Cientos mueren en encuentros con la patrulla fronteriza

Marisol Alcántara recuerda que viajaba en la parte trasera de un automóvil en las inmediaciones de Nogales, Arizona, cuando la patrulla fronteriza detuvo el vehículo, un agente se aproximó, y, sin mediar palabra, por la ventanilla abierta le disparó a la cabeza.

“Sentí como que algo me golpeó la cabeza, todo se me oscureció por completo”, dijo la inmigrante mexicana, “podía escuchar a mis compañeros decir que necesitaban ayuda porque estaba sangrando mucho. A los minutos pude ver, y me decían no te duermas, me preguntaban cómo me llamaba, cuántos años tenía”.

Minutos después llegó una ambulancia y la llevó a un hospital. “Allí me dijeron que tenía una bala en la cabeza, que me habían disparado en la cabeza. Así me enteré de lo que había pasado”.

Cuando se recuperó lo suficiente, la llevaron 22 días a un centro de detenciones y después la deportaron a México, donde los médicos le advirtieron que todavía tenía fragmentos de bala en a cabeza, “que estoy en riesgo de ataques epilépticos y parálisis facial. No encuentro trabajo porque se me olvidan las cosas y me mareo”, testificó doña Marisol.

Su abogado en San Diego, Eugene Iredale, interpuso una demanda con base en la Ley Federal de Reclamaciones de Agravio, pero, dos años después del incidente, el caso continúa en un tribunal federal sin que Marisol pueda rehacer su vida.

“No entiendo por qué me disparó, yo no hice nada”, exclamó.

Marisol es solo una “entre 40 millones de mexicanos inmigrantes y estadounidenses de origen mexicano que por ese origen viven en riesgo de sufrir por abuso en el uso de la fuerza de autoridades del orden”, advirtió la directora ejecutiva de Alianza San Diego, la abogada Andrea Guerrero.

Pero es una violencia que está lejos de impactar exclusivamente a las personas de origen mexicano.
“La violencia policial en Estados Unidos va en aumento y las víctimas a menudo incluyen personas de origen mexicano”, pero “cada año, más de un millón de personas son amenazadas o sujetas al uso de la fuerza por parte de las fuerzas policiacas; más de 250,000 resultan heridos, y más de 1,000 mueren”, dijo la abogada.

Campaña Empezar Con Dignidad
Como muchas de las víctimas de abuso de autoridad son mexicanas, las organizaciones Alianza San Diego y el Centro Mexicano para la Filantropía, A.C. (Cemefi) se unieron para lanzar la campaña Empezar Con Dignidad, que busca reunir un millón de firmas de respaldo a una petición al presidente Joe Biden y al congreso.

La petición busca que Estados Unidos cumpla sus compromisos en derechos humanos y que elabore leyes que limiten o prohíban el abuso de la fuerza de agencias del orden.

La idea de la campaña surgió al analizar estadísticas que indican que el año pasado, 2022, “fue el más mortífero” con relación a abusos de agentes estadounidenses del orden.

La campaña, busca, por tanto, “defender el compromiso que tiene Estados Unidos para proteger los derechos humanos para todos”.

“Sin leyes que protejan los derechos humanos, Estados Unidos continúa violando las obligaciones de los tratados internacionales y despoja a las personas de su dignidad “, dijo Guerrero.

La urgencia es al interior de Estados Unidos entre oficiales de todos los niveles, porque “las personas no pueden vivir con dignidad si no pueden confiar en las fuerzas del orden público para proteger sus derechos humanos”.

Por ahora, en promedio anual, unos 10 agentes locales y estatales son condenados por abusos en el uso de la fuerza, pero ningún agente fronterizo federal ha sido nunca condenado por quitarle a alguien la vida mientras estaba de servicio.

“En las comunidades fronterizas, la amenaza de violencia es aún mayor”, dijo Lilian Serrano, directora ejecutiva de la Coalición de Comunidades de la Frontera, una agrupación que representa a más de 200 comunidades en ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos.

Desde que la coalición comenzó a documentar abusos en la frontera en año 2010, “más de 270 personas han muerto en encuentros con agentes fronterizos; las víctimas incluyen a ciudadanos estadounidenses, residentes legales, migrantes y visitantes”.

“Nunca se ha responsabilizado a un agente fronterizo por ninguna de estas muertes. Los agentes fronterizos también dañan impunemente a miles de personas”, dijo Serrano.

La activista de San Diego habló del caso de la señora Marisol Alcántara. Cuando inicialmente preguntaron a los patrulleros fronterizos involucrados en ese incidente, dijeron que detuvieron el vehículo en que viajaba Marisol y a ella le dispararon a la cabeza porque el auto en que ella viajaba “falló en ceder el paso” a otro vehículo.