El crimen organizado convierte a muchas comunidades en pueblos fantasmas
La crisis de desplazamiento interno por violencia en México sigue en aumento y se centra en los estados, según datos presentados por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
Durante el primer semestre de 2022, se contabilizaron 15 eventos de desplazamiento y 1,439 personas desplazadas.
MÉXICO- Los ven llegar con armas que, “obviamente”, son más nuevas que sus viejas escopetas guardadas en el ropero. Vestidos de negro y encapuchados caminan hacia los surcos o cerca de los comales donde se hacen tortillas; entran a los corrales donde crían gallinas o cerdos y se ensañan con los dueños, que a veces no tienen más que el maíz en la troje.
No importa que sean niños siete años o ancianos de 80; que solo tengan unas cuantas vacas o que sean respetados profesores de primaria, muchachos de escuela, mujeres de rosario en la iglesia…
Los secuestran, torturan, asesinan, abandonan sus cuerpos en los caminos de terracería o entre los cultivos del campo mexicano porque la mayoría de los ataques y el control de territorio que liberan las organizaciones criminales desde hace más de una década se centra en la provincia mexicana: en poblados de menos de 10,000 habitantes o de apenas unos 300.
Quieren el control de nuevas rutas para el tráfico de droga, de indocumentados; buscan saquear el poco dinero que hay, obligar a hombres a trabajar para ellos, utilizar a las mujeres como objeto sexual o para trata y así han dejado sin habitantes a cientos de pueblos en México, según concluyó Octavio Mojarro, investigador del Colegio de México en su tesis de posgrado La despoblación rural de México.
Y testimonios de sobrevivientes: “¡Ay, hijo! ¡Están aquí!, dijo doña Aura desde El Durazno, Zacatecas a su muchacho que emigró para estudiar en la Cuidad de México. “¿Qué hago?”
“No sé mamá… ¡No te muevas!
No se movió. Aquella noche del fin de año pasado ella tuvo suerte y no se metieron a su casa en la comunidad de El Durazno, Zacatecas. Otra suerte aguardaba a tres muchachos que murieron durante un ataque con granadas. Peor les fue a otras chicas desaparecidas y a los campesinos que dependían de sus camionetas para transportar sus cosechas y se las quitaron.
En realidad, nadie más tuvo buena racha en El Durazno porque presuntos miembros de un cartel se ensañaron con la población de poco menos de 500 habitantes como represalia por un operativo realizado un mes atrás, en el que fueron detenidos 16 de sus integrantes a manos de la Guardia Nacional.
Hubo fuegos cruzados, varios muertos. Los sobrevivientes pasaron por el templo de San José para llevarse la imagen del santo patrono y resguardarlo temporalmente en otra parroquia cercana al lugar y no volvieron más, solo unos cuantos, los más viejos y arraigados como Aura.
“No hay forma de sacarla”, reconoce su hijo en entrevista con este diario. “Dice que prefiere morir a que se la lleven a un lugar que no conoce, no le gusta la ciudad, quiere estar en el campo como muchos que no pueden tomar la misma decisión porque tienen hijos pequeños o más que perder”.
La crisis de desplazamiento interno por violencia en México sigue en aumento y se centra en los estados, según datos presentados por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
Durante el primer semestre de 2022, se contabilizaron 15 eventos de desplazamiento y 1,439 personas desplazadas. Entre enero y junio de 2023, se registraron 26 eventos masivos de esta índole en ocho estados del país: Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.
Esto significa que, durante este año, los sucesos aumentaron 73.3%, mientras que las personas desplazadas crecieron 435.8%, en comparación con el mismo periodo del año anterior.
En total, al menos 7,710 personas fueron afectadas por estos desplazamientos debido a la violencia. Esto es en promedio un evento por semana y 43 personas desplazadas al día.
Raíces
La organización criminal fundada por ex miembros del Ejército (Los Zetas) fue la primera en incluir a la población civil como blanco de sus negocios en Tamaulipas y los estados vecinos.
En 2015 fueron sorprendidos pobladores de Acayucan, Minatitlán, Coatzacoalcos, Cosoleacaque y Nanchital, Jáltipan de Morelos, en la región del norte veracruzano. De pronto apareció muerto con signos de tortura un profesor de primaria, secuestraron a un niño de siete años, desaparecieron a la hija de un vendedor de quesos y a una doctora.
Ese cambio en la actitud de las organizaciones criminales fue rápidamente replicado en todo el país por otros cárteles y células locales. Así inició la extinción de pequeñas localidades, según un estudio del Consejo Estatal de Población (Coespo).
En la Tierra Caliente del estado, el municipio de Aguililla, por ejemplo, pasó de 172 localidades en 2010 a 133 en 2020. También hay desaparición de localidades en Arteaga, que pasó de 380 a 333 en 10 años, y en el mismo periodo contabilizó 1,485 habitantes menos.
Escaparon de las extorsiones de La Familia junto con gente de Tiquicheo, Panindícuaro, Villamar, Ecuandureo, San Lucas, Penjamillo, Chinicuila, Tzitzio, Numarán, Jungapeo, Epitacio Huerta y Carácuaro.
En Valparaíso, Coahuila, se documentó que en 2021 las comunidades serranas que colindan con Jalisco, Durango y Nayarit fueron rodeadas por grupos armados que incursionaron violentamente.
En El Romerillo del Sur, una de las 213 comunidades valparaisenses, agarraron a dos campesinos y a golpes los obligaron a señalar las casas donde había camionetas y se las empezaron a robar; a otra familia la obligaron a cocinarles tortillas con queso y frijoles y cuando estaban llenos se llevaron al marido que todavía sigue desaparecido.
Nuevo León, aunque industrial y uno de los polos de atracción de inversión del país, tiene reportes de organizaciones sociales por haber dejado solos a la gente del campo y actualmente son catalogados como regiones “abandonadas” varias comunidades de los municipios de Doctor González, Cerralvo, Treviño, Agualeguas, China, Doctor Coss, Los Herrera, Villaldama, Parás, Los Aldama, Higueras, Marín y Melchor Ocampo.
Al otro extremo del país, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) documentó el desplazamiento de más de 16,000 indígenas en Chiapas derivado de la espiral de violencia por la disputa territorial de grupos armados “bajo el auspicio y observancia de los gobiernos municipal, estatal y federal”.
Hasta el momento no hay una cifra oficial sobre el número de poblaciones que pasaron a ser los pueblos fantasmas como sí hay número de desplazados, que en su mayoría vivían de siembras y ganadería y hoy se les mira mendigar por un plato de comida en las ciudades o por asilo en Estados Unidos.
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