Ya es hora de que el FBI mejore el rastreo de supremacistas blancos (de cualquier raza) y su violencia

Uno de los aspectos más curiosos del perfil que están teniendo los grupos y adherentes supremacistas blancos y neonazis en nuestro país es la presencia de personas latinas como seguidores y líderes. Las razones que motivan a personas latinas y no blancas a participar en actos violentos racistas varían muchísimo según el caso, pero una incógnita más apremiante es qué desafíos plantea esta diversidad racial de supremacistas para el gobierno en su lucha contra el terrorismo interno.

Mauricio Garcia, que el pasado mayo disparó y mató a ocho personas, la mayoría de procedencia latina y asiática, en un centro comercial de Allen, Texas, es mexicano-estadounidense. Enrique Tarrio, exlíder del grupo de extrema derecha Proud Boys que este año fue condenado por el delito de conspiración sediciosa por su actuación en la insurrección del 6 de enero, es de procedencia afrocubana.

¿Puede que se pasen por alto posibles autores de tiroteos masivos porque no se ajustan al perfil de supremacista blanco que buscan las fuerzas del orden público?

¿Está creciendo la cantidad de supremacistas blancos de procedencia latina?

¿Qué debe hacer el gobierno para combatir la violencia racista con más eficacia?

En primer lugar, el gobierno podría empezar por recopilar mejores datos y por rastrear los actos de violencia para responder a estas y otras preguntas. Hay una ley federal promulgada en 2019 que exige al FBI y al Departamento de Seguridad Nacional recopilar y notificar datos sobre ataques terroristas internos, pero ninguno de los dos organismos lo están cumpliendo. Como consecuencia, no sabemos con certeza a cuántas personas matan los grupos supremacistas blancos cada año.

El FBI argumenta que resulta difícil obtener estadísticas sobre el terrorismo interno, en parte, porque no hay ninguna ley que obligue a las fuerzas de seguridad locales y estatales a reportarlas. Pero Michael German, investigador fellow del Brennan Center for Justice, que se infiltró en grupos supremacistas blancos en la década de los 90 como agente encubierto del FBI, señala que un organismo que opera cientos de fuerzas de tareas conjuntas antiterroristas y emplea a miles de investigadores tiene la capacidad propia de catalogar este tipo de incidentes.

“El Departamento de Justicia y el FBI deben recopilar datos sobre los actos de violencia supremacista blanca bajo todas sus categorías de investigación —terrorismo interno, delitos de odio, violaciones a los derechos civiles, delitos violentos y de pandillas—, para que podamos comprender mejor la magnitud del problema”, señala German, también abogado.

“Luego, debería evaluarse el programa del FBI contra el terrorismo interno para garantizar que se destinen recursos de investigación para las amenazas más peligrosas y persistentes”.

Y, por supuesto, debemos reformar las leyes sobre portación de armas para evitar que estas armas lleguen a manos de personas racistas peligrosas para el público. Es la facilidad de adquirir armas, y no el racismo, lo que caracteriza este tipo de violencia que ahora tememos que surja en cualquier momento y en cualquier lugar.

Los supremacistas blancos se benefician bastante de su asociación con personas latinas y no blancas. Les ayuda a suavizar su imagen pública, porque les da la apariencia de inclusivos. Les ayuda a ganar más apoyo del público y reclutar a más gente en un país multirracial.

El crecimiento de la población latina implica que también crecerá la minoría de personas latinas que se sumen a la violencia. Un mejor seguimiento de la violencia por parte de nuestro gobierno podría producir otro beneficio: una mejor documentación de la participación de personas no blancas en el movimiento supremacista blanco violento, lo que ayudaría a diversas comunidades a tomar más medidas para identificar esta amenaza, que si bien es poco frecuente, es muy real y letal.

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