Florida pierde a empleados en la construcción y agricultura por ley SB 1718 contra inmigrantes

Las industrias agrícola y de la construcción en Florida son de las más afectadas por la entrada en vigor de la ley SB 1718, la cual comenzó a ser aplicada el 1 de julio pasado, pero cuyos impactos negativos iniciaron semanas antes.

Esas industrias tienen entre sus filas a un amplio número de inmigrantes indocumentados, quienes ahora temen trabajar y ser perseguidos, luego de la norma promulgada por el gobernador republicano Ron DeSantis.

Se estima que a nivel nacional un 70% de los trabajadores agrícolas son inmigrantes, además de que el 47% son personas sin papeles.

“Depender de un gran número de personas indocumentadas para impulsar una industria es una mala política tanto para los trabajadores como para los empleadores”, indica un reporte de Fwd.US. “Pero obligarlos a irse sería aún más devastador para nuestro suministro de alimentos y fundamentalmente injusto, dado lo que han contribuido”.

Se advierte que restringir a indocumentados del trabajo agrícola a nivel nacional implicaría afectar la producción entre $30,000 y $60,000 millones de dólares.

En Florida, se estima que entre el 37 y el 47% de los trabajadores agrícolas son indocumentados o lo eran hasta antes del 1 de julio. Eso es alrededor de 300,000 personas, según la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida.

“El empleado que quiere trabajar en la granja ya no está disponible. […] ¿Cómo vamos a manejar las granjas?”, dijo a WSJ Hitesh Kotecha, propietario de una instalación de envasado de productos agrícolas en el sur de Florida.

En la entidad se reporta la residencia de casi 800,000 indocumentados, de los cuales el 24% se dedican a la construcción; el 17% en áreas administrativas y servicios profesionales; mientras el 15% está en áreas de servicios de comida y entretenimiento, además de un 9% en tiendas, según datos de Migration Politcy Institute.

El WSJ reportó que algunas empresas de la construcción han perdido hasta el 50% de sus empleados, provocando retrasos.

La aplicación de E-Verify

La SB 1718 impone sanciones a los empleadores y perseguirá a inmigrantes que utilizan documentos falsos, para lo cual se exige también la aplicación del sistema E-Verify.

“La SB 1718 sanciona a los empleadores por no verificar la autorización de empleo y criminaliza a los no ciudadanos que usan documentos de identificación falsos para obtener trabajo”, recuerda la organización civil American for Immigration Justice.

Los empleadores obligados a utilizar el sistema de verificación laboral son aquellos con más de 25 trabajadores, aunque la norma no es retroactiva, es decir, si el dueño de una empresa ya aplicó E-Verify a sus empleados no tendrá que volver a hacerlo.

Las auditorías a las empresas iniciarán hasta el 1 de julio del 2024.

“La SB 1718 no autoriza a las fuerzas del orden público estatales a realizar auditorías de verificación de empleo sino hasta el 1 de julio de 2024“, acota American for Immigration Justice.

La ley también prohíbe las licencias de conducir que otros estados otorgan a inmigrantes indocumentados y las primeras entidades afectadas son Connecticut, Delaware, Hawai, Rhode Island y Vermont.

Otra prohibición es el transporte de inmigrantes indocumentados de otro estado a Florida, además exigir a los prestadores de servicios médicos cuestionar la situación migratoria de una persona.

Hay problemas que expertos de la Unión de Libertades Civiles (ACLU) destacan, como la falta de especificación sobre la aplicación de la SB 1718 y la definiciión de “inmigrante indocumentado.

Lo anterior genera dudas sobre si las personas con DACA o Estatus de Protección Temporal (TPS) serán afectadas.

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