“A un paso de terminar con injusticias” en el sistema carcelario de California

El proyecto de ley 1306 busca que todos los prisioneros sean tratados por igual y que las personas que ya pagaron su condena, no sean doblemente castigadas con la deportación; solo falta la firma del gobernador

La asambleísta Wendy Carrillo es la autora de la medida AB 1306.

La asambleísta Wendy Carrillo es la autora de la medida AB 1306. Crédito: Cortesía de 18 Million Rising | Cortesía

Solo falta la firma del gobernador de California, Gavin Newsom, para que el proyecto de ley de la asamblea– AB 1306, Ley de Armonización de Nuestras Medidas para la Igualdad (HOME)–sea válido a través de los Estados Unidos.

La nueva medida fue escrita por Wendy Carrillo, asambleísta del distrito 52, quien dijo que estampar la firma y convertir la medida en ley sería una prueba para Newsom.

“La decisión de Newson va a demostrar si en verdad cree que el estado de California debería tener un sistema de justicia que trata a todas las personas con igualdad o si cree que los inmigrantes deberían ser tratados como individuos de segunda clase”, afirmó Carillo. 

De acuerdo a la asambleísta, la medida AB 1306, prohibiría que el Departamento de Correcciones y Rehabilitación (CSCR) colabore con el Control de Aduanas e Inmigración (ICE) a deportar a personas que ya cumplieron con sus condenas o que tengan libertad condicional. 

Según la medida, CSCR no podrá compartir información de un inmigrante que sale libre, ni podrá trasladar un a un prisionero con un agente de ICE.

Sandra Castañeda.
Crédito: Cortesía de KQED | Cortesía

La iniciativa HOME tampoco permitirá que CSCR facilite una solicitud de traslado de cualquier individuo que sea elegible para ser liberado conforme a ciertas disposiciones –que sea un ofensor juvenil, un anciano, o se encuentre en libertad condicional médica, entre otras disposiciones. 

Actualmente, “cualquier persona que está bajo libertad condicional y es inmigrante, corre el riesgo de ser detenida por ICE”, dijo Carrillo. “En vez de regresar a casa con sus familiares, serían recogidos por una camioneta privada de ICE y llevados a una prisión fuera del estado de California por un tiempo desconocido, para luego ser deportados”. 

La asambleísta explicó que estas sentencias de deportación no son declaradas por un juez ni por un jurado y subrayó que es una situación bastante dolorosa para la comunidad, especialmente para los individuos que ya cumplieron con su sentencia, saldaron cuentas con la sociedad y han sido puestos en libertad condicional. 

“Residentes permanentes, refugiados, personas con estado de protección temporal, todos corren el riesgo”, destacó Carrillo. “Esta situación ha creado un sistema dual de justicia en el estado de California que trata a los inmigrantes de manera distinta”. 

Incluso, la asambleísta subrayó que una solicitud de registros públicos por parte del Sindicato Libertades Civiles Americanas (ACLU) mostró que el personal de CDCR y ICE tienen conversaciones discriminatorias y de prejuicio hacia los Latinos.

“El ACLU tiene registros de mensajes vía correo electrónico donde el personal de CDCR les pregunta a ICE si personas latinas realmente son estadounidenses, simplemente por su nombre o acento”.  

La autora de la medida dijo que AB 1306 es un paso importante para terminar con las injusticias y para lograr que todos, sean ciudadanos o no, puedan ir a casa y reunirse con sus familias. 

Una de las personas que desafortunadamente vivió las injusticias del sistema judicial es Sandra Castañeda, una joven que fue condenada de asesinato en segunda mano en el 2002.

Según el periódico L.A. Times, en ese entonces Castañeda tenía 20 años y llevaba a unas amigas a Taco Bell en el Sur-Centro de Los Ángeles. Mientras conducía, un hombre disparó de la ventana de su camioneta, lo que mató a un adolescente. 

“La joven recibió una condena de 40 años a cadena de por vida, mientras que la persona que disparó nunca fue encontrada ni sentenciada”, dijo Carrillo. 

De acuerdo con el diario en inglés, después de 16 años, la legislatura estatal disminuyó la ley de homicidio grave y un juez permitió que Castañeda fuera puesta en libertad.

“Castañeda era residente permanente, pero también era inmigrante y había estado en los Estados Unidos desde que tenía 9 años”, dijo Carrillo. Al salir de prisión, los oficiales se encargaron de que fuera detenida por ICE y fue encarcelada por un año en un centro de deportación en Georgia. 

“El caso de Castañeda es muy triste porque ella ya había cumplido su condena en prisión. Hizo todo bien, se rehabilito, tomó clases, básicamente estaba lista para iniciar una vida nueva, y le paso esta injusticia”, dijo Carrillo. 

En una entrevista con el medio de radio, televisión y noticias, KQED, Castañeda recordó su experiencia al salir de prisión y ser arrestada por ICE.

La joven señalo que al salir de prisión ya estás lidiando con varias emociones al mismo tiempo porque iba de regreso a su hogar, con su familia, pero luego escuchó que siempre no, que no iba a regresar a su hogar porque iba a ser llevada con ICE y posiblemente deportada.

“Recuerdo estar en el centro de detención y pensar si me iban a deportar”, indicó. “También escuchaba que había gente que se suicidaba porque no querían ser deportadas”.

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