espacio y podemos intervenir, conducimos una investigación y una evaluación para poder ayudar”, dijo la experta.

Trabajo con agencias

Esta iniciativa es una asociación de capacitación y colaboración entre el trabajo social de USC y la seguridad pública, a través de las cual se brinda un enfoque multidisciplinario y holístico para servir a las poblaciones vulnerables a través del apoyo, educación, capacitación,  políticas y servicios a la comunidad, al mismo tiempo que ayuda a las fuerzas del orden público a abordar problemas sociales, fortalecer las relaciones y mejorar la participación y cooperación de la comunidad.

Por lo pronto, estudiantes de la Escuela de Trabajo Social Suzzane Dworak-Peck se encuentran ayudando personalmente en organizaciones no gubernamentales como Casa de la Familia, que ofrece servicios de salud mental para niños, jóvenes y adultos, en los condados de Los Ángeles, Riverside, San Bernardino y Orange.

Trabajadores sociales que están a la espera de lograr su maestría y que han sido colocados en los departamentos de policía del Chaffey Community College, Gardena, Santa Mónica, en la división Newton del LAPD, en LAPD-TRSG HOPE Team, un equipo que trabaja con las necesidades de la comunidad de personas en situación de calle, en la denominada Iniciativa de Trabajo Social y Seguridad Pública de la USC, y en el Departamento de Seguridad Pública de USC (DPS), ya brindan supervisión e implementación de capacitación y mejores prácticas a los policías.

“Si la gente tiene alguna situación donde hay necesidades que no tienen nada que ver con el sistema legal, puede acudir a nosotros”, dijo la doctora Rosemary Álamo, quien agregó que la gente tiene miedo de llamar, debido a sus experiencias del pasado. “En la comunidad se tiene la impresión de que la policía generalmente responde como una fuerza de choque que aplica la fuerza brutal, la violencia e incluso mata a las personas cuando solicita ayuda”.

La doctora Álamo agregó que “nosotros podemos ayudar a disminuir eso, y a influenciar de manera positiva, porque la enseñanza que ofrecemos a los policías funciona al combinarse con la participación de la comunidad en la manera de cómo distender situaciones conflictivas, donde ellos pueden usar técnicas y estrategias utilizando palabras claves y un tono especifico en el que se pueden comunicar con una persona”.

Seguir aprendiendo

Por su parte, Rick Ornelas, un exsargento de la policía escolar de Los Ángeles, quien posteriormente se graduó con una maestría de Trabajo Social en USC, valoró “todos los beneficios” que se pueden alcanzar con su nueva profesión trabajando con la policía.

“Aprendí que los trabajadores sociales tienen estrategias y condiciones que pueden servir en el trabajo de un policía”, dijo. “Cuando se enfrentan a situaciones con problemas de salud mental, con quienes sufren alguna crisis por el abuso de sustancias se puede utilizar la verbalización y des escalación para poder platicar con una persona”.

Como parte del equipo de USC, Ornelas asegura que ellos tratan primero de analizar lo que está ocurriendo en la vida de una persona: si perdió el trabajo, se murió algún familiar o tiene problemas con el sistema de justicia criminal.

“Primero tratamos de analizar cuáles son las condiciones del problema y descubrir porque está afectando el comportamiento de la persona”, dijo. “Muchas veces una persona viene de un vecindario donde hay bastante conflicto, los papás tienen dos o tres trabajos y no están presentes en el hogar; quizás, el hermano mayor de la familia se hace cargo de sus hermanitos, y nosotros tenemos que entender que con tanto estrés podría haber problemas, o hasta quizás hay drogas”.

Ornelas señaló que muchas de esas circunstancias son desconocidas por la policía; es entonces cuando un trabajador social se enfoca en lo que le está sucediendo a la persona, a la familia o en el vecindario, y, en su sistema de trabajo, ellos pueden respaldar el trabajo de las agencias del orden público.

“Por eso, ahí están nuestros estudiantes, trabajando con los agentes para apoyar a la comunidad y proporcionarles las conexiones y los recursos que necesitan cada vez que llamen a la policía”, indicó.

De hecho, en las áreas geográficas que cubren a través de la Escuela de Trabajo Social Suzzane Dworak-Peck de USC, encontraron que el 80% de llamadas que se hicieron a la policía se relacionaban con la necesidad de ser referidos a servicios sociales.

-Usted ha estado en los dos lados de la moneda, como policía y como trabajador social, ¿Cuáles considera que son los errores que más cometen los policías cuando responden a casos de crisis de salud mental en la ciudad y el condado de Los Ángeles?, cuestionó La Opinión.

“La policía está tratando de hacer lo que puede, con el entrenamiento que tienen, con el sistema que hay… La gente solo sabe llamar al 911 cuando necesita algo, y muchas de sus llamadas son de servicios sociales”, respondió.

“Yo no creo que ellos están cometiendo errores porque quieren. Lo que siento es que hay campo para más entrenamiento acerca de cómo se pueden comunicar perfectamente con una persona que quizás esté en una crisis, o con una persona que necesita ayuda mental”, agregó. “Creo que hay una brecha y, aunque reciben entrenamiento, yo digo que siempre hay oportunidad para seguir aprendiendo nuevas técnicas de intervención para comunicarse con las personas, a fin de que haya una resolución pacífica”.

La falta de confianza en la policía

Autoridades del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) han acudido a expertos de la Escuela de Trabajo Social Suzzane Dworak-Peck de USC que tienen la capacidad de entrenarlos y les ofrecen colaboración, con la esperanza de ayudar a las personas más necesitadas de la comunidad: las personas con enfermedades mentales, las víctimas de violencia, de violencia doméstica y jóvenes, entre quienes quieren ganarse su confianza.

