La justicia mexicana, en la mira del presidente 

CIUDAD DE MÉXICO- El presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene una confrontación con el poder judicial  —casi desde el principio de su administración— que se ha agudizado conforme ha avanzado su periodo de gobierno y que tiene como última manzana de la discordia ciertos proyectos de infraestructura, como el Tren Maya y otros.

El mandatario mexicano impulsó en el congreso una ley para que las obras prioritarias de su gobierno fueran declaradas de “interés público y seguridad nacional”. El legislativo, con mayoría de su partido Morena, lo respaldó y, en respuesta, los opositores llevaron el tema a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que ésta decidiera.

Y en las últimas horas, ésta votó en contra del presidente.

En represalia, el presidente arremetió contra los ministros, dijo que México “ya perdió a la corte” porque a su juicio está “al servicio de la oligarquía” y consideró que esta decisión no tuvo como base el análisis de la ley, sino que fue para  molestar a su gobierno. 

El principal argumento de quienes se opusieron a que las obras se consideraran de seguridad prevaleció en la máxima corte y en pocas palabras pretendía evitar que se ocultaran detalles de las costos, ejecuciones y otros detalles que pudieran ocultar actos de corrupción. 

El ministro Arturo Zaldívar, quien votó a favor de la postura de López Obrador dijo que era falso que la información pública quedara reservada “por el solo hecho de que se calificara de interés público o de seguridad nacional” porque cualquier reserva debe justificarse “caso por caso” observando los plazos y prohibiciones de reserva previstas en las leyes de transparencia.

Como sea, la votación de la SCJN echó para abajo las intenciones del presidente, igual que tiró su Plan B para la Reforma Electoral en el que pretendía acotar las funciones del Instituto Nacional Electoral (INE). 

El analista político Nicolás Loza, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, observó que “la molestia del presidente tienen muchos aspectos, pero, el eje de todo su enojo es que él privilegia los resultados y desprecia los procedimientos: piensa que puede haber resultados virtuosos con procedimientos defectuosos. En resumen: que el fin justifica los medios”. 

En 2021, el mandatario mexicano la agarró en contra del juez de distrito en materia administrativa Juan Pablo Gómez Fierro después de que éste concedió la suspensión provisional, luego definitiva, a las empresas que presentaron amparos contra la Reforma Eléctrica, prioridad del Ejecutivo. 

Tras la suspensión de la reforma eléctrica, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó al Consejo de la Judicatura Federal, el organismo encargado de velar por el buen comportamiento de los jueces, que fuera a investigar a Gómez Fierro.

La petición sorprendió a muchos y hasta el ministro Arturo Zaldívar, quien regularmente ha sido su aliado, dijo que tomaría nota de la petición, pero subrayó la importancia de la “autonomía” del Poder Judicial.

En tiempos más recientes, AMLO insinuó que la ministra presidente Norma Piña (quien fue electa para dirigir la corte después de que su candidata favorita Jasmín Esquivel fue acusada de plagio) tenía algo que ver con una “ola de decisiones a favor de presuntos delincuentes” por parte del poder judicial. Previamente había dicho que el poder judicial “está podrido”.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito de México rechazó “enérgicamente” la acusaciones y alertó que estaban provocando un “discurso de odio”.

En un comunicado de prensa, la institución alertó sobre una publicación en redes sociales que circulaba con una foto de Piña, asociada a las palabras “el problema”, junto a la imagen de una bala y el texto “la solución”.

Se desconoce el autor, pero el gremio de jueces y magistrados exigió a las autoridades una investigación profesional para dar con los responsables del mensaje. 

Otros blancos

Las críticas al poder judicial han tenido también causas más allá del bloqueo a los propios proyectos del presidente. 

Entre ellas, la decisión de un juez del estado de Guerrero que ordenó la liberación del narcotraficante Héctor “El Güero” Palma porque el delito que lo mantenía preso en Sinaloa ya había prescrito. O la condena que un juez dictó a Roxana Ruíz, una víctima de violación.

El mandatario criticó la sentencia y reveló que estudia la posibilidad de utilizar un indulto.

“Vamos a buscar la manera de ayudar a la joven. La justificación del juez tremenda porque `pudo haber aminorando la fuerza´ y `fue un exceso de legitima defensa´”, dijo el presidente.

En las últimas horas, en una conferencia de prensa volvió a criticar a la ministra Piña por contratar como parte de su equipo a Sonia Vargas, acusada de firmar documentos para beneficiar a empresas del ex secretario de seguridad pública Genaro García Luna, a quien una corte de EEUU declaró culpable de alianzas con el cártel de Sinaloa.

“Lo que pasa en la política mexicana y, peor aún en el gobierno, es que se acusa, pero después no pasa nada: ni se prueba ni se da un seguimiento judicial ni mucho menos hay sentencias”, advierte José Antonio Mendoza, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Otro asunto, advierte, es que los jueces en su mayoría no cuentan con mecanismos de protección eficientes y, dadas las condiciones de seguridad, quedan expuestos a intimidaciones y riesgos de integridad física tanto para su persona como para su familia. 

“Esta es una condición con la que se tiene que trabajar inmediatamente porque es la causa de la impunidad casi total que hay en México y que también tiene que ver con el ministerio público: hay que recordar que el juez hace su trabajo con los elementos que le proporcionan: no puede declarar culpabilidad o inocencia si no hay elementos”.

El politólogo Loza, de Flacso, detalla que la confrontación tiene que ver también con el hecho de que los Estados modernos tienen más posibilidades de control y pide muchos requisitos a los gobernantes para que no haya abusos y eso no siempre gusta porque hace que las promesas políticas sean más lentas. “Y al presidente solo le quedan dos años”.

Sigue leyendo:
• AMLO anuncia que sostendrá videollamada con Joe Biden sobre migración, fentanilo y cooperación económica
• AMLO pide al Congreso de Estados Unidos investigar ‘hackeo’ al Ejército mexicano
• AMLO envía carta a Joe Biden donde denuncia que EE.UU. financia a organismos opositores a su gobierno