Se abre una segunda oportunidad para personas que fueron encarceladas en Los Ángeles

Compartir las mejores prácticas de Recursos Humanos y facilitar el acceso a trabajos bien remunerados es el enfoque que se está desarrollando en el Colegio de la Ciudad de Long Beach (LBCC), donde se ofrece un programa de educación universitaria para personas que estuvieron formalmente encarcelados.

Sara Rodríguez, actual administradora del Programa de Becarios de Justicia de LBCC para estudiantes que estuvieron encarcelados es, precisamente, una de las beneficiadas con una segunda oportunidad de progreso en la vida.

“En 2009 fue la última de las tres veces que estuve encarcelada”, dijo Rodríguez, a La Opinión. “De hecho, no soy la única que trabaja en el colegio”.

A ella le gusta organizar los paneles de discusión y análisis sobre las personas encarceladas, con dos tipos de personas: quienes no parecen que han estado en prisión y, tal vez, son juzgadas por tener tatuajes y que la sociedad esperaría que no hayan ido a la universidad, y, los estudiantes universitarios que pasaron algún tiempo de su vida detrás de las rejas.

Lo hace, a través de una serie de simposios denominados “Reimaginando el reingreso”, los cuales se centran en los problemas y desafíos que enfrentan en la comunidad las personas después de ser liberados de la cárcel o una prisión, y se les dificulta conseguir vivienda y empleo, principalmente.

“Para mí fue duro recibir la oportunidad que estaba buscando”, dijo Rodríguez. “Cuando sales, solo quieres un trabajo; ahora tengo una carrera y siento que pude recuperar la esperanza y la vida, a través de la educación superior”.

Pero, cuando comenzó la aventura, no sabía si toda su educación superior se traduciría en un trabajo.

Ella dudaba.

“¿Me contratarían, aunque tenga un delito grave en mi expediente?”, recordó.

Mónica tenía 28 años cuando comenzó la universidad y, de hecho, en 2021 se graduó en UCLA, gracias al programa que ahora administra y que ha ayudado a organizar a aquellos que estuvieron formalmente encarcelados, y que antes caminaban por la vida, prácticamente derrotados y con la cabeza hacia abajo.

El programa Fair Chance

Sin embargo, ahora comparten con orgullo sus aspiraciones y sus éxitos académicos, y lanzan el pedido de ayuda para rehacer sus vidas, apelando a aquellos que todavía no están dispuestos a brindarles una oportunidad, por culpa de su pasado.

Y, podrían lograrlo, gracias al programa de contratación “Oportunidad Justa” (Fair Chance) que impulsaron desde enero la supervisora del condado, Holly Mitchell, el ex estelar basquetbolista de los Lakers de Los Ángeles, Earvin “Magic” Johnson, Kelly LoBianco, del Departamento de Oportunidades Económicas y lideres empresariales comunitarios.

Se pretendía que unas 200 empresas locales se comprometieran con el sistema de contratación de ex reos, gracias a la asignación de fondos provenientes de la Ley Federal del Plan de Rescate Estadounidense.

En la actualidad, una vez que alguna persona es contratada, surge la pregunta sobre el historial criminal después que se ha hecho la oferta de trabajo, y posteriormente la verificación de antecedentes. En el proceso, casi por regla general le dan al candidato contratado, un periodo de cinco días para que presente esos documentos.

Como el tiempo es insuficiente, muchas personas son descalificadas del proceso de contratación. El proceso burocrático en la emisión de documentos avalados por un juez, la policía o una corte se retrasan demasiado.

A pesar de las trabas, Sara Rodríguez, como ejemplo de alguien que ha tenido éxito, ahora en el Programa de Becarios de Justicia de LBCC que administra, cuentan con abogados que están formalmente encarcelados, agentes inmobiliarios y trabajadores sociales como ella.

En los próximos años no solo van a obtener sus títulos, sino también maestrías universitarias.

“Vamos a ser candidatos competitivos en cualquier profesión, carrera y empleo real”, aseguró a La Opinión. “Esto apenas comienza. Todo esto es nuevo”.

De hecho, anualmente el sistema universitario de Cal State (CSU) gradúa con títulos de licenciatura y maestría a un promedio de 300 personas anteriormente encarceladas. Y, aunque estén privadas de su libertad, las personas ya reciben ayuda financiera dentro de las cárceles, de tal manera que, al salir, no solo tendrán en sus manos un título o una licenciatura, sino la oportunidad de tener la esperanza de éxito profesional.

Los programas ODR

Mónica Paraja Domínguez, administradora de la oficina de Recursos Humanos, aseguró que en la Oficina de Desvío y Reingreso (ODR)  en el condado de Los Ángeles, el porcentaje de las personas que reinciden en la comisión de delitos, después de haber sido liberados “han mejorado”.

“Nos está yendo mejor en términos de la población de reingreso al obtener empleo, [porque hemos cambiado nuestro enfoque hacia aquellos que caen bajo la iniciativa Fair Chance o que prohíben la caja”, expresó Paraja.

La prohibición de la caja se refiere al recuadro ya eliminado que había en las solicitudes de trabajo, donde el candidato a un puesto de trabajo debía anotar si había sido convicto de algún delito criminal, lo cual les descartaba de inmediato para obtener un empleo.