“Entendemos que, a veces no nos tienen mucha confianza en algunas comunidades donde la policía no es bien vista”, reconoció el capitán II, Raúl Jovel, suboficial al mando de la División de Investigación de la Fuerza.  “Muchas personas vienen aquí [a Estados Unidos] y creen que hay mucha corrupción y cosas malas”.

Con ayuda de estudiantes de trabajo social de USC, ambas partes se han comprometido a ayudar gratuitamente a las personas -documentadas e indocumentadas- cuando tengan un caso que les requiera de ir a una corte.

“Son jóvenes que quieren ayudar a los más necesitados”, dijo. “Yo he trabajado con ellos, y lo hacen porque saben que son [personas que trabajan muy duro, que han pasado situaciones difíciles en su vida y no tienen a nadie más a quien recurrir; a veces no hablan de lo que les pasa por el miedo a un uniforme [de la policía]”.

Jovel, quien ha servido a la institución por más de 26 años, es quien examina los casos “grandes” del LAPD cuando un oficial usa la fuerza o su arma contra alguien que ha sufrido lesiones graves o muere.

-De seguro que usted ha de estar muy ocupado en su trabajo, ¿verdad?

“Hay muchos caos este año; hemos visto tantos caos de [uso de] fuerza excesiva este año, a comparación de 2022. No tengo las cifras oficiales, pero han superado en número a las del año pasado”.

Jovel argumenta que, entre muchas razones, en las filas del LAPD se notó un aumento de las armas en manos de las personas,  se incrementó la incidencia de problemas con enfermedades mentales, intoxicaciones por drogas sustancias y encuentros con personas desamparadas y la pandemia.

“Vimos a nuestros empleados que también fueron afectados por la pandemia; en las familias hubo problemas de ansiedad y depresión porque vivían muchas personas en una sola casa y estaban sufriendo de muchos problemas, incluyendo físicos y mentales”, dijo en entrevista con La Opinión.

“Recuerde que pasamos meses cuando la gente no salía a la calle, no iban a trabajar, los niños no iban a la escuela, los negocios estaban cerrados y no había eventos sociales”, aseveró. “Creo que todo eso afectó a las personas y a los desamparados porque hubo menos recursos y menos personas ayudándoles”.

Aunque el capitán no pudo proporcionar datos específicos del uso de fuerza en incidentes graves en el LAPD, un análisis del Departamento de Justicia de California asegura que, en aproximadamente el 12% (360) de 3,000 casos de uso de la fuerza que resultaron en lesiones, muerte o involucraron un arma de fuego, un 15% (un total de 54 personas) de los civiles involucrados tuvieron un comportamiento “errático”. Un 14% presentaron algún tipo de trastorno por consumo de alcohol, y, aproximadamente en 21% sufría de algún episodio psicótico por consumo de drogas.

El capitán del LAPD, destacó que, mediante la colaboración que tiene el departamento con la Escuela de Trabajo Social Suzzane Dworak-Peck de USC reconocen que “siempre vamos a necesitar la colaboración de la comunidad y de personas que nos ayuden a proveer los mejores servicios”.

“Queremos ayuda de las cortes y que hagan su trabajo con las personas que lastiman o victimizan a otras”, dijo. “Nosotros, como policías podemos solo hacer nuestro trabajo: arrestar a quienes cometen crímenes y llevarlos a la corte; pero lo que haga un juez [dejarlos en libertad pronto] no es nuestra jurisdicción”, expresó, en una velada crítica también al fiscal del condado, George Gascón, quien ha implementado reformas al sistema de justicia penal reduciendo los castigos más severos para los delincuentes.

-Pero ¿Qué dice sobre la desconfianza de las comunidades latina y afroamericana que hay sobre su trabajo? ¿Cómo van a ganar esa confianza que no tienen?

“Lo primero, es que tratamos de ser transparentes y enseñar que queremos hacer [las cosas] lo más correcto, porque tenemos leyes y políticas internas que seguimos para cuando, por ejemplo, un oficial usa su arma de fuego y lesiona a alguien”, expresó. “Hasta que no haya una decisión completa se investiga el caso, se lo reportamos al jefe (Michel Moore) y él a la Comisión de Policía; seguimos todas las reglas y cuando no se siguen, investigamos si hay un policía corrupto o si se hace algo mal, se previene…”.

Entre 2011 y 2015, más de una tercera parte de las personas (14 de un total de 38) que fueron balaceadas mortalmente por la policía de Los ángeles habían mostrado señales de sufrir de algún tipo de problemas mentales. Y, casi una cuarta parte de los casi 1,900 casos de uso de fuerza menos serios -como el uso de una pistola Laser o escopetas con bolsas de frijoles, involucraron a un oficial que creía que alguien estaba mentalmente enfermo.

Sin embargo, de las 38 personas fallecidas, 22 eran hispanos o latinos, -la cifra más alta- y ocho eran afroamericanos, cinco anglos y dos asiáticos de las Islas del Pacifico.

¿En cuántos casos donde se haya utilizado el uso de la fuerza letal, algún oficial del LAPD tuvo que pagar por la muerte de alguien con cárcel?

“Gracias a Dios en este departamento tenemos muchos controles, pero se han visto casos en otros estados (Mineápolis, Minnesota) como George Floyd, donde (los policías) fueron encarcelados; en esta ciudad ha habido pocos casos…recuerdo a un oficial del Este de Los Ángeles [Frank Hernández] que le pegó a un sujeto que no estaba armado, fue arrestado y juzgado. Su caso todavía está en la corte”.