Los programas ODR sirven para reducir la población de reclusos en la cárcel del condado de Los Ángeles que tienen trastornos de salud mental o abuso de sustancias. La ODR saca a las personas de la cárcel a través de diversas intervenciones judiciales o mediante programas previos a un arresto, o antes de que sean fichados. Después, dicha oficina proporciona vivienda comunitaria, atención de salud física, mental y gestión de casos.

Datos generales de los Servicios de Salud del condado de Los Ángeles indican que, entre las 9,653 personas puestas en libertad, un total de 3,001 son atendidos en la actualidad por la oficina ODR: (1,123 son afroamericanos, 1, 040 son blancos, y 886 son hispanos). Los delitos menores y graves cometidos van desde asalto sexual, asesinato, robo, violencia doméstica y amenazas de muerte; además, posesión, compra y venta de drogas, fraude, armas o violación de la libertad condicional.

El negocio de las prisiones

Cynthia Blake., coordinadora de extensión en la Red de Académicos en Ascenso en Cypress College informó que la universidad y ella trabajan con la Coalición contra la Reincidencia, donde han descubierto las mejores prácticas para que las personas sean contratadas en un trabajo cuando salen del sistema penitenciario de California.

Para ella, encontrar la oportunidad de regenerar su vida para siempre fue más complicada. No tenía historia ni experiencia laboral, antes de ser encarcelada.

“Lo que hice fue intentarlo”, dijo a La Opinión. “Cerré esa brecha desde el momento en que estuve encarcelada y dejé que los delitos desaparecieran”.

Entonces, comenzó a ir a la escuela.

Pero ese hecho no le daba la experiencia laboral que necesitaba. Así que aprendió a crear una red de gente y a crear una relación con sus profesores.

Su vida cambio para siempre

Por eso Blake ayuda ahora a que otros tengan las herramientas de éxito en la vida que ella buscó.

Por eso, guía a otros que van a la universidad , que, quizás, no entienden en lenguaje financiero ni cómo funciona esa ayuda porque estuvieron en la cárcel.

Al 18 de enero de 2023, el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR) era responsable del encarcelamiento de 95,600 personas: 91,300 hombres y 3,900 mujeres, y 400 personas no binarias.

La mayoría de esas personas están recluidas en alguna de las 32 prisiones que son administradas y son propiedad del estado: 29 para hombres, 2 para mujeres y una prisión que alberga a hombres y mujeres en instalaciones separadas: la prisión estatal de Folsom.

De esas prisiones, 23 fueron construidas, y 21 comenzaron a operar desde 1985, cuando el número de prisioneros alcanzaba las 129,000 personas, de acuerdo con un informe de marzo de 2017 de la Oficina del Analista Legislativo de California. La gran mayoría de los reclusos eran afroamericanos y latinos.

A Blake se le preguntó ¿es un gran negocio encarcelar a la gente?

“Sí. Es un gran negocio”, aseveró. “Están hablando de cerrar las cárceles, pero cuando entras a ellas todavía están llenas. Los ves sentados allí, son personas de color…, y uno se pregunta ¿Qué clase de injusticia es esta? ¿Qué diablos está pasando? Ah, y la falta de educación también. Eso te da a entender porque en ciertas áreas hay especialmente demasiada pobreza”.

Según la misma oficina del Analista Legislativo, CalMatters, cada prisionero le cuesta a California $116,000 anuales.

Cubrir vacantes de empleo

Fred Verdugo, subdirector del Departamento de Recursos Humanos de la ciudad de Long Beach, informó a La Opinión que ellos pretenden ser socios en el proceso de contratación de trabajadores del Programa de Becarios de Justicia del LBCC.

“La ciudad [Long Beach] necesita trabajadores y para cubrir nuestras vacantes, tenemos la oportunidad de emplear a personas que forman parte del grupo de reingreso [carcelario]”, dijo. “Queremos ayudar a la comunidad de reingreso a encontrar empleo”.

Verdugo especificó que las autoridades no analizan los antecedentes penales de nadie, hasta que se hace una oferta formal de trabajo, y, luego, la ciudad realiza un análisis de vida de la persona y es a él, a quien finalmente le entregan un informe de la persona, donde evalúa la relación laboral con el empleo que se solicita.

“No nos fijamos en la gravedad de un delito, ni el momento ni cómo sucedió algo”, expresó. “Realmente no buscamos descalificar a nadie, sino en llenar una vacante de trabajó en la ciudad de Long Beach”.

Destacó que, en los últimos cuatro años, probablemente han contratado a unas 4,500 personas, de las cuales 17 eran personas que habían sido encarceladas, pero no respondieron a cartas enviadas por el Departamento de Recursos Humanos de la ciudad.

Además, de operadores de basura, la ciudad de Long Beach tiene vacantes en puestos administrativos, clasificados y no clasificados.

“Tradicionalmente, las comunidades de color han sido el mayor número de las que han sido afectadas, y ahora con alternativas al encarcelamiento, poder acudir a las iniciativas y los procesos de revisión secundaria”, indicó Paraja Domínguez. “A más miembros de nuestra comunidad de reingreso se les ofrecen puestos y oportunidades de empleo remunerado”.